El Congreso cierra en falso la comisión Mascarillas sin conclusiones ni el 72% de los comparecientes | España

Más leña al fuego para quienes cuestionan la utilidad de las comisiones de investigación del Congreso. La comisión parlamentaria aprobada el pasado mes de marzo para investigar los miles de contratos de urgencia firmados por “todas las administraciones” durante la pandemia que sufrió España en 2020 se ha cerrado por la vía de los hechos, sin proponer conclusiones ni haber citado al 72% de los 134 testigos previstos. Tampoco habrá prórroga. El PSOE intentó prolongar estos trabajos, apuntando en una nueva fase al entorno del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero no lo ha conseguido. Coalición Canaria, que contaba con el voto ponderado de todo el Grupo Mixto en la comisión, la ha vetado junto al PP y Vox en represalia a sus disputas con el Gobierno central de Pedro Sánchez por los problemas migratorios en Canarias.

Este jueves, el Congreso pondrá en marcha dos comisiones de investigación que habían quedado paralizadas, una sobre los atentados yihadistas de Cambrils y Barcelona en agosto de 2017 y otra sobre la Operación Cataluña y la policía patriótica de los gobiernos del PP, al tiempo que confirma el falso cierre de otra de estas comisiones puesta en marcha el pasado mes de marzo para conocer los fallos, errores y posibles irregularidades cometidas por varias administraciones en los contratos que firmaron en plena pandemia de la Covid-19. Esta comisión ha celebrado 15 sesiones en estos cuatro meses (sin contar agosto), ha citado a 21 de las 134 personas homologadas en su día (el 28,1%) y ha recabado 237 de los 369 documentos solicitados (el 73,6%).

El PP, que inicialmente se abstuvo en la votación para poner en marcha esta comisión, aprovechó entonces sus primeras reuniones para interrogar con dureza, entre otros, a Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos; a la actual presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, sobre su etapa como presidenta de Baleares, o incluso al exministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa, ahora presidente de la Generalitat, para lanzar acusaciones y sospechas contra la actuación general de casi todo el Gobierno de Pedro Sánchez. El PSOE anunció que aprovecharía ese trabajo para averiguar qué había ocurrido en relación con este tipo de contratos en administraciones gobernadas por el PP, como la Xunta de Galicia durante la era Feijóo, la Junta de Andalucía del popular Juan Manuel Moreno, la alcaldía de Madrid de José Luis Martínez Almeida o la Comunidad madrileña de Ayuso. Todos estos planes no se materializarán en nada, porque el PSOE no cuenta con suficientes aliados en la comisión para llevarlos a cabo. Sólo pudieron convocar a algunos funcionarios del actual gobierno popular de las Islas Baleares, liderado por Marga Prohens.

La semana pasada, el PSOE intentó retomar los trabajos de esa comisión y recibió algo más que un aviso de que no sería posible. PP, Vox y Coalición Canaria, que representa a todo el heterogéneo Grupo Mixto en la comisión con voto ponderado, rechazaron sus intenciones. CC ya anunció sus razones para no permitir esos avances. El partido canario, que cogobierna las islas con el PP, reprochó al Gobierno de Sánchez sus trabas y disputas para encontrar soluciones al grave problema de la inmigración y en concreto a la afluencia de menores inmigrantes no acompañados a las islas. Las divergencias entre las propuestas del Gobierno canario de Fernando Clavijo y el Ejecutivo central han llegado al punto de las denuncias ante los tribunales y la Fiscalía.

“Nosotros, en el Gobierno canario, en Coalición Canaria, y la mayoría de la población canaria, no entendemos cómo el Gobierno de Sánchez es capaz de viajar al extranjero, reunirse con Carles Puigdemont en Suiza y darle todo lo que pide sin ningún problema, y ​​sin embargo no se encuentra solución a la urgente y dramática situación que sufren miles de menores en Canarias y que no va a mejorar en el futuro”, argumentan fuentes de la dirección de CC. Y añaden otra advertencia: “Quizás esta decisión de no convocar a políticos de uno y otro bando a una comisión en Madrid, para que se lancen insultos y ataques, sirva de toque de atención para que nos hagan algo de caso también en muchas votaciones”.

El PSOE no sólo asume el final abrupto de esta comisión, que tenía como primer plazo el 2 de octubre para terminar sus funciones, sino que duda de que puedan contar en el futuro con una mayoría suficiente para recrearla como desearían si consiguen formar otras alianzas para llevar este asunto a un futuro pleno.