El Congreso no votará este jueves la senda de estabilidad, es decir, el documento que fija los límites de déficit y deuda que deben respetar las administraciones públicas en los próximos tres años. Una votación que estaba abocada al fracaso por la falta de apoyo de Junts y que ha llevado al Gobierno a suspender este martes su tramitación. En situaciones extremas El Gobierno ha decidido no presentar el proyecto de Presupuestos para 2025 en el plazo legal (antes del 1 de octubre) para evitar un duro revés político. Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman que la primera consecuencia de esta decisión será que no se pueda presentar el proyecto de Presupuestos para 2025 en el plazo legal (antes del 1 de octubre). Ante la manifiesta debilidad parlamentaria, cada vez hay más partidarios en las filas del Gobierno de prorrogar por segundo año consecutivo las cuentas públicas para 2023. Sería la sexta prórroga presupuestaria en la última década.
El Consejo de Ministros ha acordado retirar los objetivos de estabilidad para ganar tiempo e intentar reconducir la relación con el partido de Carles Puigdemont. Los siete diputados de Junts juegan un papel crucial en la aritmética del Congreso, como demostraron la semana pasada al rechazar sorprendentemente una proposición de ley para limitar los alquileres temporales después de haber anunciado que se abstendrían. Junts ya fue determinante al rechazar la senda de estabilidad votada en el pleno del 23 de julio, y todo apuntaba a que la situación iba a repetirse, pese a que el Gobierno lleva semanas concentrando la presión sobre el PP para intentar lograr al menos su abstención. El argumento esgrimido por La Moncloa, sin éxito, es que los presidentes autonómicos y alcaldes populares serían los más perjudicados por el rechazo a la actualización de la senda de estabilidad, ya que supondría no invertir casi 12.000 millones de euros en servicios públicos en 2025 y 2026.
Los ministerios de Hacienda y de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han llevado a la reunión del Consejo de Ministros de este martes la propuesta por la que se retiran de la tramitación parlamentaria los objetivos de estabilidad presupuestaria, así como el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Fuentes del Ejecutivo explican que el lunes comenzaron a explorar la posibilidad de aplazar la votación, tras constatar la falta de apoyos en el hemiciclo. «Si el PP vota en contra de la senda de déficit, es probable que el Gobierno pierda la votación», reconocía ese día la portavoz del PSOE, Esther Peña, culpando así a Alberto Núñez Feijóo de la previsible derrota parlamentaria y evitando la más mínima crítica a Junts.
El Gobierno argumenta que ha presentado una senda avalada por las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal, y que flexibiliza los objetivos de déficit de las comunidades autónomas y los gobiernos locales en 2025 y 2026. Ese mayor margen lo asumiría la Administración central, que sería la que haría un mayor esfuerzo para reducir el déficit. La Moncloa destaca que la senda del Gobierno ofrece a las comunidades y a los gobiernos locales una mayor capacidad de gasto, pero que no ha sido suficiente para conseguir los votos necesarios.
Truncar de nuevo la senda de estabilidad supondría quitar dos décimas de margen fiscal a las comunidades autónomas en los dos próximos años. Para los ayuntamientos, la nueva senda fiscal supondría tener una décima más de margen fiscal en 2025 y dos décimas más en 2026. El Gobierno advierte, además, de que las reglas fiscales comunitarias volverán a entrar en vigor tras la pandemia y la crisis inflacionista provocada por la guerra en Ucrania. Fuentes gubernamentales destacan, además, que si la senda de estabilidad propuesta no sale adelante, el Gobierno tendrá más margen para cumplir con las exigencias de la UE, en detrimento de las comunidades y ayuntamientos, que tendrían exactamente lo contrario.
Pese a los números del Gobierno, el PP sigue atrincherado en su voto al no. Lo mismo ocurre con Junts. La reunión que Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, y Puigdemont mantuvieron con sus respectivos equipos el pasado viernes en Suiza no ha restablecido, de momento, la relación con un socio que fue fundamental para la investidura de Pedro Sánchez y del que depende el Gobierno para poder aprobar su acción legislativa.
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El pasado 10 de septiembre, el Consejo de Ministros volvió a aprobar la senda fiscal que PP y Junts ya habían rechazado a finales de julio. Y ya entonces, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusó a Feijóo de las consecuencias que tendría si no salía adelante la actualización de los objetivos de estabilidad. “La única pregunta que tiene que responder el PP es si quiere obligar a comunidades y ayuntamientos a hacer un ajuste presupuestario en dos años de 11.550 millones o permitirles mayor capacidad de gasto. Cualquier otra pregunta son excusas y ruido. Espero que se instale un mínimo de sentido común y cordura en el PP, para que no den la espalda a los presidentes autonómicos y alcaldes, ni a los ciudadanos que viven en estos territorios”, afirmó. En las comunidades presididas por el PP viven más de 36 millones de personas.
Desde entonces, todos los intentos del Gobierno por convencer al PP han sido en vano. Sánchez se centró en los 5.000 millones de euros en el aire para el ejercicio 2025 en la reunión que mantuvo el pasado lunes con los diputados, senadores y eurodiputados del PSOE. Pero en privado, todos los interlocutores socialistas y del Ejecutivo consultados reconocen que es de Junts, y no del PP, de quien depende el camino hacia la estabilidad y otras votaciones cruciales. Por eso el Gobierno ha decidido darse más tiempo, con la esperanza de lograr el voto favorable de Junts.