El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Orihuela ha cancelado una deuda de más de 95.000 euros acumulada por un pensionista, en gran parte por los intereses desorbitados de las tarjetas de crédito que utilizaba para hacer frente a sus gastos de manutención.
Este es uno de los casos más publicitados que se conocen en la Provincia bajo la llamada Ley de Segunda Oportunidad, que desde 2015 permite a los particulares declararse en quiebra, al igual que las empresas, y recibir lo que se conoce como una beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, sus deudas quedan canceladas y pueden empezar de nuevo con una buena salud financiera.
Anteriormente, en muchos casos, tales personas estarían pagando sus deudas hasta el día de su muerte.
En este caso, el afectado es un vecino de Orihuela, que en 2007 decidió contratar una tarjeta de crédito, según explica Antoni Galve, director jurídico de Repara tu Deuda Abogados, despacho que ha llevado el caso.
Como era habitual en aquella época, el interés de la tarjeta era muy alto, un 24%, lo que provocó que el importe del préstamo aumentara rápidamente.
Por si fuera poco, por una serie de circunstancias, en 2012 el hombre comenzó a recibir una pensión de invalidez que apenas llega a la mitad del ingreso mínimo recomendado, lo que redujo su capacidad de pago y empeoró su situación económica.
Para intentar solucionarlo, acabó contratando la tarjeta para poder hacer los pagos de su anterior crédito pendiente, lo que elevó aún más la deuda hasta que el particular se vio incapaz de hacer frente a la deuda que cargaba y que, para entonces, , ya superó los 95.000 euros. Además, el hombre no tenía bienes relevantes con los que pagar o reducir esta cantidad.
Fue en mayo de este año cuando contactó con Repara tu Deuda e inició los trámites para acogerse a la llamada Ley de la Segunda Oportunidad, un paréntesis de apertura legal que cada vez más particulares aprovechan.
Tras comprobar que se cumplían todos los requisitos, el juzgado ha exonerado finalmente al hombre de la deuda, que había alcanzado la cantidad de 95.265 euros.
El aprovechamiento de la posibilidad que ofrece esta ley ha disparado el número de quiebras. Así, en los nueve primeros meses del año ya se han registrado 717 solicitudes, de las que más de 300 corresponden a particulares.
Antoni Galve asegura que en los próximos meses las cifras seguirán aumentando, a medida que un mayor número de personas tome conciencia de la existencia de esta posibilidad de deshacerse de sus deudas, proceso que también se ha simplificado con esta nueva ley concursal.
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