El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dedicaron este martes a una jornada maratoniana de reuniones con los grupos parlamentarios. El objetivo era sondear su postura respecto al cambio en la Ley de Extranjería que ambos promueven para que las comunidades autónomas asuman la acogida obligatoria de menores extranjeros no acompañados cada vez que un territorio se ve desbordado por llegadas. Canarias, que protege a más de 5.500 menores, es el principal impulsor del cambio legal con el que condicionó su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. El resultado es, de momento, satisfactorio, pero la balanza se inclinará este miércoles cuando Clavijo y Torres se reúnan con Vox, que lo rechaza de plano, y con el PP, que sigue beligerante.
La iniciativa llegaría al Congreso como un proyecto de ley que requiere mayoría simple para su aprobación. Si todos los socios del Govern lo apoyaran podría salir adelante, pero no está claro que Junts lo haga. En cualquier caso, tanto el PSOE como Coalición Canaria, que gobierna con el PP en las islas, quieren obtener el voto popular. La cuestión obliga a un debate interno en el partido de Alberto Núñez Feijóo porque las reticencias de la mayoría de las comunidades en las que gobiernan deben conciliarse con el alivio que supondría para territorios como Canarias, Ceuta y Melilla que, periódicamente, se encuentran en situaciones de colapso de sus sistemas anfitriones. Al mismo tiempo, el PP mira de reojo a Vox: el partido de Santiago Abascal ya ha avisado de que impedirá el traslado de menores a las cinco comunidades donde cogobierna con el PP y que recurrirá la modificación legal ante el Tribunal Constitucional .
Las reuniones comenzaron este martes por la mañana con el Grupo Mixto, Podemos, el PNV y ERC. Tanto el PSOE como Coalición Canaria, que han compartido el texto acordado entre ellos con los diputados, confiaron en el apoyo de todos ellos, aunque hubo dudas con Esquerra. En los encuentros entre comunidades, Cataluña se ha mostrado reticente a aceptar un acuerdo como el propuesto, entre otras cosas, porque defiende que su modelo de acogimiento acompaña a los menores hasta que cumplen 23 años y la financiación contemplada para el reparto se calcula por niño y, anualmente, hasta alcanzar la mayoría de edad. En cualquier caso, fuentes de ERC se han inclinado por el sí, aunque con peros: «Siempre nos hemos mostrado predispuestos a acoger, entendemos la situación de la que huyen estas personas y la situación en la que se encuentran cuando llegan, pero queremos Bienvenido bien. Y para hacerlo bien se necesita financiación para garantizar las mejores condiciones a la gente que viene”.
Tras la reunión, Podemos afirmó que estudiará el texto, pero que en principio lo apoyará. “Vivíamos en primera línea de una oleada migratoria y teníamos esa responsabilidad de proteger y acoger a los niños y niñas y lo entendemos muy bien”, dijo a EL PAÍS la diputada Noemí Santana, que fue consejera de Derechos Sociales durante la oleada. de llegadas de 2020-2021 y también se enfrentó a una gestión de la acogida de menores con centros saturados. Por su parte, el PNV ha asegurado que lleva meses «trabajando discretamente en la reforma de la Ley de Extranjería» y que la negociación avanza positivamente.
Por la tarde fue el turno de Bildu, Junts y Sumar. Los nacionalistas vascos no serán un obstáculo, aunque plantean un debate más amplio. “Apoyamos y respaldamos lo que proponen, pero creemos que una vez modificada la ley de extranjería quedan otros temas importantes que quedan pendientes de abordar”, explicó el diputado Jon Iñarritu con la intención de abrir el debate sobre los centros de internamiento. , la vía legal para emigrar a España o retornos inmediatos. Junts no ha fijado su postura y ha transmitido una serie de cuestiones jurídicas, según fuentes presentes en la reunión que califican el encuentro con los independentistas con un «optimismo moderado».
Mientras se desarrollaban las reuniones, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, rebajó las expectativas en el Congreso. «Es evidente que Canarias tiene un problema con esta inmigración irregular, pero la responsabilidad de la inmigración es del gobierno de España y no puede traspasarla a otros», dijo a los periodistas. “Es el gobierno de España el que tiene que sentarse con las diferentes administraciones para buscar una solución y es el gobierno de España el que tiene que aportar recursos materiales y humanos para poder abordar esta crisis migratoria. El Ejecutivo tiene que dejar de enfrentar a unas comunidades con otras de una manera que, en mi opinión, es tremendamente irresponsable”.
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El reparto obligatorio que se pretende incluir en la ley se activará cada vez que una comunidad autónoma supere en un 150% su capacidad para recibir a menores inmigrantes. Canarias, actualmente, por ejemplo, podría redistribuir a más de 3.000 menores. La propuesta es que la reubicación se realice teniendo en cuenta una combinación de criterios como la renta, la dispersión de la población, el paro y el número de menores ya acogidos, un modelo que las comunidades autónomas ya habían aprobado para repartos voluntarios y de pequeña cuantía.