El PSOE ha hecho un guiño al PNV al admitir a trámite su proposición de ley para reforzar el control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y vincularlo más estrechamente al presidente del Gobierno, aunque sin romper de momento su adscripción al Ministerio de Defensa. El portavoz socialista, Patxi López, ha justificado su cambio de postura ante una iniciativa que ya rechazó en la anterior legislatura subrayando que han pasado 20 años desde la aprobación de las leyes que regulan el funcionamiento del servicio secreto, por lo que han quedado obsoletas ante el avance de la tecnología.
En su defensa de la propuesta, el PNV Mikel Lagarda ha subrayado que la reforma es necesaria no solo por el tiempo transcurrido sino también por la Caso Pegasus, en el que la entonces directora del CNI, Paz Esteban, fue destituida tras admitir que había espiado a 18 dirigentes independentistas, entre ellos el expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con autorización judicial. Cuando estalló el escándalo en 2022, el presidente Pedro Sánchez anunció una reforma de las leyes que regulan el servicio secreto, pero ese anuncio no se ha cumplido y ni siquiera figura en el paquete de medidas para la regeneración democrática aprobado recientemente por el Gobierno.
La propuesta del PNV reforma tanto la ley reguladora del CNI como la ley de control judicial del servicio secreto, ambas de mayo de 2002, cuando estaba en el poder José María Aznar. En el primer caso, se trata de reforzar el vínculo entre el centro de inteligencia y el presidente del Gobierno, de quien ya depende funcionalmente, al establecer que será este último y no el ministro de Defensa quien designe al secretario de Estado que dirija el servicio secreto y a su secretario general. No obstante, el CNI seguiría «inicialmente» adscrito al Ministerio de Defensa, sin perjuicio de la posibilidad de ser transferido por decreto a La Moncloa, según la propuesta.
El PNV amplía también las competencias de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, que, si el texto se aprobara en sus términos actuales, tendría derecho a conocer los «medios» utilizados por el CNI, algo que actualmente está prohibido. Se trata de impedir, como ha subrayado Legarda, que el Defensor del Pueblo tenga acceso a más información sobre el Caso Pegasus que el propio Congreso no recibió información sobre los programas de espionaje de origen israelí.
Pero el cambio más grande está en la ley de control judicial del servicio secreto, que pasa de ser sólo preliminar a ser permanente y a posteriori. Ya no sería un solo juez del Tribunal Supremo quien autorizara la entrada en los domicilios o la interceptación de las comunicaciones por parte de la CNI, sino que tendría que ser acordado por tres jueces del alto tribunal por unanimidad.
Además, los jueces deben ser informados no sólo de la identidad de la persona espiada y del motivo y duración de las escuchas, sino también de “los medios y recursos a emplear, detallando sus características concretas”, para que puedan comprobar si son proporcionados. Por último, el responsable del CNI debe informarles “del grado de ejecución de cada autorización (de escuchas o de entrada en domicilio) en el momento en que éstas se realicen, para que (los magistrados) puedan asegurarse” de que han cumplido con la autorización concedida.
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Sin embargo, la diputada socialista, Isaura Leal, ha dejado claro que el texto sufrirá modificaciones durante su tramitación parlamentaria. Todos los grupos han mostrado su apoyo a la iniciativa, salvo Vox y el PP. El ultra Ignacio Gil Lázaro ha asegurado que el objetivo de la reforma es “debilitar a España”, mientras que, en la misma línea, el popular Rafael Hernando ha sentenciado que “lo que pretenden es maniatar al servicio de inteligencia y restarle eficacia”. Este último ha augurado en todo caso que la propuesta quedará aparcada en la Mesa del Congreso y nunca será aprobada.
