Él Congreso de Diputados votó este miércoles a favor de aceptar él alegato de la corte Supremo retirar la inmunidad parlamentaria y procesar al exministro de Transportes y diputado, José Luis Ábalos, que no ha estado presente.
En una votación a puerta cerrada, con las cámaras apuntando al techo de la cámara para no saber qué votó cada diputado y el voto depositado en una urna, el escenario estuvo rodeado de un aura de misterio más que el resultado en sí, ya que varios partidos como el PSOE o Sumar habían advertido que votarían a favor. Finalmente, ha sido aprobado por unanimidad.
De esta forma, el pleno de la Cámara Baja da Luz verde para eliminar la inmunidad parlamentaria y para investigarlo en el caso Koldo por el presuntas irregularidades en la compra de insumos médicos durante el pandemia.
Ahora, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tiene que comunicar este resultado al Tribunal Supremo, que tendrá la obligación de comunicar a la cámara los autos y sentencias que se dicte y que afecten directamente a la ex ministra socialista.
Ábalos intentó retrasar la petición sin éxito
Desde que el Tribunal Supremo inició los trámites para poder retirarle la inmunidad parlamentaria, Ábalos ha intentado retrasar al máximo la votación. A través de recursos y alegatos, el diputado afirmó que hubo un operativo en su contra, aunque sus argumentos no tuvieron éxito. De hecho, en una ocasión, el juez que lo investigaba rechazó sus solicitudes afirmando que había «bastantes pruebas» en su contra.
Junto a los de este miércoles, ya están cinco solicitudes concedidas por el Congreso en la última décadaLos diputados investigados fueron condenados en las cuatro ocasiones anteriores, aunque uno, Alberto Rodríguez (Podemos), recibió posteriormente amparo del Tribunal Constitucional.
Desde 1979, inicio de la primera legislatura, el Congreso ha tramitado medio centenar de solicitudes de retirada de la inmunidad parlamentaria y ha accedido en alrededor del 70% de los casos, aunque ninguna ha sido rechazada desde los años noventa.
La última petición concedida, en 2022, fue la del diputado del PP Alberto Casero, que fue condenado posteriormente a un año y nueve meses de prisión y seis meses de inhabilitación por prevaricación y malversación durante su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres).