Los arquitectos mutualistas también saldrán a la calle para reclamar pensiones dignas | Fondos y Planes

Los arquitectos afiliados a las mutuas se suman a los abogados, procuradores y gestores administrativos para reclamar pensiones dignas. Se trata de un colectivo de unas 30.000 personas (25.000 trabajadores en activo) que durante años cotizaron a través de la Hermandad Nacional de la Arquitectura (HNA), una mutua alternativa a la Seguridad Social. El problema, generalizado entre diversas profesiones liberales, es que durante años la mutua no exigió cotizaciones mínimas, por lo que cuando llega la jubilación, muchos se encuentran con que las pensiones privadas que les quedan son muy exiguas.

Un grupo de mutuas ha mantenido hasta ahora su condición de sistema alternativo al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). La Mutualidad de la Abogacía, la Mutualidad de los Procuradores, Premaat (para peritos), Alter Mutua (para abogados) y Mutual Médica son entidades aseguradoras cuyo principal objetivo es ofrecer a sus colectivos de referencia una fórmula de ahorro para la jubilación, así como cobertura de contingencias comunes (como incapacidad, invalidez, dependencia, etc.). La mayor de ellas es la Mutualidad de la Abogacía, que gestiona patrimonios por valor de 10.300 millones de euros, aunque solo una parte de ellos procede de mutuas alternativas.

En el caso de los arquitectos afectados, han creado la Asociación Nacional de Mutualistas de Arquitectos (ANMA) para reclamar al Ministerio de Seguridad Social la creación de una pasarela que les permita pasar de la mutua HNA al RETA, una medida en la que ya se está trabajando. El gran problema son las condiciones para poder acogerse a esta transición. Por ahora, se exige estar en una mutua desde al menos el año 2005 y acreditar una situación de vulnerabilidad económica.

La asociación ANMA explica que “los mutualistas alternativos de HNA nos sentimos maltratados por la mutua y por el Gobierno porque, a la hora de jubilarnos, nos dicen que tenemos derecho a una pensión vitalicia de apenas 400 a 500 euros, en 12 pagas, tras 40 o más años cotizando a HNA”. Esta aseguradora cuenta con 100.300 mutualistas, aunque solo un tercio son los denominados mutualistas alternativos, que cotizaron al margen de la Seguridad Social. Estos son los que están convocados a una manifestación el próximo sábado, 28 de septiembre, para reclamar una pasarela RETA abierta a todos, sin distinción de edad o situación económica.

Los gestores de las mutuas argumentan que desde hace muchos años se insta a los profesionales a aumentar sus aportaciones si quieren tener una pensión digna y que si la Seguridad Social abre la mano a mutualistas alternativos que aportan poco, sería injusto con los que sí aportaron aportaciones elevadas.

En un intento de desbloquear la situación, el Colegio de Abogados de Madrid encargó a la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas —una de las mayores expertas en Derecho de la Seguridad Social— la redacción de un dictamen que diera solución a este problema. En su informe, la jurista propone que la puerta de entrada de las mutuas al RETA esté abierta a todos los mutualistas en activo, sin ningún otro criterio temporal o económico. El debate vendría después, para ver cómo se computan los años de cotización (insuficientes para las mutuas) por años de cotización a la Seguridad Social.

La propuesta máxima del Colegio de Abogados de Madrid es que cada año de cotización a la Mutua cuente como un año en el sistema público. A partir de ahí, caben otras fórmulas de conversión, como transformar el dinero acumulado en la pensión privada de la Mutua en años de cotización a la Seguridad Social. De momento, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, no parece muy receptiva a las demandas de los mutualistas.

Un problema adicional al que se enfrentan estas mutuas -entre las que también se incluyen otras más pequeñas de ingenieros civiles, ingenieros industriales, ingenieros peritos, etc.- es que el Ministerio quiere que a partir de 2027 dejen de ser una alternativa al RETA y se conviertan en simples aseguradoras donde la gente pueda ahorrar para la jubilación y cubrirse ante contingencias comunes en estas profesiones.

La única entidad que tiene un futuro claramente asegurado es la Mutualidad de la Abogacía, por su tamaño y porque dos tercios de sus socios no son suplentes. De hecho, ha intentado convertirse en el centro de concentración del sector, intentando absorber a la Mutualidad de los Procuradores y a la Mutualidad de los Gestores Administrativos. Pero la oposición interna hizo que el proyecto fracasara.

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