Al filo de la medianoche del Viernes Santo, un policía con un martillo de «comba» destrozó la puerta de la casa de la presidenta Dina Boluarte, como parte del allanamiento ordenado por la fiscalía y aprobado por el juez supremo. Juan Carlos Cheley por señalar que bloqueó la acción de la justicia al no asistir a los interrogatorios y responder sobre sus relojes de alta gama cuando formaba parte de una investigación por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.
«No tiene precedentes que se allane la residencia de una presidencia en ejercicio. En el caso del expresidente (Pedro) Castillo no fue para localizar algo que preocupara al presidente», afirmó el historiador y analista político. joseph dager al tiempo que agregó que “la actitud de la Fiscalía es desproporcionada porque el presidente personifica a la nación”.
La crisis comenzó cuando el medio digital ‘La encerrona’ publicó que la presidenta Dina Boluarte llevaba un reloj de alta gama marca Rolex y que no lo había declarado como parte de su patrimonio. Con el paso de los días se supo que tenía tres relojes Rolex, una pulsera Cartier de 58.000 dólares y joyas por valor de 450.000 euros, según una investigación del diario ‘La República’.
«Es lamentable que la crisis contra Boluarte haya sido generada por el rolex y la presunción de enriquecimiento ilícito, pero no por las casi 50 muertes durante las protestas. La coalición de gobierno y los partidos en el Congreso lo van a defender hasta el final. Sólo las elecciones anticipadas pondrán fin a la crisis”, concluyó Dager.
«Ruptura de la institucionalidad»
«Lo que están haciendo es politizar y mostrar que se ha politizado la justicia en un hecho sin precedentes que está atacando las instituciones democráticas, las instituciones de la Presidencia y, sobre todo, evidenciando el quiebre del sistema democrático y de la constitucionalidad», afirmó. este sábado el Ministro de Justicia de Perú, Eduardo Arana.
«Es grave el ruido político que se está haciendo, que afecta las inversiones y a todo el país. «Lo ocurrido en las últimas horas son acciones desproporcionadas e inconstitucionales», afirmó el primer ministro Gustavo Adrianzén al referirse al allanamiento a la casa del presidente donde se encontraban más de 20 policías y 20 fiscales.
Adrianzén, declaró en la puerta de Palacio de Gobierno acompañado de los ministros y el abogado del presidente, Mateo Castañeday señaló que “no existe ningún tipo de responsabilidad por parte del presidente por la presunta comisión de los delitos que se investigan”.
«Los ministros expresan su solidaridad con el presidente y rechazan enérgicamente estas acciones políticas desestabilizadoras, que se esconden en disposiciones jurisdiccionales cuestionables y reafirman la politización de la justicia», afirmó Adrianzén.
«El presidente y el gabinete están decididos a seguir trabajando por la reactivación económica y la seguridad. Esa es la prioridad. «Nadie ha pensado en dimitir por esta acción desproporcionada», concluyó.
etapa convulsiva
En declaraciones a ABC, el expresidente del Gobierno, Pedro Cateriano, destacó que el comportamiento de Boluarte ha provocado la reacción de la fiscalía: «Es legal, sin precedentes y es tremendo desde el punto de vista de las instituciones democráticas porque el presidente personifica a la nación».
«Estamos viviendo la etapa más convulsa de nuestra historia republicana con numerosos presidentes y una altísima rotación de ministros nunca antes vista que ha generado una tremenda inestabilidad política», afirmó Cateriano, al tiempo que indicó que el presidente Boluarte, cuando inició su gobierno, se comprometió a adelantar elecciones. generales y no cumplieron su palabra.
«Valoramos que la tarea de fiscalización y lucha contra la corrupción sea realizada por la Fiscalía y el Poder Judicial. El Parlamento ha tomado medidas inaceptables y encubierto actos criminales cometidos por congresistas que todavía forman parte del Parlamento. Y en respuesta, el Congreso ha lanzado una campaña contra periodistas y medios de comunicación notorios. El resultado de la crisis es un pronóstico reservado”, concluyó Cateriano.
Desde 2016, ningún presidente en Perú ha terminado su mandato de cinco años, lo que ha provocado la caída de la economía, el aumento de la migración de jóvenes y la decepción de los peruanos por la democracia que ha visto pasar a seis presidentes en medio de la crisis. . que conspiran con la destitución de los jefes de Estado.