El fin de una infracción grave de la Constitución

El fin de una infracción grave de la Constitución

Cinco años, seis meses y 21 días después, el PP se ha decidido ¡por fin! – que era bueno cumplir con la Constitución. La renovación del Consejo General del Poder Judicial que acaba de anunciarse pone fin a una de las anomalías democráticas más graves desde la entrada en vigor de la Constitución: el intolerable bloqueo de uno de los poderes del Estado por parte de la derecha, que se negó a cumplir con la misma ley que reformó el Gobierno de Mariano Rajoy.

¿Qué hubiera pasado si hubiera sido la izquierda la que se hubiera negado a renovar el Poder Judicial, incumpliendo el mandato constitucional durante más de cinco años? ¿Por qué delito se habría procesado a los responsables? ¿Prevaricación? ¿Rebelión? ¿Sedición? ¿Alta traición?

Hemos normalizado tanto lo ocurrido en este tiempo que incluso nos olvidamos de que no es la primera vez. Qué pasa siempre que el PP pierde el Gobierno y se queda en la oposición. Lo cual, visto lo barato que es, probablemente nos vuelva a pasar.

Pero vayamos al acuerdo. Que hay varias cosas importantes que explicar.

Puedes consultar los nombres y trayectorias de los nuevos miembros del CGPJ aquí. Del lado progresista, son diez: cinco de Jueces para la Democracia (Ricardo Bodas –que estuvo afiliado a esta asociación, aunque ya está jubilado–, José María Fernández Seijo, Esther Erice, Lucía Avilés y Carlos Hugo Preciado), un fiscal de la Unión Progresista de Fiscales (Inés Herreros) y tres juristas: Argelia Queralt, Bernardo Hernández y Luis María Contreras.

En el bando conservador hay otros diez, la gran mayoría vinculados al Colegio Profesional de la Magistratura: los jueces Alejandro Abascal, Ángel Arozamena, José Eduardo Martínez Mediavilla, José Carlos Orga, José Antonio Montero y Esther Rojo y Gema Espinosa. También está la fiscal, Pilar Jiménez. Y otros dos juristas: Isabel Revuelta y José Luis Costa Pillado.

Diez a diez, la mitad por cada sector. Y sólo queda saber quién presidirá el CGPJ. Distintas fuentes aseguran que -por primera vez- será mujer, y se especula con el nombre de Pilar Teso, que es magistrada del Tribunal Supremo y no pertenece a ninguna asociación, aunque se la considera progresista. .

Si es la presidenta, o alguien similar, el resultado general es positivo y representativo de la realidad del país. No hay perfiles ultra entre los propuestos por el sector conservador -como reconocen miembros de ambos bloques-. Tampoco hay ningún nombre entre los progresistas que pueda inflamar a la derecha porque recientemente han tenido una responsabilidad gubernamental –Ricardo Bodas, magistrado emérito del Tribunal Supremo, fue entre 20 UU 03 y 2007 director general de Justicia en el Gobierno de Zapatero, pero este Se ha informado que han pasado 17 años. No es un mal negocio, por lo que podría ser. No es un mal consejo, que tiene una importante tarea que desempeñar.

Al margen de estos nombres, PSOE y PP han acordado una serie de reformas para el Poder Judicial. En esencia, al 90%, son los mismos cambios que se habían pactado hace casi dos años, en octubre de 2022, cuando Feijóo no se atrevía.

El acuerdo establece una serie de incompatibilidades para los nombramientos de este órgano: que no haya nadie que haya desempeñado un cargo político en los cinco años anteriores, requisito que se extiende también al fiscal general. Regula el regreso a los tribunales de los jueces que ingresan a la política: deberán tomar una excedencia de dos años, aunque sin perder su salario durante este tiempo. Y también encarga a este nuevo CGPJ que elabore una propuesta de reforma al Parlamento sobre la elección de los vocales judiciales, que tendrá que ser apoyada por una mayoría de tres quintos del nuevo consejo.

Sólo queda un añadido más al acuerdo que PSOE y PP alcanzaron en 2020: el papel de la comisión de calificación. Supone establecer un procedimiento menos arbitrario para cada nombramiento que realice este nuevo CGPJ. Que sea un proceso más objetivo, donde se valoren los méritos de cada candidato por algo más que la afinidad ideológica o personal.

No es una mala solución.

También hay un nuevo nombramiento que ya estaba previsto: el del juez del Tribunal Constitucional que corresponde al Senado y que debía elegir la derecha -sustituye a otro conservador que estuvo ausente por motivos de salud-. Será José María Macías, quien salte del actual CGPJ en funciones -fue allí el líder de la derecha, y también el más duro contra el Gobierno y la ley de amnistía- al Tribunal Constitucional. Como ejemplo de ese mensaje de “despolitizar” las instituciones que tanto pregona el PP, no parece el candidato ideal.

En el Constitucional, pese al ingreso de Macías, se mantiene una mayoría progresista: 7 a 5. Pero la decisión del ex ministro socialista Juan Carlos Campo de inhibirse de cualquier votación sobre la amnistía y otros temas que estaban relacionados con su época anterior en el Gobierno deja esa mayoría mucho más ajustada: 6 a 5, nada más. Es una batalla que sin duda librará ahora la derecha, y que esperemos no acabe como la histórica y desastrosa sentencia del Estatut, ocurrida también en un periodo en el que el sector progresista se suponía tenía mayoría en el Tribunal Constitucional. .

En teoría -dicen tanto el Gobierno como la oposición- el acuerdo se limita únicamente a estos nombramientos. En la práctica, otras fuentes aseguran que no será así, y que este pacto es sólo el primero de otras negociaciones que ya están en marcha, como el consejo de RTVE, o los nombramientos en la CNMC o el Banco de España.

Con esta renovación, Alberto Núñez Feijóo cierra por fin el episodio más oscuro de su etapa como líder de la oposición. El líder popular fue incapaz, hace casi dos años, de soportar la enorme presión que sufrió por parte de los medios conservadores para no renovar. Está por ver cuál será la respuesta de esos mismos medios y del ala más ultra de su partido, encabezada por Isabel Díaz Ayuso. Aunque la amiga de Javier Milei no vive actualmente su momento más difícil, con ese particular que paga la casa en la que vive pendiente de qué sentencia tendrá. Por lo que parece, no protestará.

En la práctica, el acuerdo supone también que el PP admita finalmente una realidad incómoda: que hay Gobierno para rato, por mucho que repitan que no lo hay.

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