El nuevo plan anticrisis elimina la ayuda universal al carburante y dar un cheque comida

Tras muchas semanas de intensas negociaciones, el Gobierno aprovechará el último Consejo de Ministros del año para aprobar su tercer paquete de medidas anticrisis, con un coste esperado de entre 7.000 y 10.000 millones de euros. Un plan que llega a las puertas de un nuevo ejercicio marcado por la desaceleración del crecimiento económico, con una inflación todavía muy elevada, que cerró noviembre en el 6,8%.

Está previsto que, finalmente, la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible se elimine tal y como se conocía hasta ahora, eliminándose para particulares y limitándose a los sectores más afectados por el impacto de la crisis energética, como los transportistas.

Con los precios de la energía moderándose en las últimas semanas, una de las grandes preocupaciones de las familias españolas ha pasado a ser el fuerte repunte experimentado por los alimentos, que este año suben el doble que la inflación general, con tasas que ya rondan el 15%. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los alimentos que más han subido de precio desde noviembre de 2021 son el azúcar, que se ha disparado un 50,2%, el aceite (31,5%), la leche (31%), los huevos (27%), los cereales (23%) y las patatas (21,5%).

Ante esta situación, el Ejecutivo ha decidido atacar la subida de la cesta de la rebajando el IVA de algunos alimentos como el pescado del 10% al 4%, según confirmaron fuentes de Moncloa a este periódico.

La legislación actual cuenta con un IVA del 21% para determinados productos vinculados a la alimentación (zumos o bebidas refrescantes, entre otros), el 10% (pescado, aceites, pasta, yogures, agua embotellada, café o conservas) y del mínimo 4 % (huevos, verduras, frutas, legumbre, pan, queso o leche).

Cheque de 300 euros y alquileres

Lo que sí se da ya por hecho es el acuerdo para poner en marcha un check ayuda para aliviar el incremento del gasto en la cesta de la compra. Queda por cerrar, no obstante, la cuantía ya quién se beneficiará. Unidas Podemos quiere que sea de 300 euros y no se limite a las familias vulnerables, sino que impacte también en las rentas medias (por debajo de 42.000 euros anuales), lo que podría extenderlo a entre ocho y diez millones de personas.

Las negociaciones de los socios de Gobierno de coalición sobre las nuevas medidas se han extendido hasta esta misma mañana. La vivienda ha sido uno de los puntos más tensos a la hora de alcanzar el acuerdo y, finalmente, todo apunta a que el Ejecutivo renovará el límite del 2% a la actualización de los precios de los alquileres. Con la futura Ley de Vivienda completamente estancada, también se prevé la congelación de los nuevos contratos que se vayan a renovar durante al menos seis meses. Es decir, los propietarios tendrán que mantener precios a los nuevos inquilinos.

Además, se prevé que el Gobierno prorrogue medidas ya en marcha, como la subida del 15% de las pensiones no contributivas, la gratuidad de los billetes de Cercanías y Media Distancia para viajeros frecuentes o la bajada del IVA de la factura de la luz del 10% al 5%, la rebaja al 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad, y la suspensión temporal del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.

costo presupuestario

Según datos de la Comisión Europa, España el coste presupuestario neto de las medidas diseñadas para aliviar la crisis energética este año se estima en un 1,6% del PIB. Es decir, unos 19.000 millones de euros.

Una cifra que ha hecho saltar las alarmas sobre su impacto en las cuentas públicas, en un momento en el que la reducción del déficit y de la deuda pública sigue siendo uno de los principales compromisos con Bruselas dentro del Plan de Recuperación que da acceso a los fondos europeos.

El Gobierno lleva meses defendiendo su capacidad para llevar a cabo una acbao política expansiva del gasto sin estropear la envío de consolidación. Y, de momento, parece que lo está consiguiendo, apoyándose en un incremento histórico de los ingresos que en buena parte viene explicado por el efecto de la inflación sobre determinadas figuras tributarias como el IVA o el IRPF, que también refleja la fuerte resistencia del empleo a la desaceleración económica.

Según los últimos datos públicos del Ministerio de Hacienda, el déficit del Estado se situó en el 2% del PIB en noviembre, frente al 5,83% un años antes. Se trata de un aguhero de 26.500 millones, muy inferior a los casi 70.300 registrados 12 meses antes. Los ingresos se incrementaron hasta los 237.298 millones, en el que los impuestos suponen más del 80% del total.