El Gobierno de Canarias ha hecho público el Anteproyecto de Ley de gestión sostenible del uso turístico de la vivienda, norma que regulará esta actividad en las islas y que se prevé aprobar este año. El texto, sometido a información pública, exige que las viviendas de uso residencial que se pretendan destinar a este negocio tengan una antigüedad mínima de diez años, una superficie mínima de 39 metros cuadrados y una máxima de ocho plazas. Además, deberán disponer de una toma de corriente homologada para recargar vehículos libres de emisiones o justificar la existencia de un punto de recarga de acceso público en un radio de 500 metros.
«Con la nueva ley, una parcela residencial no permitirá el uso exclusivo de vivienda en ningún tipo de alojamiento turístico», explicó la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, quien destacó que «esto supondrá un cambio respecto a la normativa vigente, que no establece límites cualitativos ni cuantitativos, y donde cualquier vivienda de los 1,78 millones que hay en Canarias puede destinarse a este fin previa declaración responsable”.
La nueva normativa establece, a su vez, que será necesaria la autorización expresa de la junta de propietarios cuando los estatutos permitan esta práctica. En las plantas bajas un local no se puede convertir en casa de vacaciones. En la planta primera se permitirá el uso turístico con acceso común si su superficie útil, sumada al resto de usos no residenciales del edificio, no supera los 250 metros cuadrados útiles. En las plantas superiores sólo se permitirá un apartamento turístico si debajo no hay ninguno de uso residencial. Además, sólo podrá haber una residencia turística por cada 10 viviendas habituales, siempre que tengan acceso independiente, entre otros requisitos.
Este tipo de alojamiento no podrá superar el 10% de la edificabilidad total residencial del municipio (20% en La Palma, La Gomera y El Hierro), exigencia que choca con casos como el de Yaiza, en Lanzarote, donde las viviendas vacacionales Representa el 22% de la oferta; o el 21,5% de La Oliva (Fuerteventura); el 10,62% en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria); el 13,35% en Adeje (Tenerife); el 10,72% en Hermigua (La Gomera), según datos facilitados por el Gobierno insular. En este caso, serán los 88 ayuntamientos canarios los encargados de hacer cumplir la norma. «Serán los municipios que han desarrollado o están desarrollando sus planes urbanísticos los que podrán articular medidas para hacerlo de una manera más eficiente», explicó De León, quien destacó en rueda de prensa que «sólo puede haber vivienda vacacional cuando el desarrollo urbano La planificación dice que puede haberlos”.
Los propietarios que ya sean propietarios de una vivienda vacacional se someterán a una inspección para comprobar que cumplen con los parámetros establecidos y, de no hacerlo, serán sancionados sin poder realizar actividad turística durante 10 años. El consejero ha admitido que “los 35 inspectores en activo son claramente insuficientes”. En este sentido, De León ha anunciado que «se está estudiando y elaborando un encargo de gestión con el Colegio de Registradores para el acceso al registro turístico por vía electrónica, con el fin de coordinar la información, inspección y control de la actividad». .
Cambio de destino
El Ejecutivo justifica la necesidad de esta regulación con el argumento de que las viviendas de uso turístico han reducido la oferta de alquiler residencial. «La vivienda cumple una función constitucional que es la de servir de residencia habitual a los más de dos millones de canarios, por lo que su autorización para uso turístico será excepcional», explicó el director general de Ordenación Turística, Miguel Ángel Rodríguez. , quien añadió que el inicio de la actividad estará sujeto a la presentación de una declaración responsable, que deberá ir acompañada de un informe técnico de actividad clasificada, así como de un certificado urbanístico. Además, las viviendas sujetas a algún régimen de protección pública (VPO) no podrán ser utilizadas con fines turísticos.
Según el anteproyecto, este modelo no se ha generado como consecuencia de la construcción de viviendas nuevas, sino que se presenta como cambios en el destino de las viviendas existentes, «lo que implica que la oferta de viviendas no es elástica en el corto plazo». » Para sustituir el parque de viviendas por uso residencial permanente sería necesario calificar más de 500 hectáreas de suelo urbanizable para dicho uso, “acompañado de los oportunos procesos de cesión, equidistribución y urbanización, todos ellos tradicionalmente complicados y lentos, y, además, dicha clasificación ex novo “Iría en contra de los criterios de ordenación territorial establecidos en la legislación vigente”, afirma el texto.
El Gobierno destaca a su vez que el traslado del uso residencial permanente a una actividad económica de explotación comercial de viviendas «se ha hecho al margen, si no en contra», de la actual planificación urbanística y territorial, «pensada para un modelo básicamente residencial». Por ello, añade el texto, «se puede afirmar que han sido las reglas del mercado y la libre voluntad de los propietarios las que se han impuesto al modelo urbanístico y territorial técnicamente elaborado».
Actualmente, hay 53.938 apartamentos turísticos registrados en las islas, según datos del Ejecutivo, un 39,7% más que en noviembre de 2022. En total, hay 220.409 plazas disponibles. Por islas, Tenerife es la que cuenta con más establecimientos: 22.756. Le siguen Gran Canaria (13.229), Lanzarote (7.577), Fuerteventura (7.046), La Palma (1.667), La Gomera (1.119) y El Hierro (544). El porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas censales asciende al 4,37% del total en la provincia de Las Palmas, mientras que en Santa Cruz de Tenerife asciende al 3,78%.
La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional ha expresado este jueves «su más profundo y frontal rechazo» al texto legal, con el que a su juicio las viviendas vacacionales quedan «heridas de muerte» y sujetas a «exterminio», en palabras de su vicepresidente, Javier Valentín. “Con este anteproyecto sólo se trata de fijar la fecha definitiva para la erradicación de las viviendas vacacionales en Canarias”.
El anuncio de la nueva normativa se produce en un momento en el que un récord de visitantes y de facturación en las islas coincide con un creciente rechazo por parte de la sociedad a la excesiva turistificación. Tanto el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como la asociación hotelera Ashotel han manifestado esta semana su «inquietud» y «preocupación» ante una protesta que ha convocado en cinco islas, incluidas las dos capitales (Gran Canaria y Tenerife). ) el 20 de abril contra la superpoblación de las islas bajo el lema Canarias tiene un límite.
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