«Ope legis.» El PNV se aferra a esta frase en latín para dejar claro que la no convalidación en el Congreso del decreto ómnibus del Gobierno de Pedro Sánchez con diversas medidas económicas no afecta en ningún caso a la transferencia a este partido de la titularidad del Palacio histórico de la avenida Marceau de París, adquirido en 1936 a través de testaferros y posteriormente utilizado como sede principal del Gobierno de Euzkadi (entonces con ‘z’ y no con ‘s’) durante el exilio. Esta operación, una vieja reivindicación de los nacionalistas, quedó recogida en una disposición del decreto, que fue aprobado a finales de 2024, y el PNV subraya que ya no existe la posibilidad de revocar los puntos que se han aplicado durante el periodo de validez del decreto. hasta su decadencia por falta de apoyo parlamentario.
Con Junts en contra, el Gobierno no ha encontrado una mayoría alternativa para validar el decreto, que afectaba entre otras cosas a las pensiones o a las bonificaciones en el transporte público. El PP, de hecho, ha afirmado votar expresamente en contra de la inclusión en el decreto ómnibus de lo que ha considerado un «boom» inmobiliario por parte de los nacionalistas. Los ‘populares’, que llegaron a negociar con el PNV la propiedad de este mismo edificio cuando eran los presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy los que necesitaban apoyo parlamentario, hablan ahora en términos muy crudos y han abierto un enfrentamiento directo con el PNV. Cuestionan la legitimidad de la reivindicación patrimonial de los nacionalistas.
Sin embargo, un informe historiográfico encargado por el Ejecutivo muestra cómo personas relacionadas con el PNV aportaron 65.000 dólares desde México para adquirirlo y que luego otros dieron su nombre a una empresa intermediaria. Así ha sido desde la dictadura de Miguel Primo de Rivera por motivos de seguridad. Y lógicamente también se hizo lo mismo en plena Guerra Civil. Posteriormente les fue arrebatado durante la ocupación nazi de Francia y en 1951, mediante sentencia judicial, se consolidó su entrega a las autoridades franquistas. Desde 1991 es una de las dos sedes en París del Instituto Cervantes, dependiente del Gobierno central. El acuerdo incluye que esta organización permanezca allí al menos hasta 2030, aunque pagando alquiler al PNV como nuevo propietario.
“El edificio de la avenida de Marceau, en París, ya está en manos de EAJ-PNV”, subrayan fuentes del partido de Andoni Ortuzar. Y añaden: “La no convalidación de un decreto-ley produce el cese inmediato de sus efectos y su derogación, pero no la anulación de los efectos producidos durante su vigencia. La transmisión ya ha sido establecida en ley (‘ope legis’) y es un acto que ya ha sido perfeccionado (concluido)”. El PNV señala que existe abundante jurisprudencia y literatura académica que demuestra que lo que dice es así. Citan, por ejemplo, análisis realizados por el jurista y ex funcionario del PP Ignacio Astarloa.
“El PNV celebra que, a pesar de las resistencias infundadas, se haga justicia y el edificio de la avenida Marceau, incautado por la Gestapo (el servicio secreto de la Alemania nazi) y posteriormente ocupado por el franquismo, esté en manos de su legítimo propietario” , estas fuentes abundan. “Es justicia. Justicia democrática. Para todos los militantes del partido es una cuestión de sentimiento. Durante años hemos proporcionado documentación de cómo se produjo esa compra y a quién pertenecía. «Es justo lo que ha ocurrido», había dicho sobre este asunto a los periodistas ante el pleno el portavoz ‘jeltzale’ en el Congreso, Aitor Esteban, quien ya anticipó estar «muy tranquilo» antes siquiera de conocer el significado de la votación. .
Se da la circunstancia de que hay un precedente muy reciente de otro decreto ómnibus no validado por el rechazo de Junts con una medida muy relevante para Euskadi y que se aplicó por la misma máxima del “ope legis”. Se trata de la creación como municipio independiente de Usansolo, anteriormente barrio de Galdakao. Y sucedió hace exactamente un año. Tras años de litigio, a través del decreto se adecuó la normativa estatal para hacer posible su segregación pese a no llegar a los 5.000 habitantes. Durante las semanas en que estuvo vigente el decreto se procedió al registro del nuevo municipio. Y eso nunca se desvaneció. Ahora ha iniciado con normalidad su proceso de paulatina configuración como una entidad local más en Bizkaia y Euskadi.