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El Gobierno agiliza in extremis la licencia ambiental de 170 proyectos renovables

El Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado 170 declaraciones de impacto ambiental de un total de 200 expedientes recibidos hasta este miércoles para la viabilidad y desarrollo de diferentes proyectos renovables. Este es el último día hábil tanto para el Estado -como para las comunidades autónomas- para agilizar estos proyectos. De no hacerlo, los promotores de estas instalaciones perderían los derechos de explotación de dichas plantas que en su día les concedió Red Eléctrica.

Las comunidades autónomas son las administraciones encargadas de analizar la solicitud de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para plantas (ya sean eólicas o solares, principalmente) de menos de 50 Mw. Por encima de esa cantidad, el responsable es el Ministerio de Transición Ecológica. En concreto, el conjunto de administraciones tenía sobre la mesa unos 60.000 megavatios (Mw) para un millar de proyectos. El 20%, unas 200, correspondía al Ministerio, que ha acelerado los trámites para ponerlas en marcha.

Pese a esta urgencia, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) «favorable» a los proyectos renovables supone hacer un despliegue «con todas las garantías» de esta energía, como demandan los ciudadanos.

Ribera ha informado de que, a la espera de los datos definitivos, algunos de estos 170 expedientes favorables están sujetos a condiciones. Por su parte, sólo 22 expedientes han obtenido declaración desfavorable y ocho han sido archivados por falta de información o subsanación. Asimismo, un promotor se retiró en el último momento y otro ingresó este mismo miércoles, pasado el plazo.

Para la ministra, la consecución de esta declaración permite que los proyectos «reforcen su robustez» y garanticen que su impacto ambiental sea mínimo.

Respecto al trabajo realizado entre las comunidades autónomas y el Gobierno, la ministra ha asegurado que todas las administraciones eran «conscientes» de que los equipos destinados a realizar esta actividad no estaban correctamente dimensionados para el volumen de proyectos.

“Algunas regiones han sido más ágiles y otras más lentas, aunque todas han coincidido en la necesidad de acelerar el proceso para garantizar una declaratoria que es clave desde el punto de vista de la tranquilidad social”, dijo.

No obstante, destacó que la relación técnica ha sido fluida en todo momento y que las comunidades han hecho «un gran esfuerzo», a pesar de que aún falta un tiempo para tener «la foto final».