Unos 25.000 pandilleros aún deben ser arrestados, según el Ministro de Seguridad
Un informe de la organización. Ayuda Legal Humanitaria denuncia que, durante los dos años del régimen de emergencia en El Salvador, han sido detenidos arbitrariamente 26.250 personas que no han cometido ningún delito, mientras han sido contabilizados 241 muertes en prisiones, incluidos dos niños. Por su parte, el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, alardeó este martes en una entrevista televisiva de que ha detenido a 79.184 personas, lo que representa el 75% de los pandilleros del país centroamericano, por lo que faltan por arrestar unos 25.000, aunque «no todos» ya se encuentran en El Salvador.
El director de Ayuda Legal Humanitaria, Íngrid Escobar, Criticó la «improvisación» del régimen de emergencia, vigente desde el 27 de marzo de 2022 a petición de Nayib Bukele tras el asesinato de 87 personas en tres días y que ha sido prorrogado hasta 24 veces en el Asamblea Legislativa. Así, ha lamentado que esta medida, que suspende varias garantías constitucionales, entre ellas la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y prolonga la prisión provisional hasta 15 días, no sólo esté sirviendo para capturar a delincuentes, sino también a «personas inocentes». «que incluso están muriendo en las cárceles.
«A la fecha no tenemos los rostros ni los nombres de estos delincuentes de las bandas que dieron la orden de matar a 87 personas en el fin de semana más sangriento de la historia de El Salvador después de la posguerra», criticó Escobar, quien reveló que hay cerca 500 informes de personas muriendo en las cárceles durante el régimen de emergencia, aunque su organización ha confirmado 241, de los cuales dos son niños y 14 son mujeres.
En concreto, detalló que, en 2022, fallecieron 102 personas privadas de libertad, mientras que en 2023 esta cifra ascendió a 116 y en lo que va del año ya fallecieron 21. «El Estado de El Salvador ha cometido crímenes de lesa humanidad, dado que el 44% murió por muerte violenta (tortura) y otro 29% por falta de atención médica, es decir, otra forma de torturar a las personas, que llegaron con enfermedades previas y no recibieron tratamiento», tal como ocurrió «con dos mujeres que desarrollaron cáncer dentro de las cárceles».
Como ejemplo del trato cruel y humillante que sufren los reclusos en el marco del régimen de emergencia, Escobar reveló que un reo que se encontraba en el penal de izalco Aseguró tras ser liberado que la «bienvenida» al centro de detención fue pasando por una cancha deportiva de 50 metros donde «los guardias, que son agentes del Estado, los golpeaban con porras (porras) hasta matar gente». .
El director de Asistencia Legal Humanitaria criticó que el fiscal general de El Salvador y el Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos Restan importancia a las personas que murieron en las cárceles bajo el argumento de que no hay evidencia científica de que hayan habido muertes violentas o negligencias médicas. «Como es posible que en el primer mes del régimen de emergencia fallecieron 48 jóvenes de entre 20 y 27 años y la causa de la muerte, según hospitales y medicina legal, ¿Es muerte natural?preguntó Escobar, quien cree que es «imposible» que una persona de esa edad pueda morir de un paro cardíaco si ingresa sano a prisión. En concreto, el 52% de los fallecidos tenían menos de 40 años, el 35% tenían más de 40 y del 13% se desconocía la edad.
En estos casos, considera que «muy probablemente, ha habido tortura y le corresponde al fiscal investigar de oficio». Asimismo, agregó que los presos que han estado en el penal de Mariona revelaron que los carceleros les prohibieron incluso orar, asegurando que en el penal el único Dios que había eran los carceleros, quienes empujaban a los reclusos contra una pared.
NUEVE DE CADA DIEZ MUERTES NO SON MIEMBROS DE PANDILLAS
Otro de los datos relevantes del estudio de la citada organización, según Escobar, es que «el 94% de las víctimas mortales del régimen excepcional en las prisiones no eran pandilleros, frente al 6% que sí lo eran», teniendo en cuenta que el gran mayoría «no tenía tatuajes alusivos a pandillas, No tenían antecedentes policiales ni penales, pero tenían una comunidad que los abrazaba.
«Hemos investigado estos casos uno por uno y no hay pandilleros, sinoindicalistas, estudiantes, jornaleros, obreros, amas de casa, comerciantes, predicadores, pastores y trabajadores en general que fueron acusados injustamente de ser pandilleros», denunció, al tiempo que señaló que también detuvieron a una persona con discapacidad mental que finalmente fue liberada, gracias a presiones de esta organización.
A esta situación hay que sumar, como señaló Escobar, que la justicia del Estado de El Salvador está «masificando los juicios», hasta el punto que Villatoro ha advertido que Van a meter en el mismo proceso judicial a 2.000 personas de una estructura, lo que supondrá, a juicio del director de la Asistencia Jurídica, que «van a acudir a la justicia por los pecadores».
Por estos motivos, advirtió que su organización no se va a quedar callada y seguirá denunciando que en las cárceles de El Salvador «se están cometiendo crímenes de lesa humanidad contra la población penitenciaria detenida arbitrariamente, incluyendo detenciones ilegales, torturas, tratos inhumanos». » , ejecuciones arbitrarias, crueles y degradantes, uso excesivo de la fuerza y desapariciones forzadas, porque hay muchas personas que no saben dónde está su familiar luego de ser detenidos.
Ante esta situación, exigió al Estado «Investigar todos los homicidios ocurridos en las cárceles, así como todas las desapariciones forzadas”, al tiempo que pidió al Gobierno “restablecer el estado de derecho en El Salvador y levantar la medida del régimen de emergencia, porque es inconstitucional”.
Por su parte, la abogada de Asistencia Jurídica Humanitaria, Jayme Magaña, Destacó que está bien que policías y militares «se lleven a los que forman parte de estos grupos (bandas) terroristas y se queden con todos los pandilleros y delincuentes que quieran», pero pidió que dejen en libertad a quienes no hayan cometido ningún tipo de delito. delito porque «saben que son inocentes y no tienen pruebas». En esa línea, dijo que cada vez que su entidad reporta un caso «deja en evidencia lo descarados que son al tener presos a personas inocentes».
Por ello, anunció que ya tienen preparados dos casos de inocentes criminalizados para denunciarlos ante la Fiscalía. La oficina del fiscal de El Salvador, entre ellos, el de un preso que murió «golpeado y torturado», aunque «nos dijeron que murió de muerte natural», como ocurrió con un segundo joven. De esta manera, aseveró que “tenemos que decirle al Estado que él mató a estos muchachos porque son asesinatos y no estamos dispuestos a que nos digan que murieron de muerte natural cuando tenemos las pruebas”. Si la justicia del país centroamericano no da una respuesta, anunció que recurrirán a organismos internacionales donde planean llevar más casos.