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¿300.000 euros dilapidados por Gérald Darmanin para «medir el coste» de los servicios públicos?

Una revelación sobre el uso del dinero público en momento en particular, mientras el ministro de Economía, Bruno Le Maire, multiplica las alertas sobre la situación presupuestaria de Francia, que estaría «al euro más cercano». Según información publicada porEl mundoel 29 de septiembre, Gérald Darmanin supuestamente, en 2019 -cuando ocupaba el cargo de Ministro de Acción y Cuentas Públicas- encargó un informe para evaluar la pertinencia de enviar al pueblo francés una factura ficticia cada año por el coste de los servicios públicos de los que se benefician . Dicho informe habría quedado entonces sepultado, a pesar de una factura -muy real ésta- de casi 300.000 euros presentada por la consultora estadounidense Accenture, que se hizo cargo de este prospectivo trabajo.

Según informa el diario, la idea de Gérald Darmanin habría germinado a raíz del hartazgo fiscal expresado durante el movimiento de los chalecos amarillos, no solo en la calle y en las rotondas, sino también en los cuadernos de agravios de los “gran debate nacional” lanzado por Emmanuel Macron en su momento, tras las rebajas fiscales concedidas a los más ricos al inicio del quinquenio. El futuro Ministro del Interior se manifestó entonces en contra de nuevas rebajas de impuestos y anunció al parisino, en febrero de 2019, su deseo de presentar a los franceses una «simulación personalizada» del «coste real de los servicios públicos», para que «todo el mundo sea consciente de cómo se utilizan sus impuestos». En su opinión, el enfoque era facilitar el consentimiento fiscal.

Después de la validación de este proyecto, Gérald Darmanin confió según El mundo el expediente a la Dirección Interministerial de Transformación Pública (DITP), con el fin de calcular los costes concretos para el Estado de una escuela, un viaje en tren o incluso un museo. La iniciativa parece haber sido percibida como «una mala idea», según el testimonio de un ex agente de la DITP, quien habría lanzado la siguiente advertencia: «Si calculamos el costo de cada servicio público, la gente va a por ejemplo a darse cuenta de que el Estado pone más dinero en los cursos preparatorios parisinos que en las universidades.

«Inmersiones» no concluyentes en contacto con los franceses.

Sin embargo, los funcionarios llevaron a cabo pero, «por falta de medios y habilidades internas», el DITP se habría visto obligado a subcontratar el experimento a consultores privados, en este caso a la firma estadounidense Accenture. Los consultores, después de haber calculado, por ejemplo, el costo de un año de escolarización para un estudiante universitario en las Ardenas, habrían organizado «inmersiones» en contacto con el público para probar la reacción de los franceses ante estas cifras. Estos últimos habrían sido mixtos por decir lo menos, algunos evocando un «despilfarro» o creyendo que «se está engañando al Estado para que pague tanto en relación al servicio [rendu]».

Después de tres meses de trabajo, los consultores de Accenture y DITP habrían concluido que la generalización de la propuesta de Gérald Darmanin no permitiría mejorar el consentimiento fiscal, y que incluso podría resultar «políticamente sensible». Por lo tanto, se habrían ceñido a algunas recomendaciones, incluido el rediseño del sitio ¿Para qué sirven mis impuestos?, creado en 2018 con el mismo objetivo. “Pero estas sugerencias quedarán esencialmente en letra muerta, y la misión será discretamente enterrada”, según el diario, que precisa que no logró obtener reacciones de Gérald Darmanin sobre el tema.

El caso revive la memoria de las vivas polémicas que han jalonado la campaña presidencial en torno al uso exponencial del Estado a las consultoras privadas. Las considerables cantidades pagadas a McKinsey, Accenture, Boston Consulting Group o incluso a Capgemini habían sido señaladas por una comisión de investigación del Senado en marzo, en un informe explosivo que describía un «fenómeno en expansión», mientras que el gobierno había tratado de justificar una «habitual y útil» recurso a estos expertos privados. Según el informe del Senado, la firma Accenture también se había encargado, junto a la controvertida firma McKinsey, de evaluar la estrategia nacional de salud 2018-2022. «Establecido inicialmente en 484.320 euros, el costo de esta misión finalmente alcanzó los 1,2 millones de euros», señaló la comisión entre muchos otros ejemplos de desvíos de costos.

Un texto que «enmarca la intervención de las consultoras privadas en las políticas públicas» está en la agenda del Senado los días 18 y 19 de octubre, mientras que el Tribunal de Cuentas también ha anunciado que examinará el recurso del Estado ante estos órganos. Por otra parte, informes Le Figarola misión de investigación sobre estas entidades privadas anunciada a principios de julio por el rebelde Eric Coquerel -presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional- no debería lanzarse hasta más tarde para evaluar el efecto de las reformas, habiendo criticado los senadores un enfoque que habría duplicado su propio trabajo.