La Guardia Civil ha detenido a ocho personas e investigado a otras tres por su presunta pertenencia a una organización criminal que operaba en las provincias españolas de Jaén, Murcia y Málaga. la organizacion se dedicó a promover la inmigración ilegal. Además de coaccionar a los perjudicados, violaron los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, cometiendo delitos como usurpación de identidad, falsificación de documentos y fraude a la seguridad social.
En el marco de la operación Salario Han sido liberadas 15 víctimas que estaban retenidas por la organización criminal: siete en Jódar, uno en Jaén, dos en Cazorla, otros dos en Villacarrillo y tres más en la localidad malagueña de Ronda.
La organización abrió 20 restaurantes de comida rápida
El operativo se inició cuando se constató que, en poco tiempo, se habían abierto más de una veintena de establecimientos de comida rápida en la provincia de Jaén. Estos negocios llamaron la atención de los agentes, ya que Tenían poca o ninguna actividad. en ellos y se encontró que La mayoría de sus empleados eran paquistaníes en situación irregular en España.
Agentes de la Guardia Civil registran uno de los restaurantes utilizados en la trama Guardia Civil
los investigadores Localizaron documentación falsa en los registros utilizados por los trabajadores para evitar posibles inspecciones y falsificar inscripciones, contratos de alquiler y compra y venta de propiedades falsas.
La organización estaba liderada por tres personas de origen paquistaní, propietarios de las empresas y establecimientos, que dirigían y organizaban la red. Entre los detenidos e investigados, de origen paquistaní, se encuentra un detenido de nacionalidad española, que supuestamente dio cobertura a la organización en relación con la tramitación de expedientes para la regularización de estancias en territorio español.
Las víctimas pagaron a cambio de su regularización
Los empleados, víctimas de la organización, se encontraban en situación irregular y los detenidos aprovecharon su vulnerabilidad para capturarlos con la promesa de obtener documentación legal en España.
Documentación falsa encontrada durante los registros del operativo Salario Guardia Civil
Además, Retuvieron su documentación personal para dificultarles la libre circulación. Eran explotados en el trabajo, sin contrato ni compensación económica por su trabajo, y su jornada laboral excedía todos los límites legales y sin ningún tipo de descanso. Bajo el control de la organización, fueron alojados en viviendas que carecían de las mínimas condiciones higiénicas, sanitarias y de habitabilidad, e incluso algunos trabajadores vivían en los mismos establecimientos de hostelería en los que trabajaban.
La organización se financiaba con el dinero que pagaban las víctimas a cambio de su regularización, a costa de trabajar sin ningún tipo de cobertura legal ni remuneración.