Investigarán su posible falta de independencia en operaciones de riesgo e inmobiliarias
El nuevo gobernador del Banco de España (BdE), José Luis Escrivá, no quiere perder tiempo y pretende dejar desde ya su impronta innovadora. Por ello, representantes del supervisor han convocado reuniones individuales con la mayoría de entidades bancarias españolas para investigar la relación contractual que mantienen con las sociedades de tasación y si ello afectaría a su independencia a la hora de presentar informes y realizar valoraciones de riesgos, especialmente en operaciones inmobiliarias. El anterior gobernador, Pablo Hernández de Cos, ya había puesto el punto de mira en ello, pero Escrivá quiere agilizar todo lo que tenga que ver con medidas de control de la actividad bancaria.
Aunque el Banco de España guarda silencio y declina confirmar a este diario el alcance de estas reuniones, fuentes del sector consultadas por LA RAZON han señalado que el Banco de España quiere trasladar sus preocupaciones sobre determinadas operativas del sector, como la realización de pagos “en función del volumen”, posibles “imposiciones de tipos planos” o de plazos temporales -sobre la vinculación de las órdenes a la rapidez con la que se realizan-. Una situación que se ha precipitado por las peticiones realizadas y las dudas surgidas desde el Banco Central Europeo (BCE). Por ello, el pasado mes de junio el BdE envió un requerimiento a las patronales bancarias AEB y CECA para que trasladaran a sus asociados sus preocupaciones sobre algunas prácticas dudosas que podrían poner en riesgo la independencia de las tasadoras.
En este comunicado, la institución alerta de los riesgos implícitos “en la valoración de los activos… de que estas prácticas pueden inducir a una “sobrevaloración” interesada de algunos activos sobre los que se están concediendo hipotecas.
La presión del Banco de España viene de lejos. Desde el año pasado, seis importantes empresas de tasación que operan en España han sido sancionadas por deficiencias en sus procesos de control interno, tanto a nivel administrativo como técnico y de personal. Gloval, Tecnitasa, Gesvalt, Tinsa, Tasalia y AtValor han tenido que hacer frente a multas por no “asegurar” la capacidad de estas empresas para conocer la situación y condiciones del mercado inmobiliario, el cumplimiento de las normas de tasación, su independencia o el control de las obligaciones de incompatibilidad.
En su último informe de estabilidad financiera, correspondiente a la primavera de 2024, el Banco de España afirmó que los indicadores de desequilibrio de precios de la vivienda se situaban “próximos a la neutralidad”, aunque recomendó “mantener la vigilancia” sobre el sector para detectar “de forma temprana una posible acumulación de riesgos”.
El sector bancario entiende que el supervisor tiene potestad para realizar todos los controles que considere necesarios, pero también manifiesta su “sorpresa” y “desconcierto” por que sea precisamente en este caso en el que se les haya solicitado personalmente, pues los controles y la supervisión de las operaciones de las entidades de crédito y de las propias sociedades de tasación -que suman más de una treintena- son “constantes” y “profundas”. Además, niegan que desde su posición la sociedad de tasación se imponga a los clientes durante la concesión de un préstamo hipotecario. “El cliente es libre de elegir la que le convenga”, apuntan.
En su Informe de Supervisión de 2023, el último disponible, el propio Banco de España reconoció que las sociedades de tasación y sus respectivos puestos directivos “siguen siendo una prioridad supervisora” para la institución, apunta Europa Press. En 2023, las 22 sociedades de tasación que integran la Asociación Española de Análisis de Valores (AEV) lograron una facturación conjunta de 266 millones de euros, un 8,8% menos que el año anterior, con un total de algo más de un millón de tasaciones realizadas.
Tras tomar posesión como gobernador de la máxima institución bancaria, Escrivá ha querido dejar claro que el buen funcionamiento de las sociedades democráticas requiere de instituciones imparciales que ejerzan poderes delegados bajo mandatos limitados, y ha abogado por reforzar la independencia y la transparencia del Banco de España. Para ello ha propuesto revisar la ley de autonomía de 1994 que rige el Banco de España y con este objetivo ya ha creado un grupo de trabajo, que iba a estar presidido por el consejero ejecutivo Fernando Fernández -muy próximo al PP-, pero este ha rechazado el encargo.