La crisis de la vivienda en España es un hecho ya reconocido entre todos los grupos políticos, pero su diagnóstico no es tan compartido y mucho menos las soluciones. La última de las propuestas del Gobierno para atajar el problema, que consiste en la creación de una empresa estatal de vivienda pública que opere fuera de las comunidades autónomas, no es vista entre los distintos partidos como una medida que sirva para aclarar el acceso a una vivienda de los jóvenes , especialmente en el principal partido de la oposición, que lo califica de «inviable» debido a la ambición de 1,5 millones de viviendas sociales que pretende construir. «Fue un anuncio improvisado e inviable porque construir 1,5 millones de viviendas costaría 225.000 millones, el equivalente a 65 años del presupuesto del Ministerio de Vivienda, y tampoco creo que el déficit de 600.000 viviendas en España tenga que cubrirse con vivienda . público; «Los jóvenes de hoy tienen derecho a no tener que rogar a la administración una vivienda para poder independizarse», ha afirmado este viernes el senador del PP y secretario ejecutivo de Vivienda del partido, José Ramón Díez de Revenga, durante la jornada Despolariza. Vivienda organizada por España Mejor.
El último de los paneles de la reunión celebrada en el Congreso de los Diputados ha servido para dejar patente, una vez más, las diferencias ideológicas que impiden alcanzar un consenso político, en un momento en el que los precios de alquiler y compra se encuentran en máximos históricos en las zonas más cotizadas. tras zonas de España y el esfuerzo económico que deben realizar los jóvenes para acceder a la vivienda es cada vez más exacerbado. El portavoz del PSOE en la comisión de Vivienda y Agenda Urbana, Ignasi Conesaha defendido la empresa estatal de vivienda como remedio porque asegura que supondrá un «cambio de paradigma» para los ciudadanos en la visión de la vivienda como un derecho y no sólo como un negocio. «La vivienda puede ser un negocio pero hay que combinarlo con los derechos de todos. Todas las políticas que se están haciendo con la ley de vivienda y ahora con el anuncio de la empresa pública van en esa dirección.
Conesa ha distinguido tres grupos en el mercado: los hogares de rentas altas, que no tienen problemas para comprar una casa; el de familias con ingresos medios a quienes se puede animar a comprar en el sector público; y a familias vulnerables «a quienes el Estado debe garantizar vivienda». Un diagnóstico que ha sido ampliamente compartido por el resto de ponentes.
Regulaciones “ineficaces”
Por su parte, El responsable de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Queroha sostenido que la situación actual del mercado inmobiliario no proviene de un exceso de conflicto entre fuerzas políticas, sino de un exceso de consenso en algunas cuestiones como la promoción del alquiler y las posteriores regulaciones «ineficaces» que han elevado los precios de la vivienda. vivienda y la escasez «expulsa a los colectivos más vulnerables del acceso a la vivienda». Asimismo, ha apuntado que otra idea equivocada ha sido pensar que «una ciudad le irá mejor cuanto más abierta esté al mundo». «Lo que tenemos como consecuencia es que mientras la capacidad adquisitiva de los españoles se resiente, el ‘stock’ de viviendas en manos de extranjeros se triplica. El consenso que hay que alcanzar es sobre cómo quiere vivir la gente, que es una propiedad y que la casa es de ellos y no del mercado ni del Estado», remarcó el diputado por Málaga.
Sobre la empresa de vivienda pública, Hernández ha dicho que hubiera sido más adecuado plantear la construcción de viviendas sociales cuando había «vacas gordas» y no ahora que es electoral. «Ahora trasladamos la responsabilidad al titular cuando la constitución dice que debe ser el Estado quien garantice el derecho».
Comprar vivienda turística
Alberto Ibáñez, responsable de Vivienda de Sumar, Sí, ha apoyado la existencia de una empresa pública de vivienda y ha dicho que debe garantizar tener un activo público inmobiliario permanente que pase de generación en generación «para la gente que lo necesita» y que también debería destinar sus esfuerzos a comprar apartamentos que hoy se destinan a alquileres turísticos. Ibáñez cree que la desigualdad en España está marcada por la «herencia inmobiliaria» y ha apuntado que el problema de la vivienda no se puede solucionar sin abordar que «hay quien la concibe como un derecho de inversión». «Estamos a favor de dejar atrás el partidismo, pero no la diferencia que algunos defienden piedra negra y nosotros a la gran mayoría de España.
Con estas declaraciones, Díez de Revengadel PP, cree que el Gobierno y sus socios están planteando el tema de la vivienda como una lucha de clases de inquilinos contra propietarios y que es un trasfondo al que es «muy difícil encontrar soluciones». «Cuando escucho a Sánchez decir que no quiere un país de inquilinos pobres y propietarios ricos, está llamando a la lucha de clases y convirtiéndola en una batalla ideológica», añadió el senador, que ha abogado por dejar de lado medidas cosméticas, además de polarización. ideológico con este tema. «Todo el mundo tiene que trabajar y proporcionar seguridad jurídica, de lo contrario el capital privado huirá».
En el panel organizado por la plataforma que dirige la abogada Miriam González también ha participado Marifran Carazopresidente de la comisión de vivienda y urbanismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)quien ha destacado el papel que pueden jugar los ayuntamientos para desatascar un problema de la magnitud que ha adquirido la vivienda. «La competencia del Estado en materia de vivienda es recibir fondos europeos, transferirlos a las comunidades y que éstas lleven el presupuesto a las ciudades, utilizando también los ayuntamientos. Ese es el mecanismo y tenemos que agilizarlo. Hay que facilitar la construcción de viviendas asequibles y hacerlo con la colaboración público-privada. El promotor tiene que participar y tiene que existir ayudas directas al promotor», ha afirmado Carazo, quien también ha pedido aprobar la modificación de la Ley del Suelo, para ofrecer seguridad jurídica y agilizar cualquier modificación de los planes generales de ordenación urbanística.