Y Junts agotó su paciencia. La ruptura actual no se debe a diferencias específicas sobre el decreto ómnibus, los pensionistas, la inmigración o las competencias laborales o la ley de economía social. Eso también. La desconfianza es generalizada con el Gobierno de Pedro Sánchez, sus promesas y negociaciones sobre la bocina de última hora, y muy particularmente con los ministerios que dirige Sumar. Los últimos contactos, en el Congreso y en Bruselas, salieron mal, sí, pero llovieron sobre una relación distanciada. En Junts ya no confían en Sánchez ni en Yolanda Díaz, y quieren cambiar el método de negociación. La votación del miércoles en el Congreso, en la que se distanciaron y acabó en una represión con PP y Vox, acusación que les desagrada especialmente, fue el último toque de atención a los próximos contactos para reformular las medidas sociales derribadas una a una. pero también explorar si hay alguna posibilidad de acordar los Presupuestos para 2025 y lograr algunos avances en esta peculiar y enrevesada legislatura.
En un mensaje en «Los hemos oído llamar mucho, ilusionándose mucho», criticó Carles Puigdemont, en referencia a miembros de la Ejecutiva. «Pero a estas alturas todavía no les hemos visto tomar ninguna decisión a favor», ha añadido, para asegurar que «a los jubilados y a los usuarios les importa un comino». “Si fueran temas tan urgentes e importantes, ¿por qué esperan hacer algo más, aparte de gritar y hacer ingeniería electoral?” Aseguró Puigdemont, sin mencionar ninguna propuesta concreta por su parte.
¿Qué estás esperando?
Han pasado más de 24 horas desde que se conoció que el Gobierno español no podrá aprobar su macrodecreto ómnibus que contenía más de 80 medidas en muy diversos y dispersos ámbitos (en los que no hubo consenso, todos y gobernando en minoría) . Entre ellos, el aumento de…
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 23 de enero de 2025
El pleno extraordinario de este miércoles en el Congreso, especial para validar tres decretos con numerosas medidas sociales, la revalorización de pensiones millonarias, ayudas a los afectados por los daños, pagos millonarios a cuenta a las autonomías, subvenciones al transporte público y el impuesto simbólico a las grandes energéticas, empezó a las diez de la mañana, pero la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ahora vicepresidenta y persona de máxima confianza de Carles Puigdemont, no entró en el hemiciclo y subió a la tribuna hasta dos horas y cuarto después de iniciada la sesión. Lo hizo ya en el segundo punto del orden del día, que no era el más polémico y conflictivo porque el primero era el que afectaba a millones de personas, y aprovechó para comunicar de una vez el sentido de todos sus votos, algo que no suele hacerlo. . No volvió a hablar, a pesar de los golpes directos que le propinó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.
Nogueras había llegado desde Barcelona a las siete de la mañana a su despacho del Congreso sin que la intervención estuviera aún inconclusa. Algunos de los decretos, con hasta 101 artículos e implicaciones de todo tipo, no habían tenido tiempo de estudiarlos en su totalidad, ni ella ni el diputado especializado en asuntos económicos, Josep Maria Cruset, ni sus cuatro asesores. Nogueras sabía que su discurso de aquel día no era uno más y su equipo reconoce que lo afrontó como el más complicado de los que ha pronunciado hasta ahora. Pero podría haber sido aún peor. Todos los analistas y distintos miembros del Ejecutivo coincidieron en que fueron especialmente duras y sangrientas sus frases, sin concesión alguna a la diplomacia, y como siempre sólo en catalán, en las que descalificaba a los miembros del Gobierno como «trileros y holgazanes». Pero el entorno del grupo parlamentario de Junts señala que el documento original acabó aún más fuerte, con rudos llamamientos al Ejecutivo para que metiera la pata. No lo pronunció.
Lo que sí quiso decir y transmitir Nogueras, tras concluir su presentación con Puigdemont y Jordi Turull, es que Junts ha llegado hasta aquí, con el funcionamiento habitual en este Govern del que todos los socios se quejan de obligar a muchas negociaciones y votaciones hasta el último momento. pensando que no les quedará más remedio que aceptar las condiciones que se les plantean. En la sesión de investidura, el portavoz de Junts ya aclaró que esos siete votos claves para que Sánchez continúe en La Moncloa no deben darse por sentados en ningún bloque y ese mensaje lo repitió después en distintos contactos, reuniones en Madrid y Bruselas, recientes como esta Lunes pasados y anteriores. Y Puigdemont ha comunicado así «que ahora ha llegado el momento decisivo en esta legislatura para comprobar si el Govern ha entendido que esto es grave y que tienen que cambiar el chip y digerir que Junts no es un socio más, ni sus siete votos o serán a cambio de nada”, según fuentes de su dirección.
Hay puntos y exigencias concretas en este complicado diálogo entre Junts y el Gobierno, tanto en los ministerios del PSOE como en los de Sumar. Y este no es un matiz cualquiera. Pero lo que Puigdemont persigue ahora es cambiar la relación y que el Ejecutivo de Sánchez demuestre, en España y en Europa, que realmente cree que es capaz de crear un nuevo y valiente método de trabajo con un partido que no renuncia a la independencia. de Cataluña y quiere que eso se note en todos los asuntos. A Junts le molesta que les incluyan en una pinza con PP y Vox por alguna votación coincidente y puntual como la del miércoles, pero más aún que el Gobierno pretenda aprovechar eso para imponer el cuento a la sociedad durante días y semanas. y sobre los medios españoles que informan genéricamente como “sus portavoces” de que por su culpa 12 millones de pensionistas no van a ver revisadas al alza sus pensiones. Confían en que esta idea no calará entre su electorado y los medios catalanes. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ya aclaró este jueves en TV3 que votarán estas medidas en un nuevo decreto si llegan por separado y habladas. Algo que el PP también tiene previsto hacer. Pero el problema de fondo con Junts es otro.
El ejemplo del traspaso completo e «integral» de competencias en materia de inmigración a la Generalitat, con la concesión a los Mossos de sus tareas incluso en el control de las aduanas, es el paradigma de lo que Junts persigue para creer algo del Gobierno de Sánchez. Esta «delegación» de competencias fue acordada entre Junts y el Ejecutivo hace apenas un año tras otra votación cardiaca y similar, pero aún no se ha implementado. Interior sostiene que el tema está muy avanzado, que podría completarse en semanas y que el obstáculo fundamental es precisamente el ajuste constitucional de este traslado policial en todas las fronteras y aduanas. Junts afirma que esta atribución sí existe en otros países europeos, como Alemania, y, sobre todo, que demostraría que el Gobierno se toma en serio su especial relación con Cataluña.
La portavoz de Junts espetó esa exigencia al ministro Fernando Grande-Marlaska y le advirtió que no volviera a llamarla para otras cosas si no avanza con ese traslado. Una advertencia similar a la que lanzó a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras encontrar obstáculos similares por parte de su número dos, el secretario de Estado Joaquín Pérez Rey, en la ley de Economía Social de su ministerio. En Junts precisan que en algunas conversaciones se han sentido más engañados por los ministros de Díaz y Sumar que incluso por los del PSOE. Los del entorno de Díaz indican que Junts exige cuestiones laborales muy concretas y beneficios para colectivos concretos muy concretos a cambio de aceptar la propuesta estrella de reducir la jornada laboral.
Algo similar ocurre con la reivindicación de un mayor uso del catalán y su oficialidad en todas las instituciones, incluso las europeas. Se acordó hace un año y medio para la constitución de las Cortes y el nombramiento de Francina Armengol como presidenta del Congreso, y es una realidad normalizada en la Cámara Baja. Junts defiende que ni Sánchez ni el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, han aplicado la celeridad y la contundencia suficientes para impulsar esta medida en la Unión Europea, que requiere un nivel de apoyo mucho más difícil de conseguir.