La ley canaria de alquiler vacacional no prevé más inspecciones sobre el mercado irregular ni cargas fiscales a propietarios

La futura ley canaria de alquiler vacacional no establece incentivos para que los propietarios cambien el uso turístico de la vivienda a residencial, ni contempla la creación de equipos capaces de supervisar el mercado irregular ni impuestos exclusivos a los propietarios. El borrador de la norma, presentado este miércoles, delega en los ayuntamientos la mayor parte de la regulación en esta materia. Éstos deberán determinar en urbanismo un número máximo de licencias para que el porcentaje de apartamentos turísticos en cada núcleo de población nunca supere el 10% de la edificabilidad total municipal. Un exconcejal de Urbanismo consultado cree que imponer límites sin medios de control prometedores no sirve de mucho. En el Archipiélago ya hay territorios donde el porcentaje de apartamentos de este tipo ya supera el 20%.

El texto acordado por la Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jessica de León, del Partido Popular (PP), estará en exposición pública durante los próximos 20 días hábiles, hasta el próximo 2 de mayo. presentado. La intención del Gobierno canario es aprobar la orden este año, aunque está por ver cuándo.

El documento confía gran parte de la planificación de las viviendas vacacionales a los ayuntamientos. Son ellos los que tendrán que reservar, al menos, el 90% de la “edificación residencial prevista” (80% en el caso de las Islas Verdes) para uso residencial lo que, según un portavoz del Ministerio, también se refiere a lo ya construido. El resto podrá destinarse a fines turísticos y otras actividades económicas “garantizando una distribución de su ubicación respetuosa del principio de cohesión social”. Las entidades locales podrán jugar de todos modos con estos ratios siempre que lo justifiquen.

El mecanismo no es nuevo. Los Consells de las Islas ya han formulado límites a los alquileres vacacionales de esta forma, implementando un límite a las licencias mediante planes parciales u ordenanzas. Un ex concejal de Urbanismo consultado por Islas Canarias ahora Recordemos que hacerlo, sin embargo, no sirve de nada si no va acompañado de más medios para luchar contra la oferta irregular de alquileres vacacionales, capaces de sumar cientos de anuncios en portales como Airbnb o Vrbo. La consejera De León ha anunciado que intentará «inmediatamente» firmar un protocolo de actuación con las plataformas que las comercializan para «poner freno» a este mercado, creado al margen de la ley. Sin embargo, el borrador de la norma que publicó esta semana no incluye nada por el estilo.

La “edificabilidad residencial planificada” es también un concepto a precisar. Por ejemplo, en La Oliva, al norte de Fuerteventura, el 21,46% de las 16.893 viviendas censadas son viviendas vacacionales. Pero la planificación prevé que en esa localidad habrá 9.530 apartamentos más, lo que provocará que el porcentaje de viviendas turísticas se eleve hasta el 13,71%, un valor aún por encima del límite que quiere establecer el Ejecutivo regional. Esto significa que La Oliva debe reducir, pase lo que pase, el número de licencias que actualmente tiene repartidas por la zona. Pero esta estimación de descenso, según explican fuentes de Turismo y Empleo, aún no ha sido estudiada.

La ley indica que las corporaciones locales no podrán permitir «concentraciones territoriales» de viviendas vacacionales que alteren el deseado equilibrio territorial que repite De León. No está muy claro cómo lo harán, porque en las Islas ya existen puntos calientes de alquiler turístico, como Guanarteme, en la capital de Gran Canaria, con repercusiones «incuestionables» en el entorno social y natural, señala el propio texto. reconoce. Y en éstas, para reiterar, podrá seguir habiendo viviendas destinadas a esta actividad económica siempre que cumplan una serie de requisitos.

Para posibilitar el uso turístico de la vivienda es necesario suelo habilitado suficiente para este fin (el 10% mencionado anteriormente); que el municipio no ha sido declarado zona de mercado residencial tensionado y que, en definitiva, la protección del medio urbano o natural no está «en riesgo». También existen otras determinaciones de aplicación directa, como un conjunto de obligaciones técnicas en la vivienda o que, en inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, las comunidades de vecinos no impidan este tipo de actividades.

Las personas que quieran beneficiarse económicamente del alquiler vacacional sólo tendrán que presentar una declaración responsable «cualificada», insiste un portavoz del Ministerio, que dispone de informe técnico, certificado urbanístico y certificación registral. Esta declaración tendrá una vigencia de cinco años y podrá ser renovada si se continúan cumpliendo todos los requisitos antes mencionados. Respecto a los casi 54.000 apartamentos turísticos que existen actualmente en Canarias, la norma dará un plazo de cinco años para que cumplan también estas condiciones, que van desde tener una calificación energética mínima de clase B en los edificios posteriores a 2008 hasta Disponer de un sistema de generación de agua caliente sanitaria (ACS) mediante placas solares u otras instalaciones de energía renovable.

Si se superan todas estas condiciones, las cerca de 54.000 viviendas vacacionales (y todas las que se sumen de aquí a la aprobación definitiva de la ley) podrán renovar la licencia por otros cinco años. Es decir, la oferta actual difícilmente sufrirá descenso en la próxima década. Y a partir de 2035, por dar una fecha estimable, podrá haber un máximo de diez viviendas con fines turísticos por cada 100 en los municipios del Archipiélago. Esta estrategia “liberaliza la posibilidad de que los apartamentos turísticos presenten este uso durante décadas”, dejando atrás la finalidad original de un inmueble, la residencial, afirma Alejandro Armas, doctor en Geografía por la Universidad de La Laguna (ULL).

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