Comisión Europea: Parte contratante de la primera parte | Empresas

El objetivo es aumentar la competitividad y para ello Europa necesita regular menos y regular mejor. Éste es uno de los puntos que destacó Mario Draghi, el economista “pragmático” que presentó el pasado 9 de septiembre su informe sobre los retos a los que se enfrenta la economía europea. Frente a este doble desafío, basado en el principio de “menos es más”, el análisis muestra cómo la excesiva regulación, que viene de Bruselas, afecta a la productividad y a la innovación en el mercado europeo. La pregunta es: ¿será capaz la UE de cambiarlo?

El informe Draghi se muestra favorable al voto afirmativo y, para ello, propone la creación de una vicepresidencia específica en la Comisión Europea dedicada a la simplificación regulatoria. También sugiere que Europa adopte una nueva metodología para cuantificar los costes derivados de la nueva legislación y reducir la carga regulatoria sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes). A la espera de que esto ocurra, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha dado pasos en esa dirección al nombrar a Valdis Dombrovskis, actual vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos, responsable de la implementación y la simplificación regulatoria durante los próximos cinco años.

La apuesta es que la Unión Europea recupere la filosofía de trabajo que tuvo en sus orígenes. La creación del mercado único, uno de los mayores logros económicos de Europa y motor de su prosperidad presente y futura, no habría sido posible sin la eliminación de las regulaciones nacionales, que delimitaban los mercados de cada Estado miembro. Sin embargo, hoy la maquinaria regulatoria de Bruselas ha acelerado su producción, actualizando regulaciones y sistematizando nuevos sectores con mayor rapidez y rigor que ninguna otra región del mundo. Según el análisis de Draghi, en los últimos cinco años, mientras el gobierno de Estados Unidos promulgaba 3.500 leyes y 2.000 resoluciones, la Unión Europea aprobaba 13.000 regulaciones.

Un exceso que no resulta ni mucho menos gratuito para los europeos, ya que limita la competencia, reduce la productividad y aumenta los costes para las empresas, lastrando su competitividad. Los datos del Informe estiman que el coste administrativo de las regulaciones podría ascender a 150.000 millones de euros, aproximadamente el 1,3% del PIB comunitario. Además, la metodología actual para cuantificar los pros y los contras de cada regulación se centra únicamente en los costes administrativos, sin considerar los efectos negativos sobre las decisiones de inversión y gasto de las empresas. En este escenario, las pymes, esenciales para el crecimiento económico y la creación de empleo, cuentan con menos recursos que las grandes corporaciones para adaptarse a las nuevas exigencias.

Para no quedar atrapados en la cuestión de si la parte contratante de la primera puede o no ser considerada parte contratante de la primera, la reducción de la sobrerregulación debe ser una de las principales prioridades de la nueva Comisión. Sin embargo, es difícil pedir a la administración de Bruselas que regule menos cuando su razón de ser es, precisamente, regular. No sólo las instituciones europeas, sino también las asociaciones empresariales, las asociaciones de consumidores, los grupos de presión y las consultorías están ahí para influir en las normas comunitarias, a favor o en contra de su contenido, pero no para cuestionar su existencia.

Si Europa quiere mejorar la calidad de su regulación y reducir su volumen, necesita también instituciones neutrales e independientes, ajenas a la Comisión. Instituciones que evalúen las normas existentes, propongan su simplificación, midan los costes y beneficios de las nuevas propuestas y examinen la carga regulatoria que pesa sobre las empresas en cada sector de la economía. Un papel que podría asumir el Tribunal de Cuentas Europeo, en un papel similar al que ejercen la Comisión de Productividad de Australia o la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos.

Esta externalización, junto con la priorización de la simplificación regulatoria y la mejora de la calidad de las normas, sería el contrapeso necesario a la tendencia regulatoria en Bruselas. De esta manera evitaríamos la conclusión de que la parte contratante de la segunda parte será considerada como parte contratante de la segunda parte y abriríamos el camino a una mejora de la tan ansiada competitividad europea, como pide el Informe Draghi. En el proceso, esperamos conseguir que las presidencias de la UE midan su éxito y pertinencia no por el número de leyes aprobadas, sino por su calidad e idoneidad.