El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una investigación sobre la actuación del juez que interrogó a la actriz Elisa Mouliaá por su denuncia de agresión sexual contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. La autoridad disciplinaria del Consejo ha abierto expediente informativo contra Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, tras recibir más de 900 quejas y alegaciones en relación con la actuación del magistrado tras la publicación en los medios de comunicación de la grabación de las declaraciones por Mouliaá y Errejón, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces en una nota difundida este miércoles. Las grabaciones de estos interrogatorios registraron numerosas preguntas e intervenciones del juez durante la declaración de la actriz en las que se cuestionaron los motivos de la denuncia y el relato de los hechos relatados por Mouliaá.
Las diligencias informativas abiertas por el Consejo son el primer paso de una investigación que, de tener éxito, podría acabar con una sanción disciplinaria para el juez. El alcance de la posible sanción dependerá del tipo de falta que le atribuya el impulsor de la autoridad disciplinaria, Ricardo Conde, a quien ahora le corresponde investigar el caso y decidir si propone archivarlo ante el juez o archivarlo.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces indican que la actuación de Carretero fue debatida por la comisión permanente este martes, horas después de que se hicieran públicos los vídeos del interrogatorio. En esa reunión se acordó dejar el caso en manos de la autoridad disciplinaria, mientras que la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consistorio, Esther Erice, emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a la filtración de la vídeos de las declaraciones de Mouliaá y Errejón, “especialmente tratándose de un procedimiento seguido de violencia sexual”. En ese texto, Erice alertaba de la especial protección que la ley otorga al derecho a la intimidad de las víctimas de este tipo de delitos y señalaba que no se había presentado ninguna denuncia ante el CGPJ «por parte de quienes tienen derecho a ello».
Apenas 24 horas después, el CGPJ estima que son más de 900 denuncias las que han llegado ya a la Unidad de Atención al Ciudadano del organismo. Fuentes del organismo señalan que estas denuncias, algunas muy similares, critican la falta de «empatía» del juez e incluyen críticas a su lenguaje «grosero» y su tono «agresivo». Además, lamentan que su actuación representó una “revictimización” de la actriz.
El vídeo de los interrogatorios a la víctima muestra sucesivas preguntas del juez en las que cuestiona los hechos relatados por la actriz, a la que se le preguntó si actuaba contra Errejón por despecho. «No será que usted sí quería algo con ese señor», indaga el juez en un momento del escrito, durante el cual Carretero calificó de «extraña» parte de la acusación de Mouliaá. «No es comprensible que no hayas hecho un gesto», advierte el juez, que pregunta a la actriz cómo siendo «una mujer acostumbrada al trato con el público» no es «capaz de decirle que esas condiciones no eran aceptables». “Él le dijo: ‘¿Déjame en paz?’”, señala en otra ocasión Carretero, cortando el relato de la actriz con constantes interrupciones.
No es la primera vez que el CGPJ investiga a un juez por su actuación durante el interrogatorio de una víctima de violencia sexual, pero las fuentes consultadas no recuerdan ningún precedente de sanciones por este tipo de conductas. En 2016, la autoridad disciplinaria abrió expediente contra la jueza de Vitoria María del Carmen Molina, que preguntó a una mujer víctima de agresión sexual por parte de su expareja si había cerrado correctamente las piernas. El caso provocó la indignación y protestas de varios colectivos feministas, entre ellos la Asociación Clara Campoamor, que fue quien dio a conocer lo sucedido. El promotor de la acción disciplinaria cerró la investigación, pero la comisión permanente revocó esa decisión y ordenó el inicio de un expediente disciplinario. La promotora volvió a presentar la causa en octubre de 2016, pero tanto la Asociación Clara Campoamor como la subcomisión de Violencia sobre la Mujer de la Abogacía apelaron. Finalmente, el promotor propuso una sanción, de 501 euros si se consideraba una falta grave de abuso de autoridad, o una sanción de advertencia si se trataba de una falta leve de desconsideración, pero la comisión disciplinaria acabó archivando el caso por seis votos a uno.