el Gobierno quiere dar la vuelta al modelo de cuidados

En España se da por sentado que la única solución posible para una persona que necesita un gran apoyo en su vida diaria es vivir en una residencia. Ya sea porque es mayor, porque es menor protegido o porque tiene una discapacidad. Esto sucede en gran medida porque no hay suficientes recursos públicos para hacer viable la vida en casa en estas circunstancias. El Gobierno acaba de aprobar una estrategia para cambiar el modelo de atención. El objetivo, muy ambicioso: que todas las personas, sin importar sus necesidades de apoyo, puedan elegir dónde, cómo y con quién vivir. Integrados en su barrio y no aislados en una institución.

“El futuro no pasa por construir más viviendas, sino por dotar de los recursos necesarios para que la gente pueda vivir en su barrio o en su pueblo con sus seres queridos el tiempo que sea necesario”, explicó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El plan, según Bustinduy, es una «brújula» para avanzar hacia un modelo «más eficiente, racional y humano», con más recursos para teleasistencia, ayuda a domicilio o centros de día frente al paradigma actual de las «macro residencias», cuyas carencias fueron revelados durante la pandemia”.

Entre 4,2 y 6,5 millones de personas en España necesitan atención. Son alrededor del 10% de la población y, de ellos, 350.258 viven en residencias (288.765 son mayores de 65 años, 32.934 son personas con discapacidad y 17.061 son niños o adolescentes tutelados y 11.498 son personas sin hogar).

Los datos se recogen en el plan que aprobó este martes el Consejo de Ministros y que nació con una inversión inicial de 1.300 millones de euros hasta 2030, principalmente del fondo de recuperación europeo. Sin embargo, el presupuesto y las medidas específicas se limitarán cada dos años en planes más coyunturales negociados con las comunidades, que tienen competencias en servicios sociales. El primero se presentará durante el verano, según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, que ha impulsado y coordinado la estrategia.

El principal proceso que sustenta el plan es la “desinstitucionalización”. Una palabra muy larga que significa, simplificando mucho, pasar de cuidar en entornos aislados y segregados (que se llaman instituciones) a brindar un apoyo “centrado en las personas, que respete sus elecciones, voluntad y preferencias y promueva la participación y la inclusión social”. en la comunidad.»

Hasta aquí la teoría. Pero ¿cómo ponerlo en práctica en un país donde todavía es difícil garantizar el modelo primario que el Gobierno quiere abandonar? Con un «cambio cultural», nuevas leyes y regulaciones y más dinero distribuido de forma diferente, según el plan, aunque el Ministerio de Derechos Sociales admite que es un proceso «largo, quizás décadas» que requiere cambios muy profundos. “Lo que antes considerábamos una buena atención, que era satisfacer las necesidades básicas (dormir, comer y limpiar), ya no es así. Tenemos otro concepto de cómo nos gustaría que nos atendieran”, afirman fuentes del Ministerio.

Para organizar la transición, el equipo liderado por el ministro Pablo Bustinduy la ha articulado en siete “focos estratégicos”. Entre ellos está la “sensibilización social”, ampliar la cartera de servicios y “reorientarla para promover la autonomía” con recursos “que se asemejen lo máximo posible a los hogares de las personas”, mejorando las condiciones laborales de las labores de cuidados. –a través de un plan específico para mejorar salarios y reducir ratios– y viviendas “más asequibles, estables y accesibles”. El documento identifica como «desencadenante de los procesos de institucionalización» el hecho de que una vivienda no pueda ser accedida o mantenida en las condiciones necesarias, según el grado de dependencia.


En España hay 381.514 plazas en residencias de mayores distribuidas en 5.188 centros. Una de cada diez personas que tiene alguna prestación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) vive en estas instituciones, frente al 20,8% con teleasistencia o el 18,7% que cuenta con ayuda a domicilio. El beneficio por contratar un asistente personal, por ejemplo, es nominal (0,52%) y mayoritario sigue siendo el que se ofrece para “cuidado familiar” (29,93%).

“El sistema no está dando la respuesta que la gente necesita”, afirma Rafael de Asís, investigador principal de un estudio realizado por un equipo de la Universidad Carlos III de Madrid que ha servido para sustentar la estrategia. El trabajo se inició en el mandato anterior, cuando Ione Belarra estaba al frente de la cartera. Según Derechos Sociales, el 70% de las personas en situación de dependencia son atendidas únicamente por un miembro de la familia. Mayoritariamente por mujeres. Los expertos sostienen que el riesgo de vivir en una institución depende más de la red que tengas y de tus recursos económicos que de la dependencia misma.

¿El nuevo modelo pretende, entonces, prescindir de todas las residencias? “Que no haya instituciones residenciales es un poco una utopía y no todas las instituciones son malas en sí mismas. Es decir, no se trata de ir en contra de todas las instituciones sino de una forma de enfocar que priorice la organización por encima de las personas. Por ejemplo, comer, cenar y dormir a una hora obligatoria. Por ahí tenemos que empezar”, explica De Asís, catedrático de Filosofía del Derecho en la Uc3M.

La estrategia, en este sentido, pretende acabar con las personas «que viven aisladas y segregadas» y con «la falta de control sobre sus vidas y decisiones cotidianas» debido a un «trato uniforme y despersonalizado». «Hay estudios que nos dicen que esto impacta negativamente en la calidad de vida, limita la autonomía y representa dificultades para desarrollar un proyecto digno de vida», señalan desde Derechos Sociales. El investigador Rafael de Asís asume que esto tiene mayor riesgo de ocurrir en macrorresidencias con muchas camas que en las de menores recursos: “El tamaño no lo es todo, pero es un indicativo”. Casi uno de cada cuatro centros en España tiene más de 100 plazas, según el primer censo oficial de estas instituciones, publicado hace dos meses.

Un trabajo ya iniciado en el mandato anterior

El Gobierno ya avanzó en el anterior mandato por el camino recorrido por el actual equipo: firmó un convenio de acreditación con las comunidades autónomas que obligaba a las nuevas residencias a cumplir una serie de requisitos (habitaciones individuales y plazas limitadas). El Ministerio de Derechos Sociales evaluará el nivel de cumplimiento de este acuerdo en los próximos meses. En definitiva, son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en el sistema de atención a la dependencia, aunque una parte importante de la financiación proviene del Estado.

El Gobierno tendrá que negociar con ellos esta transición hacia la desinstitucionalización. «Hay acuerdo en pasar de un modelo de macroresidencia a entornos más hogareños, aunque cada comunidad decidirá con sus presupuestos con qué rapidez quiere pasar a este sistema», afirman desde Derechos Sociales. También con los prestadores de servicios, que en el caso español son, en muchos casos, grandes empresas -e incluso fondos buitres- que vieron en estos centros un nicho de negocio a costa de una atención precaria. La pandemia mostró el peor lado de esa realidad. Sólo el 14% de las residencias en España son completamente públicas. “Sin duda esto plantea desafíos porque muchas de estas medidas chocan con grandes grupos inversores que se benefician de todo esto y ponen trabas para dar pasos hacia adelante”, afirma De Asís.

Al final, el Ministerio de Derechos Sociales resume así la estrategia: “se trata de dar a la gente la posibilidad de quedarse en casa si lo desea o acudir a un recurso que responda a un modelo de hogar”. “No queremos – añaden inmediatamente – reforzar el mensaje de que la única solución es la residencia cuando sabemos que no lo es”.

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