La batalla legal que Urbas inició contra Cox Energy, después de que esta última consiguiera hacerse con Abengoa, llega a su fin. Los juzgados han cerrado definitivamente las denuncias que la constructora presentó contra la energética y su fundador, Enrique Riquelme, por presunta apropiación de información confidencial para pujar por el grupo de ingeniería andaluz. Tanto los juzgados de Sevilla como los de Madrid consideran que los hechos denunciados no son constitutivos de delito, por lo que han cerrado ambos procedimientos, sin posibilidad de reabrirlos.
A mediados de 2022, Urbas y Cox Energy mantuvieron contactos para sellar una posible operación societaria de adquisición de las unidades de producción de la antigua Abengoa, que se encontraba en concurso de acreedores. En el marco de este acuerdo, las dos compañías firmaron un acuerdo de confidencialidad como consecuencia del intercambio de información financiera por parte de Urbas, ya que se aportaron datos contables relacionados con la oferta del grupo liderado por Juan Antonio Acedo, incluido el plan de negocio que se había diseñado para la multinacional sevillana.
En el último momento, Cox decidió seguir su propio camino y presentó una oferta independiente, que valoraba Abengoa en más de 500 millones de euros, y que acabó prevaleciendo frente a las propuestas por Urbas (que inicialmente era la favorita del consejo), Terramar (la preferida por los bancos), RCP y Ultramar. El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla que controlaba el concurso consideró que esta propuesta era la mejor para salvar el negocio de Abengoa, por lo que, en abril de 2023, adjudicó la multinacional a la firma de Riquelme.
La oferta de Cox pilló por sorpresa a Urbas, que acusó a la energética y a su fundador de revelar secretos de la empresa al utilizar fraudulentamente la información facilitada en reuniones anteriores para preparar su oferta. Y así lo alegó ante los tribunales en dos denuncias similares. En primer lugar, presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, que el 16 de marzo de 2023 -cuando todavía no se sabía qué firma se haría con el control de Abengoa- descartó analizar los hechos por no tener competencia territorial para investigar. Así, Urbas acudió a los órganos judiciales de Sevilla, donde el Juzgado de Instrucción número 9 desestimó la denuncia al no apreciar delito alguno. Esta sentencia se dictó el 20 de abril de 2023, apenas dos días después de conocerse que Cox Energy había ganado la licitación de Abengoa.
La empresa no recurrió ninguna de estas dos resoluciones judiciales, por lo que adquirieron firmeza, aunque Urbas insistió en que se investigara a Cox y presentó una nueva denuncia en los juzgados de la capital, esta vez por la comisión de un delito de descubrimiento, apropiación y utilización de secretos de empresa. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid acordó, en verano de 2023, abrir una causa en la que no se citó a Riquelme a declarar, sino que solo se aportó documentación. Finalmente, este tercer procedimiento se archivó en diciembre de ese año, al comprobarse que la acción judicial interpuesta en Sevilla era similar y no prosperó.
Mala fe y próximo fraude procesal
La Audiencia de Madrid confirmó el sobreseimiento de esta última causa el pasado mes de abril. En un auto por el que se desestima el recurso interpuesto por Urbas contra la decisión de archivar la causa, consultado por este periódico, los magistrados coinciden con el instructor en que aunque los delitos denunciados no son los mismos, son de la “misma familia”, al igual que los hechos relatados en las tres denuncias presentadas tienen la misma “identidad”. Por tanto, rechaza la tesis de las constructoras sobre la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva.
Además, para los magistrados de la Sección 16 de la Audiencia de Madrid, Urbas actuó con “mala fe y temeridad” e incluso señala que la compañía ha llegado “muy cerca del fraude procesal”. Según la resolución, la compañía dirigida por Acedo era “plenamente consciente” del resultado de las dos primeras denuncias presentadas y, en lugar de impugnarlas, decidió iniciar un nuevo proceso judicial. Así, el tribunal cierra la puerta a cuestionar la adjudicación de Abengoa a Cox por la vía penal, ya que contra esta sentencia no cabe recurso alguno.
Urbas también intentó anular la oferta de Abengoa por la vía civil, ya que recurrió la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla de adjudicar el grupo andaluz a Cox Energy ante la sección tercera del Juzgado de Primera Instancia de lo Mercantil de Sevilla. En concreto, señaló que su oferta era mejor que la de Cox y que la de la energética se presentó fuera de plazo. El banco HSBC y los fondos AIM y Signature también recurrieron, aunque el juez no aceptó las alegaciones.
Por otra parte, interpuso un incidente de nulidad de la decisión de adjudicación por vulneración de derechos, pero el mismo órgano judicial tampoco permitió analizar a fondo dicha queja, pues no la admitió a trámite, al considerar que no se cumplían los requisitos para ello y que lo que realmente se pretendía era una “revisión” del auto que desestimó su primer recurso.
Boletines informativos
Regístrate para recibir información económica exclusiva y las noticias financieras más relevantes para ti
¡Inscribirse!