Una vez presentado el paquete de más de 30 medidas del plan de regeneración, lo que supone tocar una veintena de leyes -varias de ellas orgánicas, que requieren mayoría absoluta para cambiarlas-, el Gobierno tiene ahora por delante un difícil trabajo. No sólo concretar las reformas que sólo están esbozadas, sino sobre todo encontrar mayorías para aprobar cada una de ellas. El PP ya ha anunciado que tendrá muy difícil apoyarlas porque cree que suponen un ataque contra la prensa, aunque aceptaría lo que esté en el reglamento europeo que ellos mismos apoyaron en Bruselas. El Gobierno de coalición, que ha trabajado en ese reglamento consultando a sus socios del bloque de la investidura, espera convencerles para que saquen adelante las reformas de forma gradual a lo largo de tres años, pero no será fácil. No irán en paquete, sino una a una, y muchas implicarán trámites complicados -es complejo tocar el Código Penal o la ley electoral-, por lo que habrá que hacer mucho trabajo parlamentario. Aun así, y pese a las reticencias iniciales y a las críticas de varios socios que lo consideran insuficiente, nadie dentro de la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno muestra una oposición radical al contenido.
De entrada, los socios ven deficiencias en el plan presentado por el Ejecutivo, aunque reconocen que es pronto para valorarlo en profundidad -en muchos casos aún no habían tenido tiempo de leer el documento-. En las primeras opiniones dadas a lo largo de la tarde, los tonos varían de unos a otros y en realidad habrá que ver los apoyos que reúna el Gobierno medida a medida: a EH Bildu le gusta la música, mientras que ERC califica el plan de «decepcionante» y Podemos exige que incluya algunas de sus reivindicaciones, sobre todo en lo que se refiere a su particular cruzada de los medios de comunicación, como la declaración de intereses de presentadores y directores de programas.
El PNV la considera “vaga”. Fuentes del grupo apuntan que “no se ha consensuado”, que “desconocen el contenido exacto” y critican al Gobierno por “lanzar medidas sin discutirlas con quienes dan el apoyo parlamentario”. Propuesta a propuesta, el grupo vasco ve “ridícula” la que se refiere a la ley mordaza y los secretos oficiales, alertando de que si se basa en el anteproyecto de ley del PSOE para 2022 “implicaría que los plazos para desclasificar documentos llegaran incluso a duplicar” los planteados en el anteproyecto del PNV, actualmente en trámite en el Congreso. La reforma de esta ley es una de las reivindicaciones históricas del partido.
Fuentes de Junts, un partido acostumbrado a poner en jaque al Ejecutivo en cada votación, han comentado escuetamente que tendrán que evaluarlo, aunque también hay críticas al plan. “Sabiendo lo que trama esta gente, será más escaparate. Llevan cinco años en el Gobierno y no han dicho nada”, aseguran fuentes parlamentarias del partido, que subrayan que el Ejecutivo no actúa sobre los “jueces que prevarican” con la amnistía.
EH Bildu destaca que “a primera vista” las 31 medidas del paquete legislativo “van en la buena dirección” al incluir algunas de las demandas planteadas en la reunión de julio con los negociadores de la coalición, los ministros Félix Bolaños y Ernest Urtasun. Entre ellas, atajar los bulos y la desinformación, aumentar la transparencia e implementar medidas de apoyo a los medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas oficiales distintas del castellano. Sin embargo, fuentes del partido esperan que se puedan incluir más aportaciones en la tramitación parlamentaria y critican que no haya “novedades relevantes” en los anuncios sobre la reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, que consideran “insuficientes”. “Si así fuera, los artículos más lesivos por los que no prosperó la reforma en la pasada legislatura quedarían intactos”. EH Bildu espera conocer más detalles sobre la reforma de la ley de secretos oficiales. “Si eso supone volver a los plazos y a la propuesta que hizo el Gobierno hace dos años, no la apoyaremos”, advierten.
Con mucha más contundencia, ERC subraya que el plan es solo una “declaración de intenciones y muy tibia”. “El PSOE actuando como el PSOE. Pura decepción”, señalan fuentes del partido, que aunque esperan la tramitación en el Congreso, observan la propuesta “con preocupación”. Los republicanos ponen algunos ejemplos, como el hecho de que el documento reconoce que hay que abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que puedan afectar al derecho a la libertad de expresión y creación artística, “pero por ahora no hay ninguna concreción sobre cómo saldrán esos cambios”. “No sabemos si esto incluye la derogación de los delitos contra la Corona, como también proponemos desde ERC. Hay todo tipo de interpretaciones”, indican. En Sumar, sin embargo, insisten en que sí incluye esta institución, porque el texto del acuerdo menciona las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que han reprochado a España perseguir a los artistas por atentar contra la Corona.
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‘Ley mordaza’
Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, Lo único que se menciona es la modificación de un artículo para acabar con las sanciones por el uso y difusión de imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Y no es cierto que eso suponga reformar nada, sino aplicar una sentencia del Tribunal Constitucional”, añaden. Se dejan fuera aspectos “fundamentales”, subrayan, como una reforma integral de esta ley, que debe abordar la prohibición de las balas de goma, la revisión/eliminación de las sanciones por faltas de respeto y desobediencia y las llamadas devoluciones en caliente. Otra medida que no se detalla es la ley de secretos oficiales, ni se están saneando las “cloacas del Estado”, subrayan. “Por tanto, estamos en disposición de decir que este plan, por ahora, no es realmente un plan de regeneración democrática. Es pura decepción”.
En el Grupo Mixto, Podemos, que se ha convertido en un socio incómodo esta legislatura y ha puesto contra las cuerdas al Ejecutivo en más de una ocasión, ya ha avisado de que no apoyará el plan si no incluye algunas de sus reivindicaciones, como una ley que incluya una declaración de intereses de los grandes presentadores y directores de programas que marcan la línea editorial en cuestiones como, por ejemplo, la regulación de los precios de alquiler. En el mismo grupo, Coalición Canaria afirma que aún tiene que estudiar el texto; UPN critica su origen (“pretende generar desconfianza y falta de credibilidad de forma generalizada en lo que publican los medios y no es del agrado del presidente”, señalan fuentes del partido); y a falta también de un análisis más exhaustivo, el BNG celebra que el Gobierno haya incluido algunas de sus demandas, como la derogación de los delitos contra los sentimientos religiosos o la obligación de celebrar debates, entre otras.
Poco margen para el PP
Hay poco margen para la negociación a priori El Gobierno está enfrentado con el PP, partido mayoritario en la Cámara Baja, que el lunes comparó a Pedro Sánchez con Nicolás Maduro -aunque sin mencionarle expresamente- tras anunciarse en el Congreso el plan de regeneración. Una vez conocidas las primeras líneas del “plan de acción democrática”, el Partido Popular reafirmó su rechazo y trató de establecer una conexión directa con las “investigaciones judiciales” contra el Ejecutivo, el PSOE y el círculo familiar de Sánchez, en referencia a la causa abierta contra su mujer, Begoña Gómez. “¿Reglamento europeo de medios? Sí, claro, pero ni más ni menos. El Gobierno no debe intentar aprovechar esa adaptación a la normativa europea para colar por la puerta de atrás cualquier elemento que vaya precisamente en contra de los principios que defiende Europa. Si lo hace, tiene que saber que nos tendrá delante y que lo frenaremos”, enfatizó este lunes en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado. El PP, no obstante, mantiene una posición abierta respecto a la parte que afecta a la normativa europea y esperará a conocer el contenido concreto antes de tomar una decisión.
