España ha evacuado a un total de 26 personas de Damasco –siete españoles, 16 hispano-sirios y tres sirios familiares de los anteriores– dada la situación de inseguridad que vive el país tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Debido al cierre del aeropuerto internacional de Damasco, Asuntos Exteriores ha optado por realizar la evacuación por tierra hacia el Líbano.
Un convoy con evacuados, entre ellos personal de la Embajada de España en Damasco, salió de madrugada de la capital siria y se encontraba a primera hora de la mañana en la frontera con Líbano, según anunció el ministro de Asuntos Exteriores. Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en declaraciones a RNE. «Esperamos que una vez finalizado este trámite puedan estar a salvo en el Líbano, donde les espera personal de nuestra Embajada en Beirut en la frontera libanesa, que estaba totalmente activada desde que ayer decidimos lanzar esta evacuación desde Damasco», ha añadido .
La colonia española en Siria es muy pequeña. Sólo nueve personas estaban inscritas en el registro consular: cinco españolas casadas con sirios y cuatro cooperadores. Sin embargo, fuentes diplomáticas han precisado que, además de los españoles no registrados, hay un centenar de personas con doble nacionalidad. Todos los evacuados, añadieron, se han marchado voluntariamente.
El Ministerio de Asuntos Exteriores asegura que, a pesar de esta evacuación, la Embajada de España en Damasco sigue operativa para atender a los españoles que siguen el país. España no tiene embajador en Siria desde que llamó a consultas al diplomático Julio Albi en 2012 debido a la represión de las protestas por parte del régimen, por lo que la máxima representante española ante las autoridades sirias es la encargada de Negocios, Mariana Figueroa Sánchez. , trasladado a Beirut por motivos de seguridad.
El Gobierno español hizo este sábado un llamamiento «a todas las partes de Siria, de la región y de la comunidad internacional, para que los acontecimientos históricos que vive el país conduzcan a una transición política pacífica e inclusiva, según los términos de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que garantiza la unidad, soberanía e integridad territorial del país”.