El PSOE ya no sólo ve con recelo la propuesta no legal de Junts para instar al presidente Pedro Sánchez a someterse a un voto de confianza: Ahora está explorando fórmulas para evitar que llegue siquiera a procesarse. Fuentes parlamentarias suponen que los socialistas utilizarán la mayoría que, junto a Sumar, reúnen en la Mesa del Congreso para evitar que esta petición de los independentistas catalanes sea debatida y votada ante el Pleno. Y lo harán, explican estas fuentes, basándose en un precedente de 2013; Los letrados aún tienen que preparar su informe sobre si admiten o no a trámite la iniciativa de Junts, pero lo que digan no será vinculante y la decisión final dependerá del PSOE y Sumar.
La calificación en la Mesa del Congreso es el primer filtro que debe pasar cualquier iniciativa, incluida esta propuesta no de ley. Calificar una iniciativa, en principio, es un paso puramente burocrático y no político: la Junta no tiene que pronunciarse sobre el contenido de la propuesta, sino sólo sobre si tiene errores de forma o si es jurídicamente correcta. De hecho, la gran mayoría de las iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios son aceptadas a trámite, y es el Pleno del Congreso el que posteriormente vota para decidir si comienzan a tramitarse o no.
Sin embargo, desde el lunes el PSOE transmite en privado sus dudas sobre la propuesta no de ley de Junts. Los socialistas consideran que la iniciativa no se ajusta a la normativa porque pretende que el Congreso inste al Gobierno a hacer algo, presentar una cuestión de confianza, que es única y exclusivamente decisión del presidente. Y se basan en un precedente de 2013 en el que la Mesa de la Cámara, entonces controlada por el PP, rechazó una moción del PSOE que exigía al presidente Mariano Rajoy «asumir responsabilidades políticas» por el estallido del caso Gürtel con el argumento de que «supondría una moción de censura encubierta.»
Fuentes parlamentarias también ponen como ejemplo una decisión tomada este martes por la Mesa del Congreso, que ha rechazado por unanimidad -es decir, con los votos de PSOE, Sumar y PP- tramitar una proposición no de ley de Vox que pretendía tener la Cámara Baja instó al Gobierno a «proponer inmediatamente al rey la disolución de las Cortes Generales». En este caso, la Junta ha entendido que esta prerrogativa corresponde única y exclusivamente al Presidente del Gobierno, y por tanto que El Congreso no puede exigirle que lo aplique, y mucho menos exhortar al rey, que es un mero ejecutor de esa orden presidencial. El argumento es básicamente el mismo que esgrime el PSOE para no aceptar a trámite la iniciativa de Junts.
Las fuentes consultadas explican que la Mesa esperará a que los abogados del Congreso emitan su informe jurídico para tomar una decisión en su reunión del próximo martes. Sin embargo, Este documento no es más que una guía no vinculante.: La Mesa –en la que PSOE y Sumar tienen mayoría sobre el PP– puede calificar o no cualquier texto con independencia de lo que digan los juristas de la Cámara Baja.