Sánchez se va a atragantar con las risas de su investidura. Su plan era compensar el derribo del orden constitucional con una agenda social basada en la presión tributaria y la “gratuidad total”. Como siempre, la izquierda quiere cegar los ojos de la democracia con dos monedas, ambas sacadas de los bolsillos de otros. En este caso sufrirá porque Junts, ERC, Bildu y PNV sólo están en su mesa de negociación. Si Sánchez no avanza en la desconexión de Cataluña y País Vasco de este país llamado España, no aprobará ni una sola ley. Sin embargo, el camino está bien trazado. La amnistía es la clave del plan, es cierto, pero no hay que mirar sólo este dedo cuando hay que mirar a la Luna, que es la monarquía parlamentaria. La quiebra implica, en primer lugar, repudiar el poder judicial, que es la resistencia a la arbitrariedad en cualquier democracia liberal que se precie. Para ello, van a constituir dos comisiones investigadoras que llevarán el «lawfare» a la opinión pública; Es decir, que los jueces no son trigo limpio, y que se han dedicado a perseguir a políticos nacionalistas. El espíritu es el mismo que animó a Irene Montero a desautorizar a los tribunales que no interpretaron a su gusto la ley del «sólo sí es sí». No quería decir que la norma estuviera equivocada, sino que eran “jueces de derechas” y, por tanto, reemplazables o merecedores de cursos de igualdad.
A estas comisiones propuestas por el PNV y Junts se les seguirá, porque así lo han anunciado Bildu y ERC, otra más para demostrar que el Estado es «opresivo» si está en manos del PP. Hablarán de la creación de una policía política y de la persecución a las embajadas de la Generalitat. Debe quedar claro que todo lo hecho desde 1978 es espurio. Por eso Maite Aizpurúa, portavoz de Bilduetar, afirmó en la investidura que la «mal llamada Transición» se fraguó sobre la «negación de las distintas naciones». Si el Estado ha sido opresor y la Constitución es una filfa que debe adaptarse a los «tiempos», es necesario entrar en una nueva fase histórica. En esto coincide con Yolanda Díaz, que entre purgas ha encontrado tiempo para pactar el Estado plurinacional. Esta legislatura, por tanto, además de ser un calvario legislativo para Sánchez, será la de avanzar hacia la plurinacionalidad con el lógico añadido del derecho a la autodeterminación. Así lo han reclamado los cuatro grupos nacionalistas y el diputado del BNG, con el apoyo de Sumar y Podemos. Se lograrán avances mediante la declaración de la nación de Cataluña y el País Vasco y el compromiso de Sánchez de celebrar un referéndum al estilo escocés. ¿Qué no encaja en la Constitución? Qué diferencia hace.
Este desacuerdo será la otra trifulca de esta legislatura. Tendremos el mayor conflicto institucional desde 1978. Habrá dos bandos. Por un lado, el Gobierno, el Congreso y el Tribunal Constitucional. Por otro lado, el Senado, el Tribunal Supremo, el CGPJ y casi todos los gobiernos autonómicos. El Rey estará durante todo este proceso con la misma cara con la que presenció la promesa constitucional de Sánchez, entre el enfado y la incredulidad. Mientras esto sucede, seremos testigos de un giro de tuerca en la polarización en esta legislatura.
El sanchismo se basa en el conflicto porque es el hilo que mantiene unido el cuerpo de Frankenstein. Los socialistas acusan al Partido Popular de desconectarse de la realidad y de no reconocer la legalidad. Esto es muy serio. Es el desautorización de la oposición y, por tanto, de las instituciones que controla, como el Senado y los gobiernos regionales. En resumen, la legislatura será una prueba de tensión para nuestra democracia. No sólo será suficiente que la gente salga a las calles, sino que las instituciones que apoyan el sistema democrático impidan la deriva autoritaria y el cambio de régimen por la puerta trasera.
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