Daniel Esteve Martínez, propietario de la empresa dedicada a los desahucios extrajudiciales Desokupa, ha anunciado que empezará a impartir su polémico curso de defensa personal a cientos de policías en los próximos días. Según ha afirmado en un mensaje en las redes sociales, el primero se impartirá este fin de semana y en él participarán 200 alumnos, entre “civiles, vigilantes de seguridad y FCSE (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado)”, aunque no especifica cuántos miembros de estos últimos se han apuntado. Esteve ha declinado dar una cifra tras ser preguntado por ello por este periódico. En el mismo mensaje, el dueño de Desokupa presume de que en noviembre impartirá la misma formación supuestamente a “200 mossos (d’Esquadra) en Barcelona”.
El curso incluye media docena de situaciones prácticas que van desde nociones de primeros auxilios hasta técnicas de uso de las porras extensibles de acero que el Ministerio del Interior ha proporcionado en los últimos años a los agentes (aunque el Ministerio del Interior les exige que impartan esta formación antes de autorizarles a utilizarlas). También se incluirán técnicas para esposar a un detenido o el llamado «esposamiento».aferramiento “Lucha policial”, que combina distintas maniobras de lucha para inmovilizar a una persona, como explicó el propio Esteve cuando anunció la puesta en marcha del curso a principios de agosto. El precio es de 50 euros, según su página web. El dueño de Desokupa —que ha ganado notoriedad por difundir vídeos en redes sociales con duros ataques a partidos de izquierdas, medios de comunicación y migrantes y por colgar una pancarta contra Pedro Sánchez en el centro de Madrid antes de las últimas elecciones generales— afirmó entonces en una entrevista a este periódico que este curso era necesario porque “la inseguridad es un problema en las calles”.
La polémica estalló el pasado 4 de agosto, cuando Esteve anunció que había firmado un acuerdo con el Sindicato Unificado de Policía (SUP, el segundo en número de votos en las últimas elecciones sindicales, en junio de 2023) para impulsar el curso, por el que sus afiliados -algo más de 20.000 según la propia organización- y sus familiares directos podían inscribirse en el curso a un precio reducido. En aquel momento, la secretaria general del SUP, Mónica Gracia, lo defendió con el argumento de que había lo que llamó una «violencia desmedida» en las calles de España y una pérdida de autoridad de los agentes que supuestamente incrementaba los riesgos a los que se enfrenta la policía a diario. Este martes, dirigentes de este sindicato declinaron facilitar a EL PAÍS el número de afiliados que se han apuntado a la formación, al considerar que esa información afecta a su esfera privada.
El mensaje lanzado ahora por Esteve incluye también un desafío al Ministerio del Interior y, en concreto, al ministro Fernando Grande-Marlaska, pues asegura que los policías que acudan podrán añadirlo a su currículum y que se les dará puntos para ascensos y destinos en los concursos de méritos internos “le guste o no a Marlaska”. El ministerio ya había anunciado cuando estalló la polémica que no avalaba ninguna formación que se impartiera fuera de su departamento –y, por tanto, tampoco se les daría puntos– y que solo respaldaba la formación oficial impartida por la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional. Este martes, fuentes del departamento insistían en que la formación de Desokupa no se tendrá en cuenta en ningún caso en los procesos internos. En agosto, el Ministerio del Interior anunció que abría una investigación interna para analizar si el curso vulneraba efectivamente los “valores democráticos” y si retiraba las subvenciones que recibe el SUP por su representación, que el año pasado ascendieron a 51.454 euros. Fuentes del ministerio aseguran que esa investigación aún no ha concluido.
A esta investigación interna se han sumado informes de la Abogacía del Estado y de la Secretaría General Técnica del Ministerio, que han puesto de manifiesto la presunta irregularidad que podría producirse por el hecho de que en el curso participen como instructores agentes de las fuerzas de seguridad en activo. En la página web a través de la que el Club Desokupa promociona el curso se destaca que, al menos en la formación en línea Además, entre los “expertos en autodefensa” que la impartirán hay “miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. El propio Esteve ha llegado a afirmar que “el 85%” de sus instructores son agentes en activo. Fuentes del Ministerio aseguran ahora que para ser profesores de la misma, estos policías deberán informar previamente al Ministerio del Interior para que la administración analice si con esa actividad docente incumplen el régimen de incompatibilidades al que están sujetos todos los funcionarios.
Cuando estalló la polémica el pasado verano, los demás sindicatos policiales salieron en masa a criticar el acuerdo al considerar que daña la imagen de la institución por la participación de Esteve, que entonces alentó protestas a través de las redes sociales frente a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, en las que se produjeron graves altercados protagonizados por activistas de extrema derecha que provocaron heridas a decenas de agentes. Incluso hubo una crisis interna en el propio SUP, con la dimisión de algunos miembros, la exigencia del comité provincial de A Coruña de convocar un congreso extraordinario y, al menos, la dimisión de un dirigente en el País Vasco. Este último denunció en una carta lo que calificó de “deriva ultraderechista” de su sindicato.
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La polémica llegó al Congreso gracias al Grupo Parlamentario Sumar, que registró ocho preguntas dirigidas a Grande-Marlaska en las que cuestionaba, entre otras cosas, que “grupos civiles violentos formen a miembros activos de la policía”, en referencia a la empresa de Esteve. También fue criticado por CC OO, el sindicato con el que el SUP mantiene un convenio de colaboración desde 2015. “Tras este acuerdo de formación con la empresa Desokupa, que consideramos peligroso para la democracia, CC OO estudiará continuar con el convenio de colaboración”, afirmó el sindicato.
