La incertidumbre en torno a la renovación del acuerdo con Muface afecta a todo tipo de funcionarios. El grupo más numeroso son los profesores de escuelas y universidades públicas (dos de cada tres mutualistas), pero también incluye a policías nacionales, inspectores de educación… y el grupo más poderoso de servidores públicos: los que pertenecen a los cuerpos superiores de la sociedad civil. administración del Estado: inspectores de Trabajo y Hacienda, así como abogados y auditores del Estado. Este grupo de altos cargos ha denunciado «la profunda ideologización» del debate sobre el futuro de este tipo de acuerdos sanitarios, que permiten a 1,5 millones de empleados públicos y familias elegir cada año si quieren educación y aseguran que, si el modelo Si se elimina, el tiempo de espera en las listas de espera de salud pública “se va a duplicar”.
La Federación Española de Asociaciones de los Órganos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) intenta desde octubre concertar una reunión con el ministro de Función Pública, Óscar López, para trasladarle su profunda preocupación por el hecho de que las tres compañías de Seguros que hasta ahora prestaban el servicio a las mutuales de Muface -Adeslas, Asisa y DKV- han decidido no participar en el nuevo concurso. Desde la entidad, que ha organizado una rueda de prensa para trasladar su preocupación, consideran que no tiene sentido que el Gobierno se plantee ahora acabar con este modelo de colaboración público-privada.
Ana Ercoreca, presidenta de Fedeca e inspectora de trabajo, denuncia una forma de actuar “con este grado de improvisación, manteniendo en vilo a un millón y medio de personas, que no saben a qué médico podrán acudir el año que viene”. También recuerda que hay muchos servidores públicos que tienen salarios muy limitados y que «tendrían que dedicar más del 10% de su salario para poder contratar un seguro médico privado, si terminara el concierto de Muface».
Según cálculos de la organización, el hecho de que casi un millón de personas fueran trasladadas repentinamente a la sanidad pública provocaría que “las listas de espera para consultas pasaran de los 121 días actuales a superar los 227 días”, después de tres años en los que llevaban logró estabilizarse, según Ana de la Herrán, inspectora de Hacienda.
Uno de los temas que más críticas ha generado dentro del grupo de funcionarios de la categoría A1, la más alta de la administración pública, es el informe hecho público por el Ministerio de Salud, donde se dice que es “viable y razonable” que Los mutualistas de Muface tendrán atención médica exclusivamente a través del Sistema Nacional de Salud. De la Herrán considera que “hay mucha demagogia en relación a este asunto, y con el informe de Sanidad se ha visto que hay una notable ausencia de argumentos jurídicos y económicos para trasladar funcionarios a la salud pública”.
En medio de tanto ruido, el ministro Óscar López –recientemente nombrado secretario general de la Federación Socialista de Madrid– sigue transmitiendo tranquilidad y asegurando que el acuerdo saldrá adelante. López explicó en una entrevista en Televisión Española que el Gobierno «está preparando una segunda licitación» y que, en cualquier caso, el Estado tiene las herramientas para forzar una prórroga forzosa del concierto hasta octubre de 2025.
Mario Garcés, interventor y interventor estatal, cree que al final “prevalecerá la cordura” y que “Óscar López será práctico y no apretará más la cuerda, más aún teniendo en cuenta sus nuevas responsabilidades”. En su opinión, Muface ha demostrado ser un sistema que ha funcionado muy bien en los últimos 50 años, un modelo que permite «atender a más de un millón de personas en asistencia sanitaria concertada con un coste para el Estado sensiblemente inferior al que tendría en salud pública”, por lo que “no tendría sentido económico ni político ponerle fin”. En su opinión, si la situación se ha vuelto tan enconada es sólo porque “el Ministerio de Sanidad (controlado por Sumar) ha querido establecer una política”. perfil contra el PSOE y lo han ideologizado este problema”.
El nerviosismo dentro del grupo de funcionarios públicos es evidente. El miércoles, profesores, policías y funcionarios penitenciarios están llamados a movilizarse, en una alianza sin precedentes de varios grupos de empleados públicos. Piden al Gobierno que se comprometa con el modelo, lo que tendría que traducirse en una mejora de las primas que pagan a las aseguradoras, superando el incremento del 17%, que resultó insuficiente para atraerlas. También se quejan de las compañías aseguradoras, por utilizarlos “como rehenes” en sus negociaciones con el Servicio Público.
El sindicato mayoritario de funcionarios, Csif, ha convocado en solitario manifestaciones y concentraciones y ha presentado hoy una queja formal ante el Defensor del Pueblo por los problemas que vive el mutualismo administrativo.
