Begoña Gómez acusa al juez de atender “especulaciones interesadas” en el caso

La defensa de Begoña Gómez ha vuelto a pedir al magistrado Juan Carlos Peinado que reconsidere las resoluciones dictadas la semana pasada en las que pedía documentación a la entidad promotora de la cátedra, la Universidad Complutense de Madrid, y citaba como testigo a la responsable de Recursos Humanos del Instituto de Empresa. Considera que las actuaciones son impertinentes y guiadas por “especulación interesada”.

“Si los hechos que parecen objeto de investigación ya han sido descartados por la Audiencia Provincial (superior jerárquica del Juzgado de Instrucción) y por los dos informes de la UCO de la Guardia Civil (cuya objetividad es incuestionable), No es posible tomar la declaración testifical acordada ni solicitar la documentación “lo cual es exigible, diligencias que nada tienen que ver con el objeto de este procedimiento, pues no hacen más que responder a especulaciones interesadas que tienen motivos ajenos a la causa, lo que no debe ser admitido por el Tribunal”, dice el recurso, al que tuvo acceso ABC.

El abogado Antonio Camacho recupera así la posición expresada en recursos anteriores y planteada también en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que El próximo 30 de septiembre se celebrará la próxima sesión sobre su solicitud de archivo de un caso que califica de “prospectivo” porque alega que no se ha definido el objeto de la investigación, sino que simplemente ha crecido, vulnerando el derecho fundamental a un juicio con todas las garantías.

Si en aquellas alegaciones cuestionó lo instruido hasta julio, cuando Gómez fue citado a declarar como investigado, ahora se centra en las disposiciones que relanzaron las actuaciones tras una ronda de testimonios en la que cobraron relevancia Las comparecencias de los responsables de la Fundación laCaixa y Reale Seguros quien apadrinó la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez en la Complutense, y el alto cargo del Grupo Barrabés que impartió una de sus titulaciones.

Todo ello después de que la Audiencia Provincial sentenciase en mayo que la denuncia de Manos Limpias que dio origen al caso contenía pruebas que podían apreciarse exclusivamente en contratos públicos adjudicados al Grupo Barrabés, de los que se hizo cargo posteriormente la Fiscalía Europea. Para la defensa de la esposa del presidente del Gobierno, “si no hay objeto de investigación, el juez instructor no puede acordar la práctica de ninguna diligencia”.

«Falta de motivación»

Por ello, ha desafiado a todos los practicados desde entonces, centrándose en “La indeterminación del objeto de la presente investigación y la falta de motivación”, en este caso en la citación del testigo del Instituto de Empresa, “como prueba útil y pertinente”. “Lo que no puede sostenerse es que el órgano instructor pueda investigar cualquier hecho sin sujetarse a un perímetro previo de lo que constituye el objeto del procedimiento”, razona.

Insiste en que “la Ley establece una investigación en la que el Instructor es libre de decidir qué medidas investigativas se van a seguir, pero Sólo le autoriza a aceptar estos procedimientos en la medida en que estén relacionados o sean significativos. “Para investigar los hechos que son objeto del procedimiento, y no otros”. A su juicio, debería prohibirse todo lo que vaya más allá de esos contratos iniciales cuya investigación avaló la Audiencia Provincial.

Sin embargo, la misma Audiencia Provincial ha aprobado recientemente otra ampliación de la causa que sigue el magistrado Juan Carlos Peinado al dar luz verde a la denuncia de HazteOír sobre un software que, habiendo sido creado al amparo de la cátedra extraordinaria, acabó registrado a nombre de Begoña Gómez en la Oficina de Marcas y Patentes. La Fiscalía se había opuesto a que esa iniciativa, que había partido de otro juzgado, se incorporase a la causa. Los magistrados han rechazado su postura y han abierto la puerta a que se investigue también este asunto porque ven conexión con los hechos que ya son objeto de las pesquisas.