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La UE pone en marcha el procedimiento que podría privar a Hungría de fondos europeos

Dos días después de la cuarta victoria electoral consecutiva del líder soberanista Viktor Orban, la Comisión Europea ha decidido lanzar contra Hungría un procedimiento sin precedentes que permite, en caso de violaciones del Estado de derecho, suspender el pago de fondos europeos.

La Comisión Europea tomó medidas el martes 5 de abril contra Hungría, dos días después de una nueva victoria electoral del soberanista Viktor Orban, al anunciar el inicio de un procedimiento que podría privar a Budapest de fondos europeos por acusaciones de corrupción.

La puesta en marcha de este procedimiento sin precedentes fue anunciada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo, que aplaudió esta iniciativa.

Polonia, otro país que suele estar en desacuerdo con Bruselas en cuestiones de estado de derecho, por otro lado, escapa a tal procedimiento en esta etapa.

El comisario de Presupuesto de la UE, Johannes Hahn, «habló hoy (martes) con las autoridades húngaras y les informó que ahora enviaremos la carta de emplazamiento para activar el mecanismo», dijo el funcionario alemán durante una reunión de preguntas y respuestas con eurodiputados.

Ella no especificó cuál era el contenido de esta carta. Pero en una carta anterior enviada a Budapest en noviembre, la Comisión expresó su preocupación por los problemas con la contratación pública, los conflictos de intereses y la corrupción.

Una insuficiente lucha contra la corrupción es también la razón del bloqueo por parte de la Comisión del plan de recuperación húngaro, que asciende a 7.200 millones de euros en subvenciones europeas. Las conversaciones con Budapest sobre este tema «actualmente no permiten encontrar un terreno común», comentó Ursula von der Leyen.

Bruselas quiere «castigar a los votantes húngaros», según Budapest

Gergely Gulyas, jefe de gabinete del primer ministro Viktor Orban, acusó a la Comisión de «cometer un error» y de querer «castigar a los votantes húngaros por no expresar una opinión del agrado de Bruselas en las elecciones» del domingo.

Felicitado por el presidente ruso Vladimir Putin, de quien es cercano, Viktor Orban no dejó de atacar a los «burócratas de Bruselas» en su discurso de victoria, arañando también al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Comentarios poco apreciados en Bruselas, en plena invasión rusa a Ucrania.

El mecanismo de «condicionalidad» es un procedimiento en vigor desde enero de 2021, pero nunca utilizado aún, para suspender el pago de fondos europeos a un país en el que se constatan violaciones del Estado de derecho que afectan a las finanzas de la UE.

Una posible suspensión o reducción de pagos debe ser aprobada por al menos 15 de los 27 Estados miembros que representen al menos el 65 % de la población total de la UE. Dicho procedimiento debería tomar entre seis y nueve meses.

El Tribunal de Justicia de la UE confirmó la legalidad de esta normativa a mediados de febrero, rechazando los recursos de anulación de Hungría y Polonia. El Parlamento Europeo llevaba meses presionando a la Comisión para que activara este mecanismo, pero ésta había decidido esperar la luz verde del Tribunal.

«Por fin !»

«¡Por fin está sucediendo!», exclamó el eurodiputado alemán Daniel Freund (Verdes) en Twitter. La electa húngara Katalin Cseh (Renovar Europa) por su parte culpó al «retraso considerable e innecesario» de esta decisión.


«Fue un error estratégico no activar el mecanismo mucho antes de las elecciones», dijo Gwendoline Delbos-Corfield (Verdes), relatora del Parlamento Europeo sobre Hungría.

“Muchos elementos muestran una captura de fondos europeos por parte del régimen y familiares de Orban”, subrayó el experto Éric Maurice, de la Fundación Schuman.

Para Polonia, el daño al presupuesto de la UE, condición para poder implementar el reglamento de condicionalidad, “es menos evidente a pesar del debilitamiento del estado de derecho por la falta de independencia de los jueces”, según él.

Esta cuestión de las reformas judiciales llevadas a cabo por el partido nacionalista-populista PiS en el poder en Polonia le ha valido a Varsovia varias condenas de la justicia europea y sanciones económicas.

La Comisión ha puesto tres condiciones para aprobar el plan de recuperación de Polonia (23.900 millones de euros en subvenciones): el desmantelamiento de una controvertida sala disciplinaria, la reforma del régimen disciplinario de los jueces y la reincorporación de los jueces destituidos.

El gobierno polaco debe aprobar una ley en el Parlamento que cumpla con estos tres criterios, explicó el presidente de la Comisión. “Estamos cerca de lograrlo, pero aún no lo hemos logrado”, dijo Ursula von der Leyen, quien tiene previsto viajar a Varsovia el 9 de abril para participar en una recaudación de fondos para los refugiados ucranianos. Polonia es el país que alberga el mayor número (1,5 millones según las autoridades).

Con AFP