La receta para reducir el déficit sanitario en Cataluña: más financiación y autonomía de los centros de salud | Noticias de Cataluña

Mejor financiación autonómica, más autogestión de los centros y menos fragmentación de los servicios sociales y sanitarios. El sector sanitario ofrece su receta para que el sistema público de salud afronte con garantías los cambios demográficos que llegarán a Cataluña en los próximos años: 1,5 millones de personas mayores de 64 años viven en la comunidad (el 19% de la población), una cifra que ascenderá a 2,6 millones (el 24%) en 2031, según Salud. La nueva consellera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Olga Pané, reclamó la semana pasada en una comisión parlamentaria pasar de dedicar el 5,7% del PIB catalán al 7%. Este porcentaje supondría alimentar el sistema público de salud catalán con 4.000 millones de euros más.

El economista Guillem López-Casasnovas, autor de varios estudios sobre la financiación del sistema sanitario catalán, señaló en abril La insuficiencia financiera de la sanidad catalana, reexaminadaSegún un informe publicado por el Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES) de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), el sector necesita 3.000 millones más. El autor considera que “la financiación autonómica no tiene nada que ver con la capacidad fiscal y el PIB de Cataluña”, insuficiente para gestionar la tensión del sistema.

A la espera de concretar más detalles sobre la financiación individual, López-Casasnovas recuerda que la actual transferencia general del Estado es “incondicional” y que el Govern puede asignar las partidas presupuestarias en función de sus prioridades. “También es posible aumentar la presión fiscal a través de impuestos y copagos, pero esta vía tiene mal futuro político”, especifica. Y apunta que “las tasas universitarias” son formas de copago aceptadas por el mismo sistema. “La palabra copago da miedo”, analiza. “Hubo un intento de aplicar el euro por receta (en 2012, pero el Tribunal Constitucional revirtió su implantación) pero el propio Estado lo impidió; y lo mismo pasó con los hidrocarburos (la justicia europea declaró ilegal el tramo autonómico de este impuesto que estuvo vigente entre 2013 y 2018)”.

El principal alivio económico que supone el copago tiene también otra cara de la moneda. Un estudio del propio Departamento de Salud concluyó en 2017 que cobrar un euro más por cada medicamento dispensado suponía una reducción del consumo de fármacos para la hipertensión y la diabetes, sobre todo entre los pensionistas.

Glòria Jodar, decana del Consejo de Colegios de Enfermería de Cataluña, aboga por un cambio en la relación de los centros sanitarios con el Institut Català de la Salut (ICS), el proveedor público que agrupa la mayor parte de los dispositivos. “No se trata solo de cuántos recursos tenemos, sino de cómo se asignan y a qué se destinan”, afirma. La enfermera coincide con algunas de las medidas propuestas en 2020 por un comité de expertos incluidas en el documento 30 medidas para fortalecer el sistema de saluddonde ya se reclamaba “modificar la dotación económica potenciando el pago por resultados”, y cree que si los equipos sanitarios tuvieran mayor autonomía de gestión podrían disfrutar de sus propios éxitos económicos. “El ICS es una empresa muy jerarquizada que no da responsabilidad de los recursos a los CAP. Cuando tienes pocos recursos actúas con mucho más control y el sistema actual impide al ahorrador gestionar ese dinero el año siguiente. Tenemos poca autonomía”.

En su comparecencia, Pané reivindicó la importancia de integrar los servicios sociales y sanitarios desde la administración, un planteamiento que Jodar acoge con satisfacción. “Actualmente hay una fragmentación de los servicios y los contactos con la población están duplicados”, afirmó.

El Departamento de Salud cerrará este año con un déficit previsto de más de 3.000 euros respecto al presupuesto (12.456 millones de euros), una diferencia que aumenta año tras año. Jodar defiende que una forma de reducir esta tensión es a través de la prevención que se lleva a cabo en Atención Primaria. “Si creemos que la atención primaria es el centro del sistema y que puede resolver las situaciones antes de derivarlas al hospital o a los centros intermedios, quizá convendrá reforzarla”, argumenta.

La cuestión económica es uno de los principales asuntos que preocupan a los nuevos ministros, que levantan la mano cada vez que ven las cifras del departamento. Pané reclamó 4.000 millones de euros más a medio plazo; Manel Balcells (ERC) anunció en 2022 un aumento presupuestario de 1.000 millones tras denunciar la “infrafinanciación del sistema”; y Josep Maria Argimon (Junts) aseguró que había aceptado el cargo en 2021 porque le habían prometido una inyección de 5.000 millones de euros a lo largo de la legislatura tras la crisis de la Covid. La letra pequeña del pacto de gobierno entre ERC y Junts ya derivaba el incremento a la “mejora de la financiación” de las comunidades autónomas.

En total, el Departamento ha pasado de los 8.876 millones de euros de 2019, antes de la crisis sanitaria, a los 11.700 millones actuales, ampliados tras el fracaso presupuestario del Ejecutivo de Pere Aragonès (los comunes rechazaron la propuesta republicana) que desembocó en las elecciones del 12 de mayo. El gasto sanitario, en cambio, ha pasado de los 11.000 millones a los 16.000 millones previstos para este año.

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