La Comisión Europea llama a España a aprobar medidas para cumplir con la reforma fiscal comprometida con la UE. A mediados de marzo, el Ejecutivo europeo organizó un evento en Madrid para vender los beneficios de los fondos Next Generation, un mecanismo que dotará a España de un total de más de 160.000 millones entre subvenciones y créditos a cambio del cumplimiento de reformas e inversiones. Allí se reunieron varias autoridades europeas que hicieron alusiones a la reforma fiscal. La directora de planes de recuperación de la Comisión Europea, Céline Gauer, tras valorar como excelente la marcha del plan español, recordó que faltaba la reforma fiscal. Y el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovksis, señaló que era necesario reformar la fiscalidad para reducir la deuda pública. En su nota de prensa, dijo que España «debe conseguir apoyo en áreas de reforma como la fiscalidad». Es decir, lo hecho no es suficiente y la Comisión quiere que se apruebe algo más con cierto peso.
El informe sobre vulnerabilidades macroeconómicas publicado la semana pasada por la Comisión ya recomienda que España elimine los tipos reducidos del IVA, aumente los impuestos verdes y retire los beneficios fiscales. Esta reforma cobra especial importancia ahora que vuelven las reglas que imponen la disciplina fiscal y que obligarán a iniciar una senda gradual de ajuste de las cuentas públicas al tiempo que habrá que hacer frente al aumento del gasto en pensiones, a la reforma de la financiación de la autonomía y a las inversiones en defensa, transición ecológica y tecnología.
El compromiso era que España debía aprobar una reforma fiscal para aumentar los ingresos y acercarlos a la media europea como porcentaje del PIB, según el informe de recomendaciones de los expertos. Básicamente, esto exigía aumentar los impuestos ecológicos por valor de hasta 15 mil millones y aumentar los tipos reducidos del IVA. Según los expertos, el informe consistía en un menú entre el que el Gobierno podía elegir. Pero estas recomendaciones se publicaron en marzo de 2022, justo cuando estalló la guerra en Ucrania y los precios de la energía se dispararon. En ese contexto, con una inflación galopante, hubiera sido muy contraproducente aprobar aumentos de impuestos. Entonces la titular de Hacienda, María Jesús Montero, dijo entonces que no era el momento y que no habría una reforma fiscal “completa”.
El argumento fue que para cumplir con ese requisito bastarían algunos “ajustes”: el tipo mínimo del 15% en empresas e impuestos extraordinarios a la electricidad, la banca y las grandes fortunas. Además, el Ejecutivo afirmó que la recaudación iba muy bien, en parte gracias al surgimiento de la economía sumergida. Esta regularización se vio favorecida por las ayudas pandémicas como los ERTE o las prestaciones para autónomos. Gracias a este afloramiento, el Gobierno calculó que el déficit estructural podría haberse reducido hasta en 9.000 millones.
El hecho de que el tipo del IRPF no se haya actualizado en plena espiral inflacionaria también ha aportado mayores recursos. Aunque temporalmente una parte importante de esos ingresos extra se ha visto compensado por las bajadas de impuestos que el Ejecutivo de Sánchez aprobó por la crisis de precios y que ha empezado a desactivarse como pedía Europa. El impuesto al plástico ya se aplicó; límites a las deducciones fiscales en las empresas, y aumentos de los tipos sobre el ahorro y las rentas altas. Además, se revisarán los gravámenes a las entidades financieras y energéticas para hacerlos permanentes y se incluirá en 2027 el pago de los peajes de las carreteras para el transporte pesado. La posición del Tesoro es que ya se ha hecho mucho. Sin embargo, de las palabras de Dombrovskis se desprende claramente que la Comisión quiere que el Gobierno busque apoyo para aprobar algo más. Será complicado en el actual entorno parlamentario, muy fragmentado y reacio a medidas impopulares.
El Gobierno espera hacer algo de pedagogía en Bruselas para explicar que poco a poco se van tomando medidas y que España se acerca a la media europea en renta sobre PIB. Según la Comisión, desde 2019 se han corregido más de 2 de los 5 puntos del PIB que separaban a Europa. Pero, en cualquier caso, se abre un proceso de negociación que debería iniciarse una vez concluido el examen del cuarto pago. En principio, dentro de un par de meses desde el aplazamiento concedido.
La reforma fiscal forma parte de los objetivos que deben estar listos para el quinto pago de los fondos europeos, dotados con casi 7.000 millones, y que debían haberse completado hace un año: para el primer trimestre de 2023. Ahora mismo se está examinando el cuarto desembolso, por valor de 10.000 millones y que ya acumula un retraso de más de un año a la hora de evaluar hitos que deberían haberse cumplido a finales de 2022. Los retrasos en el cumplimiento de objetivos y la sucesión de elecciones que se produjeron el año pasado han tenido un gran impacto retrasó un proceso en el que se suponía que debía haber solicitudes de fondos cada seis meses. La quinta evaluación de pago probablemente ocurrirá en el otoño. Y coincidiría por tanto con el momento en el que se debe enviar a Bruselas el plan de consolidación fiscal a largo plazo.
Lo más probable es que el examinador sea la nueva Comisión que se formará en otoño, en la que existe el riesgo de que haya más halcones después de las elecciones europeas. Aunque es probable que la influencia de figuras como Le Pen o Meloni no impulsen ajustes fiscales. Al fin y al cabo, la situación fiscal de Francia e Italia es peor que la de España y eso podría favorecer al Gobierno español en las negociaciones que se abren para la reforma fiscal y el plan de consolidación.
Los nuevos planes fiscales se formularán a lo largo de cuatro años y deben garantizar con una alta probabilidad que la deuda pública siga una trayectoria descendente durante al menos una década después de que se haya completado el plan. Sin embargo, este programa de consolidación fiscal puede ampliarse a siete años si se presentan reformas e inversiones que contribuyan a la sostenibilidad de las cuentas públicas. La Comisión ya ha avanzado que los planes de recuperación que se están poniendo en marcha a cambio de fondos europeos podrán utilizarse para conseguir esa ampliación del plazo hasta siete años. De esta forma, según cálculos de la Agencia Tributaria utilizando las nuevas reglas fiscales, el ajuste de España sería del 0,36% del PIB anual, unos 5.400 millones, al hacerlo en siete años. Se trata de un ajuste mucho menor que el que habría que abordar a lo largo de cuatro años: el 0,64% del PIB, unos 9.600 millones de euros al año.
En definitiva, la reforma fiscal y el envío del plan de consolidación fiscal pueden coincidir en el tiempo y muy probablemente estarán ligados. Fuentes bien informadas señalan que Bruselas pretende que la reforma fiscal establezca un marco de ingresos para el plan de ajuste que debe aplicarse. Aunque actualmente no hay mucho apoyo político en Europa para emprender medidas exigentes, se espera que España adopte algo significativo y ayude a reconducir el agujero de las cuentas públicas.
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