El número de plazas en residencias de mayores en España cayó hasta 395.065 en 2024, 3.510 menos que el año anterior, siendo la primera vez que se registra un descenso interanual en los últimos diez años (desde 2014), según un informe publicado este martes por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Así, el estudio alerta de que el «déficit» de plazas residenciales para personas mayores en España «sigue aumentando tras la pandemia». En concreto, revela que en los tres años posteriores a la pandemia (2021, 2022 y 2023) las plazas residenciales han aumentado en 6.031, mientras que la población mayor de 65 años ha aumentado en más de 600.000 personas en esos mismos años.
Según el informe, serían necesarias 89.324 plazas residenciales para llegar a cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años; y al menos 35.000 plazas para cubrir la demanda actual de personas con Dependencia Severa o Grandes Dependencias.
En concreto, el estudio indica, citando datos del Imserso, que hay 34.622 personas con Grado II y 17.420 con Grado III en lista de espera, además de 65.602 pendientes de evaluación, que se espera que obtengan uno de estos grados, y 15.732 de estos. grados con prestación inefectiva, lo que eleva la cifra a 133.376 personas.
De ellos, según los autores del informe, el 35% de los de grado III y el 22% de los de grado II demandarían un servicio residencial en plaza pública, concertado o en prestación económica vinculada a ese servicio. De ahí la estimación de que serían necesarias unas 35.000 plazas residenciales sólo para cubrir la demanda en la lista de espera de la agencia.
Además, el estudio señala que los datos publicados recientemente por el Imserso indican «un descenso» del sector residencial en 2023, tanto en el número absoluto de plazas como en el índice de cobertura, que es el más bajo de toda la serie (desde 2010). Así, la ocupación total alcanza el 84,1% de las plazas (332.431 usuarios).
El mayor déficit de plazas, en Andalucía y Valencia
Por comunidades autónomas, el análisis indica que las que presentan mayor escasez de plazas son Andalucía y la Comunidad Valenciana, con 35.857 y 24.801 respectivamente. Entre ambos representan más de las tres cuartas partes del déficit (67,9%). Mientras, en seis comunidades hay exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 17.234. Por su parte, Navarra, Cantabria y La Rioja son las comunidades con mayor equilibrio en su ratio de plazas por persona mayor de 65 años, añade.
Además, el estudio destaca que 7 de cada 10 plazas residenciales para mayores son de financiación pública (69,6% del total), un total de 275.094, frente a 119.971 exclusivamente privadas. Esta cifra incluye plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.
Financiamiento público
Los datos también muestran que tanto el número como el porcentaje de plazas financiadas con fondos públicos han aumentado «ligeramente» desde 2015, hasta alcanzar las 2,84 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la más alta hasta la fecha. Las comunidades con mayor cobertura de plazas financiadas con fondos públicos son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón; mientras que Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana se encuentran en el extremo opuesto.
En 2023, el Ministerio de Derechos Sociales propuso a las CCAA una estrategia de desinstitucionalización, para incentivar a las personas dependientes a permanecer en sus hogares, que, de lograrse, reduciría la necesidad de plazas residenciales.
Si bien, la Asociación de Directores y Gestores de Servicios Sociales lamenta que «no se han dado pasos decisivos en esta estrategia de refuerzo de los servicios de atención domiciliaria, cuyo exponente más importante es la ayuda a domicilio, que se mantiene prácticamente igual que el año anterior», con una cobertura del «5,5%» en 2023, «sólo seis décimas más que en el año anterior a la pandemia».
Por otro lado, alerta de que la media de horas de atención y cuidado sólo alcanza las 21,1 horas mensuales, la misma cifra que en 2012.
«Estos paupérrimos datos y la poca o nula evolución que se ha registrado en los últimos años, impiden avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familias, y casi siempre en detrimento de la vida personal y la conciliación. de quienes suelen ser mayoritariamente quienes prestan estos cuidados: las mujeres», advierte la asociación.
Por otro lado, espera que en la actualización del censo de centros residenciales de 2024 la cifra coincida o «se acerque» a los datos del Informe Alcalde presentado por el mismo organismo (Imserso); y solicita al Imserso que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para fijar una ratio más adecuada a la sociedad actual ya que, actualmente, el índice de cobertura se calcula tomando como referencia la población mayor de 65 años cuando la edad media de las personas mayores residentes es alrededor de 85 años.
«Algunas referencias imprescindibles ya que todavía se están creando centros residenciales por promesas electorales. Ante estas prácticas debe prevalecer una planificación racional para que, si hay que construir nuevos centros, se haga donde vivan las personas que los necesitan y sus familias, ya que la sociedad exige que las residencias sean auténticos servicios de proximidad», subraya la asociación. .