Canarias mantiene su posición y envía un requerimiento al Gobierno por su “incumplimiento” con los menores migrantes | España

El Gobierno de Canarias mantiene un conflicto con La Moncloa por los menores migrantes no acompañados. El Consejo de Gobierno del Gobierno regional acordó este lunes enviar un requerimiento al Gobierno central en el que le acusa de incurrir en un “cúmulo de incumplimientos” en la atención a este colectivo vulnerable. El archipiélago da un plazo de 30 días al Estado para presentar sus alegaciones. Transcurrido ese tiempo, emprenderá las acciones legales y judiciales que considere “oportunas”, según el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello. “(Los menores) son su responsabilidad y están obligados a cuidarlos”, concluyó en rueda de prensa.

El Ejecutivo ha tomado esta decisión en su primera reunión después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendiera el pasado viernes, de forma cautelar, a petición del Ministerio Fiscal, el protocolo de acogida de menores migrantes aprobado por la comunidad autónoma. El tribunal considera que este protocolo, que endurece los trámites que deben seguir los recién llegados antes de entrar en la red pública de acogida, puede perjudicar los derechos de los menores “en situación de evidente desamparo”. El pasado día 13, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias también dictó un decreto en el que modificaba esta normativa por no proteger a los menores migrantes, discriminarlos y delegar competencias autonómicas; y advertía al Gobierno canario de que podría estar incurriendo en un delito de abandono de menores. El Consejo de Ministros iniciará previsiblemente mañana martes los trámites para activar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional sobre este nuevo protocolo de acogida, según fuentes gubernamentales.

En lo que va de mes, han llegado a Canarias 4.075 migrantes, incluidos 586 menores, según datos del Gobierno regional, lo que eleva a unos 5.500 el total de niños, niñas y adolescentes no acompañados que se encuentran actualmente bajo tutela comunitaria. La semana pasada fue una de las más intensas de lo que va de año: 2.794 personas llegaron a los muelles de las islas, casi el 75 % en El Hierro (1.081) y Lanzarote (952), según datos de Cruz Roja recogidos por Efe.

El protocolo de Canarias, aprobado el pasado día 12, ralentizaba la atención a los menores migrantes no acompañados al condicionarla a una serie de trámites y a la disponibilidad de plazas. Entre estos pasos que se imponían, Canarias quería que hubiera un informe policial completo, una audiencia, una resolución administrativa sobre el lugar donde se ubicará al menor que sea conocida por el fiscal, un acto formal de entrega del menor entre agentes nacionales y autonómicos y la confirmación de que hay plaza para el recién llegado.

Desde principios de septiembre, Canarias ha lanzado una ofensiva para cuestionar que la titularidad de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas sea automáticamente competencia de las comunidades autónomas. A principios de mes, el presidente Fernando Clavijo anunció que los servicios jurídicos del Gobierno autonómico iban a analizar posibles vías, incluida la vía penal, para conseguir que a los menores sin tutores que llegan a sus costas en cayucos o pateras se les reconozca que están bajo custodia policial, no abandonados o desamparados, y que, por tanto, son responsabilidad del Estado.

Durante su comparecencia de este lunes, Cabello ha recordado que en marzo de 2022 el Ejecutivo canario, presidido entonces por el actual consejero de Política Territorial, el socialista Ángel Víctor Torres, presentó “en el contexto de una conferencia sectorial” un informe jurídico que “ponía en cuestión” que los menores no acompañados fueran competencia exclusiva de la comunidad autónoma.

Cabello ha dicho también que la Consejería de Bienestar Social va a presentar recursos contra las resoluciones de la Fiscalía en las que se ordena alojar a los menores “en centros que están muy desbordados en capacidad”. El portavoz, no obstante, ha garantizado que todos los menores que llegan a las islas están siendo atendidos “sin ninguna duda” y ha vuelto a insistir en que el protocolo ahora suspendido solo trata de “aclarar” la acogida. “En ningún caso se trata de poner trabas a ninguna administración pública”, ha apuntado, subrayando que el problema era que “se estaba entregando a los menores sin que se dieran las condiciones mínimas en cuanto a información y garantía” de sus derechos, “que deben estar por encima de cualquier otra cosa”.

Cabello agregó que el “simple hecho” de la discusión respecto a este protocolo “ha hecho que, de facto, las condiciones en las que son recibidos hayan mejorado”, ya que en algunas ocasiones no se envió fotografía o los menores acudieron con el mismo nombre repetido.