El PP entierra el proyecto de ley de Concordia que impulsó con Vox en Castilla y León cuando eran socios | España

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), abogó en 2022 por impulsar una Ley de la Concordia frente al decreto autonómico de Memoria Histórica que regía entonces: esta nueva ley, dijo, iba a ser un “elemento de reconciliación” y contribuiría a “evitar el uso de la historia para dividir a los españoles”. En abril de 2024, cuando la norma estaba en tramitación parlamentaria, Mañueco todavía defendía que la norma “amplia derechos y mejora servicios”, y que “no diferencia entre buenas y malas víctimas”. Este miércoles, 25 de septiembre, sin embargo, el PP ha votado en contra de esta legislación, que ha quedado prácticamente sepultada en las Cortes autonómicas. El partido popular ha defendido que “la prudencia aconseja aplazar su tramitación” —sine die— a raíz de los recursos presentados o anunciados por el Gobierno central contra leyes similares en Aragón y la Comunidad Valenciana.

Mañueco ha dado así marcha atrás en una cuestión que era clave para su pacto “sin tapujos” con la ultraderecha sellado en 2022. Por el camino se ha producido el acontecimiento que marca el punto de inflexión en el cambio de postura del PP: en julio de este año, Vox rompió con el Partido Popular y abandonó la coalición de Gobierno. El exvicepresidente y líder regional de Vox, Juan García-Gallardo, ha criticado este giro de sus antiguos socios mientras Mañueco, evitando responder a las preguntas del resto de grupos, ha contraatacado: “Sin Vox, Castilla y León funciona”.

El tema de la Ley de la Concordia aterrizó esta semana en el Parlamento regional tras una insólita alianza entre Vox y el PSOE: los socialistas apoyaron al grupo ultra para llevar a debate esta proposición de ley de la que el PP empezaba a desmarcarse. La oposición aclaró que nunca votaría a favor de esta norma, pero que de esta forma Mañueco y su partido tendrían que retratarse, manifestándose en contra de semejante desviación en la argumentación. El presidente de la Junta calificó de “apriete” esta artimaña de sus rivales. Y el PP defendió que solo quería hacer “las cosas bien” y asegurarse de la pertinencia de la ley a través de un informe del Consejo Consultivo, un informe que la Mesa de las Cortes ya vio innecesario en abril y que tras la votación de hoy ya no se elaborará.

Una vez en el hemiciclo, habrá debate el martes por la tarde y votación el miércoles. La primera sesión puso de manifiesto las consecuencias del divorcio entre Vox y el PP. Juan García-Gallardo, que hasta hace unos meses se sentaba a la derecha de Mañueco, le reprochó ahora como portavoz de su bancada que “las mentiras tienen las patas muy cortas”. La proposición de ley, subrayó García-Gallardo, llevaba los sellos de ambos grupos cuando se presentó. Y lamentó que, si esta finalmente no prospera, se podrá aplicar el “decreto de la discordia”, “vengativo”, que aprobó el anterior Gobierno de Juan Vicente Herrera (PP) en 2018 y que, al establecer “víctimas de primera y segunda categoría”, rompe “el camino de la reconciliación que empezaron a andar nuestros padres y abuelos”. “Lo pagarán caro en las urnas”, vaticinó García-Gallardo.

Mañueco tomó la palabra en esa sesión para criticar a Vox por su Entente circunstancial con el PSOE. “La política hace compañeros de cama raros… Son compañeros de cama muy raros, pero parece que a los dos les gusta”, ha dicho Mañueco, que auguró además más entendimientos entre sus rivales de izquierda y derecha, como en los próximos Presupuestos que debe presentar el PP. Ha advertido a su exsocio de que “se equivoca de adversario” y ha recordado que, si las coaliciones autonómicas de derechas se rompieron en julio en varias comunidades, fue por orden del líder nacional de Vox, Santiago Abascal.

El PSOE, instigador de esta trifulca parlamentaria, se limitó este martes a ejercer de testigo, sin hacer preguntas sobre la Ley Concordia. El socialista Luis Tudanca solo subrayó que, pese a esta artimaña para “retratar” a Mañueco, nunca votarían con Vox para que la ley prosperara. Sobre la ley sí se pronunciaron Podemos y Francisco Igea, exlíder de Ciudadanos. Los primeros, representados por Pablo Fernández, ya dejaron clara su opinión en abril, cuando la Ley Concordia estaba tomando forma: la calificaron de “ley de mierda” y afirmaron que “blanquea la dictadura sanguinaria y criminal”. Igea, víctima de Mañueco cuando rompió la alianza con Ciudadanos antes de aferrarse a Vox, le preguntó este martes si ya no creía que la nueva legislación era “más completa” que la de 2018.

El socialista Tudanca sí ha querido explayarse este miércoles, en una breve ronda de intervenciones de los grupos: ha insistido en que la “ley de la discordia” la favoreció un PP que metió en la Junta a “los que dicen que España no es una democracia”, en referencia a Vox, y ha calificado de “inédito” que “uno de los grupos firmantes” de una proposición legislativa “se oponga, no defienda y proponga retirar(la)”. “No mientas, no te escondas, tú estabas de acuerdo con los fascistas”, le ha espetado retóricamente a Mañueco, ausente del debate. García-Gallardo, de Vox, ha arremetido contra la “violencia” de la Segunda República y ha sostenido que, más allá de sus “excesos”, el “régimen anterior a 1978” —es decir, el franquismo— también trajo cosas buenas, como el “crecimiento económico industrial” o la “apertura al exterior”.

El abogado del PP, Óscar Reguera, ha defendido, por su parte, que su partido “está intentando convencer y no imponer”. “El objetivo de firmar (inicialmente) esa propuesta era mejorar la vida de los ciudadanos”, ha dicho, pero “la prudencia aconseja aplazar su tramitación”. ¿Por qué? Porque en Aragón la Ley de la Concordia ha sido “objeto de un recurso de inconstitucionalidad” y el Gobierno ha anunciado otro recurso similar contra la norma de la Comunidad Valenciana. “Para avanzar en su tramitación juzgamos necesario contar con un informe del Consejo Asesor para comprobar la constitucionalidad, por si el Gobierno presentase un recurso”, ha continuado Reguera, entre reproches a Vox, para justificar que, al negarles la posibilidad de acudir al Consejo Asesor, “la prudencia aconseja esperar” y no sacar adelante la nueva norma.

La votación final, con Mañueco presente, se ha producido pasado el mediodía, con el PP en contra de lo que apoyó cuando gobernaba con Vox. La ultraderecha se ha quedado sola en defensa de la Concordia, al contrario de lo que ocurrió el pasado lunes en Cantabria, donde PP y Vox aprobaron iniciar los trámites para derogar la Ley de Memoria Histórica, aunque todavía no han aclarado si impulsarán una Concordia como sustitutiva. Otras dos comunidades gobernadas por el PP, Aragón y la Comunidad Valenciana, también han dado el paso de derogar sus leyes de memoria, aunque el Tribunal Constitucional suspendió el pasado mes de junio la decisión del Parlamento aragonés a la espera de que se resuelva el recurso interpuesto por el Gobierno central. En cualquier caso, la Ley de Memoria Democrática nacional sigue vigente en todo el territorio.