La Guardia Civil ha detenido a más de 40 presuntos miembros de una organización criminal que lograron acumular un patrimonio valorado en más de 800.000 euros y obtener fondos dinerarios por un total de 1.400.000 euros entre 2019 y 2023, gracias a estafas tecnológicas a través de SMS.
Según un comunicado del instituto armado, la operación ‘SMS Bank’, desarrollada durante los dos últimos años por el Equipo @ y el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Almería, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, continúa abierta.
Los detenidos tienen entre 22 y 29 años y están acusados de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y estafa tecnológica. Además, la Guardia Civil investiga a dos personas jurídicas que presuntamente fueron utilizadas como empresas tapadera para operaciones de blanqueo de capitales.
Se han resuelto un centenar de delitos en más de 40 entidades bancarias diferentes y se ha recuperado gran parte del dinero defraudado a los clientes de estas cuentas.
Los presuntos estafadores utilizaban métodos como “spoofing” y “smishing” y enviaban mensajes SMS masivos alertando a las víctimas de una supuesta vulneración de seguridad en sus cuentas bancarias. Luego contactaban a las víctimas por teléfono y se hacían pasar por empleados del banco para obtener sus credenciales y desviar fondos a la organización a través de la banca digital.
Los miembros de esta red conseguían simular llamadas telefónicas desde el banco. La víctima, creyendo que estaba cancelando una transacción sospechosa, proporcionaba a los delincuentes una serie de códigos de verificación que realmente confirmaban la transacción.
De esta forma, los miembros de la organización conseguían acceder a su banca digital para realizar transferencias, algunas vía Bizum, e incluso contratar préstamos de concesión inmediata. Las cantidades defraudadas a las víctimas variaban significativamente, oscilando entre los 200 y los 90.000 euros.
Antes de llevar a cabo las estafas cibernéticas en todo el país, el líder de la organización accedía a datos de clientes aprovechando brechas de seguridad en las instituciones bancarias. Luego compartía esta información sensible con otros miembros del grupo, quienes la utilizaban para engañar a las víctimas con mayor facilidad.
La organización recibía dinero ilegalmente a través del uso de servicios avanzados en la nube, desde los cuales podían operar para almacenar datos en la web o ejecutar programas desde cualquier ubicación y dispositivo con acceso a Internet.
Desde allí, creaban páginas web fraudulentas y enviaban mensajes de texto masivos y llamadas repetidas (SMS). También utilizaban servidores en otros países y servicios de Red Privada Virtual (VPN) para navegar de forma segura y anónima y para enmascarar sus direcciones IP y conectarse a la red desde una ubicación diferente a la que realmente operaban. Todo ello les permitía desviar el dinero a través de 43 cuentas bancarias identificadas hasta el momento, e incluso convertirlo en criptomonedas.
Otra dificultad de la investigación fue la identificación de los principales sospechosos, a los que también se les vinculaba con cuentas bancarias radicadas en países como Alemania, Bélgica, Lituania, Países Bajos y Reino Unido, vínculo que se demostró gracias a la colaboración con Europol.
Gracias a estas operaciones, los sospechosos lograron acumular activos valorados en más de 800.000 euros y obtuvieron fondos monetarios por un total de 1.400.000 euros entre 2019 y 2023. Además, están registradas 43 cuentas bancarias y más de 200 monederos de criptomonedas.
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