Skip to content
El Gobierno agiliza in extremis el permiso ambiental para 170 proyectos de renovables

Planta eólica. / RC

Este mismo miércoles acababa el plazo para autorizar la construcción de esas plantas eólicas y solares, de las que se habían presentado unas 200 solicitudes

El Gobierno agiliza in extremis el permiso ambiental para 170 proyectos de renovables

El Ministerio de Transición Ecológica ha aprobado 170 declaraciones de impacto ambiental sobre un total de 200 expedientes recibidos hasta este miércoles para la viabilidad y desarrollo de distintos proyectos renovables. Se trata del último día hábil para que tanto el Estado -como las comunidades autónomas- pudiera agilizar estos proyectos. Si no lo hiciera, los promotores de esas instalaciones perdían los derechos para explotar esas plantas que en su día les concedió Red Eléctrica.

Las comunidades autónomas son las administraciones encargadas de analizar la solicitud de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para plantas (ya sean eólicas o solares, además) con menos de 50 Mw. Por encima de esa cuantía, el responsable es el Ministerio de Transición Ecológica. En concreto, el conjunto de administraciones tienen sobre la mesa unos 60.000 megavatios (Mw) para un millar de proyectos. El 20%, unos 200, correspondían al Ministerio, que ha acelerado los trámites para ponerlos en marcha.

A pesar de esta premura, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) «favorable» para los proyectos de renovables supone hacer un uso «con todas las garantías» de esta energía, tal y como exigen los ciudadanos.

Ribera ha informado de que, a la espera de los datos definitivos, algunos de estos 170 expedientes favorables están sujetos a condiciones. Por su parte, solo 22 expedientes han obtenido una desfavorable y ocho se han archivado por falta de declaración o subsanación. Asimismo, un promotor desistió en el último momento y otro entró este mismo miércoles, fuera de plazo.

Para la ministra, la consecución de esta declaración permite a los proyectos «fortalecer su robustez» y garantizar que su impacto medioambiental sea mínimo.

Respecto al trabajo realizado entre las comunidades autónomas y el Gobierno, la ministra ha asegurado que todas las administraciones eran «conscientes» de que los equipos destinados a llevar a cabo esta actividad no estaban correctamente dimensionados para el volumen de proyectos.

«Algunas regiones han sido más ágiles y otras más lentas, aunque todas han coincidido en la necesidad de agilizar el proceso para garantizar una declaración que es clave desde el punto de vista de la tranquilidad social», ha dicho.

Con todo, ha recalcado que la relación técnica ha sido en todo momento fluida y que las comunidades han realizado «un gran esfuerzo», pese a que se tardará todavía un poco en tener «la foto final».

wj en