VALENCIA. Unas horas después de que Dana causara estragos en la provincia de Valencia, con 212 muertos hasta el momento y miles de millones de euros en pérdidas materiales, los responsables del podcast ‘Greuges pendents’, formado por Quico Miralles, Andrea Kruithof y juan cardona. Lanzaron a la red la iniciativa de impulsar un formulario para presentar una denuncia popular contra el Consell que preside Carlos Mazónpor su gestión de la dana.
Una simple carta de Google Forms con el objetivo de «recoger avales para iniciar acciones legales» contra la Generalitat ha sido suficiente para generar el movimiento. «Necesitaremos abogados, contribuciones económicas, voluntarios…», dice el documento que hasta ahora ha sido firmado por casi 1.800 personas.
Más allá del volumen total de participantes, lo más destacable de esta iniciativa es que casi un centenar de los firmantes son abogados y se han inscrito como voluntarios con la intención de colaborar activamente en la recogida de información, estudio del caso, redacción y seguimiento del mismo. la denuncia. Un aspecto que demuestra que la intención de los promotores es construir un caso sólido y bien conectado con profesionales de todos los ámbitos jurídicos implicados.
Uno de los impulsores de la iniciativa, el abogado y politólogo Quico Miralles, explica que la idea surgió al preparar el programa por «la necesidad de hacer algo. No podíamos quedarnos de brazos cruzados». En este sentido, analiza que el objetivo es proponer «dos líneas de investigación paralelas». «Dado que la Administración no puede ser objeto de un proceso penal, uno de los objetivos es encontrar a los responsables individualmente. Por otro lado, en el proceso administrativo se puede ir contra las instituciones si se logra demostrar que la tragedia fue evitable”, afirma.
En este sentido, Miralles señala el caso del camping de Biescas, el Estado fue condenado por el Tribunal Supremo a pagar más de 180.000 euros por cada fallecido, al considerar que había permitido que las instalaciones se construyeran en una zona inundable. Así, esta parte de la línea de investigación se centra en analizar todo lo que sería evitable si se hubiera activado antes la alerta, lo que podría derivar en una sentencia que compense a las víctimas. Un camino que iría dirigido contra la Generalitat, la última responsable de tener el control de las emergencias.
Otra de las variables sobre las que trabaja este grupo se centra en las infraestructuras que deberían haberse construido o renovado, que podrían haber contribuido decisivamente a evitar la tragedia. Una línea que, en este caso, comenta, afectaría al Gobierno de España y más concretamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
En cuanto al proceso penal, Miralles señala que aún se encuentra en fase embrionaria, aunque la línea en la que están trabajando es la denuncia por homicidio por negligencia grave. «Para que la gente lo entienda, se cede mayor responsabilidad a un funcionario público en su cargo. Es decir, a un responsable del Servicio de Emergencias de la Generalitat, o a la propia consellera. Salomé Pradas o el presidente Carlos Mazón, se supone que tienen más conocimientos que un ciudadano normal, por lo que deben actuar con mayor diligencia», reflexiona.
En este sentido, señala un precedente ocurrido en el municipio de Finestrat en 2011. «Se permitió montar un mercado en una zona inundable. Llegó una riada de agua y murieron dos personas. La Fiscalía solicitó cuatro años de prisión por homicidio por imprudencia grave. Finalmente el alcalde y el exalcalde fueron condenados, aunque se llegó a un acuerdo y se resolvió con el pago de multas», afirma Miralles.
En cuanto a cómo piensan estructurar el trabajo, el abogado explica que ya comenzaron a distribuir a los colaboradores en dos grupos: «Uno para un trabajo más estructural para el tema administrativo y otros para el tema penal. Estamos distribuyendo los perfiles en esos dos». Además, en la plataforma que estamos diseñando habrá otro grupo en el que participarán perfiles como geógrafos, ingenieros… con el objetivo de aportar información técnica para la preparación de la denuncia y el proceso judicial, pero también. con el objetivo de exigir medidas de prevención concretas para que esto no vuelva a suceder».
Finalmente, Miralles señala que una representación de esta iniciativa estará presente en la manifestación de este sábado a las 18.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia convocada bajo el mensaje ‘Mazón, dimisión’.
