Martes, 11 de junio de 2024, 20:15 horas.
La crisis migratoria, el colapso de los sistemas de acogida y la distribución de menores no acompañados siguen siendo cuestiones pendientes. Todo ello a pesar de que este martes 11 de junio se celebró la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud en la que se debatió este tema y la futura reforma de la Ley de Extranjería, que pretende forzar a las comunidades no legales. los receptores de inmigrantes a aceptar la distribución de estos jóvenes. El acuerdo para modificar esta normativa parece cada vez más cercano, según anunció el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Sin embargo, este avance ha generado malestar en territorios como la Comunidad de Madrid y Aragón, que han mostrado su disconformidad con que el acuerdo se haya producido de forma bilateral entre el Ejecutivo nacional y el de Canarias.
Torres celebró este martes que la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permitiría el reparto de 5.600 menores no acompañados, ya tiene un «principio de acuerdo» con el Gobierno de Canarias. «Tras las últimas semanas de intenso trabajo diario, incluido este último fin de semana, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España han llegado a un acuerdo de principio sobre el texto que luego pasará a tramitación parlamentaria», afirmó el jefe del ramo.
Sin embargo, antes de que el acuerdo pase por el Congreso de los Diputados para su aprobación oficial, deberá ser debatido en un Consejo Político Interministerial para, primero, obtener el texto final y, así, avanzar.
El problema es que este avance entre Torres y Canarias ha generado malestar entre otros gobiernos regionales. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha expresado su «perplejidad» ante el «acuerdo unilateral» entre el Gobierno de España y el Ejecutivo de Canarias fuera del resto de autonomías y que se ha conocido precisamente este martes cuando se reunió la Conferencia. Sector de Infancia y Adolescencia. Critican que se haya dado a conocer esta negociación en la que se han establecido criterios de reparto «obligatorios e impuestos» sin tener en cuenta la perspectiva de otras regiones. Por ello, ha instado a aplazar la votación hasta que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática dé a conocer la información sobre estos nuevos criterios de reparto.
Por su parte, Aragón ha solicitado una Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia, con la presencia de todos los ministerios implicados, para aclarar lo que ha definido como una «descoordinación» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de cara del desafío de la inmigración. La ministra de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha lamentado que esta situación se haya producido ante un tema «tan sensible» como la atención a los menores inmigrantes. Por ello, ha instado a que se celebre una nueva reunión en la que se explique «punto por punto» el contenido del acuerdo con Canarias.
Andalucía también se ha posicionado contra el anuncio de Torres, que han calificado de «descoordinación» derivada del «boicot entre los ministros del PSOE y Sumar» y «de las luchas internas que hay dentro del Gobierno de Pedro Sánchez». . Además, ha lamentado que «nuevamente tratan a los niños y adolescentes inmigrantes como mercancía y no hay planificación en el Ejecutivo en un tema tan sensible como la inmigración». Ante esta situación, que ha calificado de «deslealtad» hacia el resto de comunidades, la Junta de Andalucía se ha sumado a la exigencia de una reunión específica de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia
Ayudas a Canarias, Ceuta y Melilla
Esta polémica surgió pocos minutos después de finalizar la Conferencia Sectorial sobre la Infancia y la Adolescencia presidida por la ministra Sira Rego. En él, las comunidades han aprobado un fondo de 15 millones de euros, de los que 6 millones se destinarán a Canarias, 4,5 a Ceuta y 4,5 a Melilla. El objetivo es que esta disposición mejore la atención a los menores inmigrantes no acompañados. Sin embargo, se ha aplazado la asignación de otros 20 millones con los que pretendían cubrir el reparto de todos estos niños. El motivo, según anunció el responsable del ramo, es que algunas comunidades han «bloqueado» el acuerdo.
Una situación que la ministra ha calificado de «sorprendente» porque se trataba de un acuerdo que ya se había alcanzado con las comunidades autónomas. Ante esta negativa, Rego ha convocado a los gobiernos regionales «a una próxima conferencia sectorial para seguir trabajando en los criterios de distribución de niños y niñas en el resto de territorios».
Respecto al acuerdo sobre el cambio de la Ley de Extranjería, la ministra ha asegurado que «todavía» se está trabajando y que «aún no está cerrado». «Ya hemos dicho claramente que la vocación del Gobierno es proponer una reforma de la Ley de Extranjería precisamente para proponer un criterio que se estructura en una cuestión que entendemos fundamental, que es que la migración es un fenómeno estructural y dinámico, teniendo en cuenta en cuenta los derechos humanos y el interés general de los niños y niñas, dotándolo de un presupuesto vinculante y, por tanto, proponiendo algo que para nosotros es central, que es una distribución vinculante, una acogida vinculante y solidaria de los niños y niñas en todo el territorio», el esta estresado.