Ni prevaricación ni malversación. La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido archivar la denuncia que el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont interpuso contra el juez Joaquín Aguirre, al considerar que la actuación del magistrado con la investigación de la trama rusa del procés fue «totalmente razonable y sostenible .”
Tras varios meses de debate y análisis de documentación, la Fiscalía ha presentado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un informe en el que pide al tribunal que desestime la denuncia que interpuso el expresidente tras la polémica investigación del magistrado. , que Puigdemont consideró constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación.
Los hechos se remontan al pasado mes de junio, cuando el juez Aguirre abrió una nueva pieza para investigar la trama rusa después de que la Audiencia de Barcelona le ordenara archivar o enviar el caso a juicio. La maniobra sirvió al magistrado para imputar a Puigdemont y no concederle la amnistía por unos hechos que llevaba investigando casi un lustro sin haber investigado formalmente al expresident. Posteriormente, el instructor remitió el caso al Tribunal Supremo, que aún no ha decidido si se hace cargo del complot ruso.
El magistrado admitió que seguir investigando la trama rusa representaba una “solución alternativa a las objeciones” que había planteado la Audiencia de Barcelona. El juez Aguirre también reconoció que el auto del tribunal superior “conllevó a desestimar la injerencia rusa por falta de instrucción suficiente”.
La “solución alternativa” que encontró el magistrado fue abrir una nueva sala separada, de otra distinta a la que había sido derribada, para investigar los mismos hechos que sus superiores le habían impedido investigar. Esta «interpretación jurídica» del magistrado es «totalmente razonable y sostenible», a juicio de la Fiscalía y no supone una resolución injusta, como sostuvo Puigdemont.
La apertura de una nueva pieza sobre la trama rusa, explica la fiscal Assumpta Pujol, es «procesalmente posible», ya que no supone una «clonación ilegal» de la misma pieza que la Audiencia de Barcelona había impedido continuar.
Todo ello pese a que el propio juez admitió que repetía pruebas invalidadas por la Audiencia de Barcelona sobre la trama rusa: en julio volvió a encargar a la Policía las mismas diligencias que había llevado a cabo a lo largo de principios de año, cuando declaró secreto el caso. y cambió de Policía Judicial por tercera vez en el caso.
El juez dio varias indicaciones a la Policía sobre la copia de la causa que los agentes ya tenían en su poder desde enero así como sobre la clonación de los móviles de los investigados –el exsecretario de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradellas; el jefe de gabinete del expresidente Carles Puigdemont Josep Lluís Alay; el exsecretario general de ERC Xavier Vendrell; el empresario y exlíder de Convergència David Madí; y el editor Oriol Soler.
El magistrado dijo a los agentes que entre “hacer una nueva copia y una nueva clonación de los móviles” o “validar la copia anterior y volcar” debían optar por la segunda opción “por razones evidentes de economía procesal”. El juez también recordó que se trataba de realizar “una copia exactamente igual a la ya realizada, evitando así nuevos gastos en materiales, viajes de funcionarios especializados y medios técnicos para realizar una tarea mecánica de carácter digital”.
El fiscal, citando palabras del propio juez Aguirre en uno de sus autos, respalda esta actuación del juez al considerar que se deriva de la “revisión del material existente de cristalización progresiva acumulado en diversas piezas del caso que permite una ampliación de la investigación”. los hechos para investigar e involucrar a más personas”. En definitiva, para el fiscal “no puede considerarse una conducta prevaricativa por parte del magistrado”.
