El Ayuntamiento de Madrid prohibirá los apartamentos turísticos dispersos en edificios de viviendas del centro | Noticias de Madrid
En dos semanas, el Ayuntamiento de Madrid presentará un Plan Especial de Protección de la Zona Residencial, con el que, según fuentes municipales, se busca «generar más viviendas en el centro de la capital y regular definitivamente las viviendas de uso turístico». » el llamado VUT, cuyo incremento exponencial ha disparado los precios de alquiler y venta hasta límites inasumibles. El plan, prometido hace más de un año, ha sido anunciado este martes en el pleno municipal por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien ha asegurado que el PP, «en lugar de preocuparnos de nosotros mismos y proteger a los delincuentes sexuales», de forma directa lanzate a Más Madrid para el Caso Íñigo ErrejónSe preocupa «por proteger a los madrileños y generar políticas de vivienda» en una ciudad en la que uno de cada cuatro pisos de alquiler en el centro ya está destinado a turistas y en la que el precio del metro cuadrado en esa zona está en máximos históricos, a 24 euros. La oposición ha criticado la falta de claridad de algunas medidas que, además, temen que tengan el efecto contrario al deseado.
Durante su intervención, el concejal madrileño expuso los puntos más importantes del plan, cuya medida estrella es que se prohibirán los “pisos turísticos dispersos en comunidades de propietarios” en la zona AP001 –el centro histórico–, es decir, que no se superarán los 4ºC. será una VUT y el resto serán viviendas de vecinos: los apartamentos turísticos serán en bloques enteros dedicados a esta actividad para reducir las molestias y el ruido provocado por el tráfico. Asimismo, por primera vez se permitirá el cambio de uso de edificios de equipamientos privados (por ejemplo, un centro cultural privado) a residencial para generar viviendas asequibles y/o colivinguna medida que el Ayuntamiento estima que podrá aplicarse hasta 210 inmuebles del centro.
“Beneficios” en lugar de medidas
Además, se permitirá aumentar la edificabilidad en edificios cuyo uso sea distinto del residencial para transformarlos en inmuebles residenciales. También se prohibirá la transformación de locales comerciales en viviendas de uso turístico en los principales ejes comerciales -que el alcalde no ha especificado- «para preservar la identidad de los barrios y del pequeño y mediano comercio».
¿Y cuál es la posición de la oposición ante estas medidas? A preguntas de EL PAÍS, el portavoz adjunto de Más Madrid en la Comisión de Urbanismo, José Luis Nieto, afirmó que el futuro plan “al parecer busca proteger la zona residencial de la almendra central” con medidas “que podrían considerarse incentivadoras .” sino que son más bien «prebendas» y cuyo resultado será un «perjuicio para el uso residencial existente, al carecer de protección, ya que se permitirá la transformación de edificios completos en apartamentos turísticos». Estas transformaciones, lamentó Nieto, “muchas veces llegan tras un proceso de expulsión de vecinos de toda la vida”.
En resumen, para Mas Madrid “se promueve el uso residencial para los casos en los que puede resultar rentable para un operador privado y se permite la transformación de edificios completos con el mismo efecto devastador de aumentar la presión turística en zonas céntricas de la ciudad. «, a lo que se añade que, «sin medidas de inspección, la prohibición de VUT dispersas es un desperdicio de agua».
Para el concejal socialista Antonio Giraldo, portavoz de su partido en la misma comisión, las medidas propuestas por el alcalde plantean muchas dudas por su falta de claridad. “No estamos esperando un nuevo plan porque el existente haya fracasado -el equipo de Manuela Carmena aprobó un Plan de Hospedaje en marzo de 2019- sino porque nadie lo ha hecho cumplir”, dijo Giraldo, quien pidió aclaraciones al equipo. Gobierno municipal. “¿Van a modificar el plan de hospedaje actual o es un nuevo plan especial?” preguntó, para subrayar que “de lo poco que han contado, mucho ya está prohibido”. «Se ha hablado de prohibir pisos en comunidades de propietarios del centro cuando ya existen y no sabemos si también van a prohibir los VUT en planta baja con acceso independiente», se ha sugerido.
«También se habla de cambios de equipamiento privado a residencial cuando esto ya existe, porque ya se puede sin ningún plan especial, vía licencia», ha explicado el concejal, que también ha apuntado que el precio astronómico de los locales en las calles principales es ya les impide terminar como VUT. Asimismo, Giraldo ha destacado la ineficiencia de normativas anteriores por la falta de controles y sanciones. «De qué sirve todo esto si el 95% de las viviendas turísticas están abiertas ilegalmente», ha criticado el concejal, que ha reiterado la necesidad de reforzar la inspección y control de la normativa en lugar de proponer cambios que podrían ser inaplicables «sin una inspección, control y plan de choque de cierre”.
En un primer paso para intentar frenar su incremento, el Ayuntamiento hizo público en mayo el listado y ubicación de las VUT que cuentan con licencia urbanística para «ofrecer más garantías y seguridad a los usuarios». En este mapa había entonces 1.008 alquileres legales -lo que representaba sólo el 7,47% del total de 13.502 apartamentos vacacionales que el Ayuntamiento estimó que estaban operativos en la ciudad-, aunque la plataforma Dentro de Airbnb Los aumentó hasta más de 24.000, la mayoría en los distritos Centro, Tetuán y Arganzuela. Además, lanzó un endurecimiento de las sanciones y refuerzo de inspectores después de que un mes antes, en abril, promoviera una moratoria en la concesión de licencias.
Hoy aparecen en este mapa 1.131 VUT legales -el aumento pese a la moratoria se debe a las que ya estaban en trámite- y Almeida ha dicho que ya hay 14.000 apartamentos turísticos que funcionan sin papeles. «No 25.000, como dice la izquierda, lo que confunde los datos porque esa cifra se refiere a camas en viviendas turísticas ilegales», añadió. Preguntado por este diario, Urbanismo no ha facilitado ningún balance de estos cinco meses de funcionamiento del nuevo sistema de multas, que contempla una primera sanción firme de 30.001 euros; un segundo importe acumulado de 60.001 euros si continúa la actividad irregular, y un tercero de 100.001 euros si persiste. Tampoco ha ofrecido un balance del trabajo de los inspectores, que eran 65 y en verano iban a aumentar en 10 más. «En dos semanas se presentará el plan y ofreceremos todos los datos oportunos», respondió una portavoz de urbanismo.