La Fiscalía del Estado ha acusado al juez del Tribunal Supremo que investiga al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, de omitir pruebas que exculpen a los investigados y de sustentar «algunas de las acusaciones en meros dictámenes, carentes de sustento probatorio» en lo investigado hasta el momento.
Los servicios jurídicos de la Administración han presentado un recurso de reforma, al que ha tenido acceso Europa Press, contra la decisión del magistrado de citar como investigado al fiscal general, el fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguezy el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Procuraduría General de la República, Diego Villafañe.
El Despacho Jurídico considera que el magistrado -en el orden en que justifica la citación- ha omitido elementos de «relevancia esencial» lo que demuestra que «no existen sospechas fundadas» entre los investigados para considerarlos posibles autores del delito» de revelación de secretos.
A su juicio, tales declaraciones sitúan a la Abogacía «ante una prueba diabólica de demostrar que lo que el instructor cree que habría ocurrido no ha ocurrido, sin fundamento probatorio alguno».
Sostiene que los correos electrónicos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal de delitos económicos Julián Salto «no forman parte de las diligencias de investigación previa al procedimiento».
En su opinión, «es difícil sostener que los datos y la información contenidos en los correos electrónicos objeto de este caso especial merezcan la protección penal que prevé el artículo 417 del Código Penal», relativo a la declaración de secretos.
En línea, el despacho defiende que el auto del magistrado «aún no determina los hechos o circunstancias en las que puede basarse este carácter secreto respecto del correo electrónico del 2 de febrero».
Además, insiste en que el instructor «sigue omitiendo que los hechos atribuidos a los investigados estaban amparados por las funciones y atribuciones del Ministerio Público».
En primer lugar, por la obligación de los fiscales de rendir cuentas de su actuación en casos que “por su importancia o trascendencia, deban conocer el fiscal superior o los fiscales superiores”; y en segundo lugar, por la obligación de la Fiscalía de informar a la opinión pública, «especialmente cuando se trata de evitar la difusión de noticias falsas con grave daño a la imagen de la Justicia y a la función de los miembros de la Fiscalía».
Asimismo, la Letras señala que González Amador autorizó a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, a difundir dicho correo electrónico a los periodistas, según declaró el alto cargo de la Comunidad de Madrid. Y subraya que esta circunstancia se produjo «antes de que los investigados tuvieran conocimiento de ello».
Denunciar vulneración de derechos
Los servicios jurídicos reiteran que el correo electrónico del 2 de febrero «estaba a disposición de varias personas», que la copia de la denuncia del Fiscal del 5 de marzo «también fue enviada a la Agencia Tributaria», y que tanto la denuncia como el expediente tributario se encontraban en el decanato de los juzgados de Madrid desde el 5 de marzo, «a disposición de un número indeterminado de personas».
Recuerdan también que dos periodistas reconocieron tener la denuncia, el informe de la Agencia Tributaria y el correo electrónico «desde el 6 de marzo». Así, acusan al magistrado de omitir estos y otros elementos que «acreditan que la filtración del contenido del correo electrónico» se había producido «antes de las 23.51 horas del 13 de marzo».
Para la Abogacía, la omisión de dichos hechos pone en riesgo los derechos de los investigados. «Esta violación se agrava en la medida que, como ya hemos denunciado, en el presente caso Un juicio paralelo contra los investigadoss, con difusión pública ilegal y parcial que afecta la limpieza del proceso y puede incluso poner en duda la imparcialidad del Tribunal», añade.
Piden a González Amador que testifique
En otro escrito, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, la Fiscalía pide al juez que realice una serie de diligencias «de forma prioritaria y previa a la declaración de los investigados», fijadas para los días 29 y 30 de enero y 5 de febrero. .
En concreto, propone que González Amador considerando que «si bien fue ratificado en su denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuando dicho tribunal dirigía la causa, «el avance de esta investigación hace necesario para esta defensa que se le tome declaración».
También solicita la comparecencia como testigos de otros cinco periodistas, así como la citación de dos agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para ratificar y aclarar el informe que elaboraron con la información incautada en el registro de la oficina provincial. fiscal jefe. madrileño, Pilar Rodríguez.
Al margen, pedir al instructor que solicite la intervención del El móvil de Miguel Ángel RodríguezLa jefa de gabinete de Díaz Ayuso, que ya compareció como testigo en el Tribunal Supremo.
«Si bien esta parte ya ha formulado esta solicitud en varias ocasiones, de manera oral, (…) se interesa nuevamente, y de esta manera, en la necesidad de esta diligencia, dada la múltiple prueba testimonial que contradice las constantes declaraciones del señor. Rodríguez respecto de que no entregó a los periodistas el correo del 12 de marzo, hasta las 22.21 horas del 13 de marzo, una vez recibida la noticia de El Mundo de las 21.29”, señala.