El juez Juan Carlos Peinado ha suspendido las declaraciones de varios responsables de Red.es que pretendía interrogar como testigos este domingo después de que la Fiscalía Europea anunciara que reclamaba la parte de la investigación que afecta a una empresa conjunta en la que participaba una empresa del empresario Juan Carlos Barrabés financiado con fondos europeos.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press sostienen que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha anulado la citación del director general de Red.es, David Cierco; el exdirector general de Red.es Alberto Martínez Lacambra; el economista y abogado de Innova Next SL Luis Antonio Martín Bernardos; el director de asesoría jurídica de Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández; y Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital.
Además, Peinado ha citado a Gómez a declarar el próximo 5 de julio pese a que el informe de la Guardia Civil descarta indicios de delito en los hechos investigados, aunque por ahora el juez no ha suspendido esa citación. Peinado también abrió una pieza aparte en relación con el posible origen de los fondos europeos a partir de los contratos adjudicados y la documentación solicitada por la Fiscalía Europea, que a su vez se basó en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado.
La Fiscalía Europea pidió formalmente al juez que se hiciera cargo de la parte más relevante de la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el lunes 10 de junio. En concreto, el organismo con sede en Luxemburgo ha exigido para investigar las adjudicaciones públicas al empresario Carlos Barrabés, que fue profesor en un máster que codirigió Gómez y propietario de varias empresas que acordaron 99 contratos con diferentes administraciones desde 2015 por un importe de 24,9 millones.
La Fiscalía Europea se entiende competente para investigar la forma en que se concedieron los fondos de la UE. En un breve comunicado, la agencia detalla que el pasado 12 de abril recibió una denuncia de un particular relacionada con un presunto delito de estafa que afectó intereses financieros comunitarios. Esto dio lugar a investigaciones y solicitudes de información, entre otras, por parte del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que investiga a Begoña Gómez.
La Fiscalía Europea envió la semana pasada a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede de Red.es, la empresa pública que adjudicó los contratos a Barrabés, para recabar información sobre dichas adjudicaciones. Tras recibir esta documentación, la Fiscalía Europea ha decidido asumir la responsabilidad de la investigación sobre los hechos objeto de la denuncia. Fuentes jurídicas confirman que estos hechos se centran en las adjudicaciones al citado empresario.
La decisión anticipa un posible conflicto de competencias que acabará en el Tribunal Supremo. Si el juez Peinado entiende que la investigación tiene que continuar en su tribunal, deberá plantear una cuestión de competencia. En ese caso, sería la Sala de lo Penal del Tribunal Superior la que tendría que resolver la discrepancia de criterio entre la Fiscalía europea y el juez nacional y decidir dónde se desarrollaría la investigación, previa consulta a la propia Fiscalía del Tribunal Supremo.
