El PP hace un guiño a la izquierda del PSOE y pide que no se puedan dar armas a Ucrania sin el visto bueno del Congreso

El PP quiere abrir una brecha entre el PSOE y sus socios de izquierdas. Y meterla en uno de los puntos más sensibles para los socios parlamentarios de Pedro Sánchez: el suministro de armamento español a Ucrania para defenderse de la invasión rusa, una decisión que el presidente del Gobierno ha tomado en solitario, haciendo uso de su competencia exclusiva en política exterior. Si prospera la iniciativa del PP, cualquier envío de material militar a una zona de guerra como Ucrania tendrá que estar sujeto a la aprobación del pleno del Congreso, donde probablemente solo saldría adelante si cuenta con el apoyo del propio PP.

Esta exigencia está incluida en la proposición de reforma de la Ley Orgánica de Defensa Nacional que se debatirá este miércoles en el Senado, a propuesta del PP. Como el Partido Popular goza de mayoría absoluta en el Senado, no hay duda de que será aprobada.

En su exposición de motivos, el Grupo Popular defiende que “España es una democracia parlamentaria y debe ser en el Congreso de los Diputados donde se debata y determine la posición de España y el tipo de ayuda que debe prestar a sus socios y aliados”. Añade que “el apoyo militar tiene implicaciones geopolíticas, logísticas y de industria militar que requieren un análisis en profundidad”. Reprocha al Gobierno haber “abusado de sus prerrogativas, también en este ámbito, y evitado cualquier debate sobre los aumentos de tropas en misiones militares, la naturaleza de éstas o la ayuda militar que ha enviado a zonas de guerra”.

La proposición de ley del PP prevé limitar la vigencia de las misiones militares en el exterior a cinco años desde su aprobación por el Congreso, tras lo cual el Gobierno deberá solicitar una prórroga, tras explicar los objetivos alcanzados y los que quedan por alcanzar. En caso contrario, la misión se consideraría automáticamente finalizada y la autorización caducada.

La solicitud deberá incluir también el número máximo de efectivos y el material necesario para la misión. Cualquier aumento de efectivos por encima de ese límite deberá ser aprobado por la Comisión de Defensa del Congreso. Según el texto, en el plazo de un año desde la aprobación de la reforma, el Gobierno deberá solicitar la renovación de la autorización de todas las operaciones militares en curso.

El punto más delicado, sin embargo, es el suministro de armas y municiones a Ucrania. “Para enviar material militar a una zona de guerra, el Gobierno deberá solicitar previamente autorización al pleno del Congreso de los Diputados”, señala la proposición legislativa, que especifica que dicha autorización será anual y su renovación deberá solicitarse a la comisión parlamentaria correspondiente.

Además, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, “el Gobierno deberá solicitar al Pleno del Congreso la autorización para los envíos de material militar a zonas de guerra cometidos con anterioridad a la aprobación de esta ley”. Es decir, el Parlamento tendrá que autorizar retroactivamente la entrega de armamento que España ya ha suministrado al Gobierno de Zelenski. Lo que no explica la iniciativa del PP es qué ocurrirá si el Congreso deniega dicha autorización.

Con esta propuesta, el PP asume una reivindicación histórica de las fuerzas a la izquierda del PSOE, que rechazan el envío de tropas a zonas en conflicto, como Afganistán o Irak, y el suministro de armas a países en guerra, como Ucrania. Y mucho menos sin el visto bueno del Parlamento. Pero supone una ruptura con la línea tradicional del PP, que siempre ha presumido de cumplir los compromisos internacionales de España en materia de defensa, especialmente con la OTAN.

De hecho, la exigencia de que el Congreso apruebe previamente el envío de militares al exterior fue aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien fue reprochado por el Partido Popular la retirada de tropas de Irak, enviadas por el presidente José María Aznar sin el visto bueno del Parlamento.

Una vez aprobada por el Senado, la proposición de ley del PP pasará al Congreso, donde previsiblemente se aprobará con el apoyo de los partidos a la izquierda del PSOE. La única opción que tiene el Gobierno es paralizar su tramitación en la Mesa del Congreso, pero para ello necesitaría la complicidad de Sumar, que tendría difícil explicar su rechazo a una iniciativa que ella misma podría haber firmado.