El dinero del fondo de transición nuclear no llega a los municipios que están bajo la influencia de las centrales de Ascó y Vandellòs (Tarragona). En los últimos cuatro años, la Generalitat ha podido disponer de más de 600 millones en concepto de la ecotasa energética que ideó en 2020, pero el reparto no baja los escalones que van de la Administración regional a la local . El impacto del tributo es millonario, pero los ayuntamientos que componen la zona delimitada en el plan de emergencia nuclear exterior (Penta) han recibido un pago único de 174.000 euros.
La situación choca con el compromiso asumido por el Gobierno de la Generalitat en 2021, cuando gobernaban Pere Aragonès y Esquerra en alianza con Junts, de inyectar dinero en el territorio afectado por el cercano cierre de las centrales nucleares. La escala se fijó en el 20% de la recaudación anual del ecoimpuesto, calculándose luego en un mínimo de 120 millones anuales. En realidad, la recaudación ha crecido y una corrección regulatoria aumenta el aporte del 20% al 50%, pero los recursos no fluyen. “La forma en que se hace la distribución es una cuestión técnica que no es nuestra responsabilidad, pero por supuesto estamos interesados en reinvertir en las poblaciones circundantes”, dice Paulo Santos, director general de Anav, la empresa que administra los complejos. Centrales nucleares de Ascó y Vandellòs. “Uno de los acuerdos avalados por el Parlament prevé que en 2023 el dinero había que repartirlo entre los ayuntamientos, y lo que intentamos ahora es ejecutarlo”, afirma Jaume Baró, secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat.
La empresa que está a cargo de las centrales nucleares de Tarragona ha pagado 658 millones de euros a la Generalitat en cuatro años como parte del impuesto catalán a las instalaciones que afectan al medio ambiente. Esta tasa alimenta el fondo de transición nuclear, cuya base original es habilitar un canal de ayudas para la reindustrialización y mitigar el impacto económico y laboral del cierre de las centrales de Ascó y Vandellòs. Desde hace 40 años, ambos complejos nucleares son un vigoroso motor de actividad para una zona del interior del sur de Cataluña que sufre especialmente los efectos de la despoblación y el desempleo. Dependiendo de la proximidad a las plantas se definen dos zonas de influencia, Penta I y Penta II, donde se incluyen un total de 96 municipios que, en teoría, son beneficiarios del fondo para poder acometer mejoras de infraestructura o habilitar zonas industriales. Hasta el momento, la Generalitat ha transferido un pago único de 174.000 euros a cada ayuntamiento, independientemente de su proximidad a los reactores. Sobre el papel, durante este segundo semestre del año tienen que recibir otro pago: 276.000 euros por Penta II, y 1,8 millones de euros por Penta I. Pero los ingresos todavía no han llegado.
La cantidad total que la Generalitat ha transferido a las consejerías, algo más de 16 millones, no llega ni al mínimo anual del 20% que estipuló inicialmente la propia Generalitat cuando creó la hucha nuclear. Una modificación regulatoria posterior eleva la aportación al 50% de la ecotasa, lo que pone aún más distancia entre la norma y la realidad. Roger Torrent, concejal de Empresa que avaló la creación del paquete de ayuda, alega que “el origen del fondo de transición nuclear es la generación de actividad económica y eso pasa fundamentalmente a través de las empresas y los autónomos. La distribución institucional fue una solución inicial, para cuando no había iniciativas aprobadas”. Torrent sostiene que ha habido «desacuerdo entre ayuntamientos» sobre cómo distribuir el dinero, y dice que las mismas discrepancias surgieron a la hora de configurar el órgano de gobierno que canaliza el reparto del dinero.
El órgano rector de los fondos está comandado por el secretario del Departamento de Empresa de la Generalitat y cuenta con los consejos de Ascó y Vandellòs, además de representantes de los consejos regionales, las cámaras de comercio, las asociaciones empresariales y los sindicatos. . Fuentes de este organismo gubernamental sostienen que la única convocatoria específica para empresas del territorio que ha realizado la Generalitat ha sido una partida de 4 millones de euros, procedente de la recaudación del año 2023. Y la hizo el Departamento de Empresa, indican las mismas fuentes , sin la supervisión obligatoria de los miembros del órgano rector de los fondos.
El propio Roger Torrent reconoció en su momento que el «deseado» cierre de las centrales nucleares «provocará la pérdida de una media de 3.000 empleos directos y afectará al tejido económico de las regiones del entorno».
El fondo de transición nuclear se definió inicialmente como competencia exclusiva del Departamento de Empresa, que ahora dirige Miquel Sàmper. Sin embargo, en sus primeros días al frente del Ministerio de Economía, Alícia Romero decidió asumir un rol en el control de la distribución del dinero derivado del ecoimpuesto nuclear. Fuentes del órgano rector del fondo de transición señalan que Economía se ha reservado funciones de coordinación para dar más claridad a la gestión de los recursos.
Anav desvela que este año ha realizado inversiones de 31 millones de euros en Ascó I y 26 millones en Ascó II. En el caso de Vandellòs II la cantidad asciende a 42 millones. La compañía, propiedad de las eléctricas Endesa e Iberdrola, sostiene que el apagón nuclear previsto no altera sus planes. “Estamos preparados y queremos seguir preparándonos para operar en el largo plazo”, afirma Paulo Santos. El sector defiende que no tiene sentido poner fecha de caducidad a los reactores porque son una fuente de energía limpia y segura, en plena cruzada por la descarbonización.
Reactores jubilados anticipadamente y plantilla con una edad media de 46 años
Los dos reactores de Ascó tienen que ser desconectados entre 2030 y 2032 y la unidad que opera en Vandellòs II tiene margen hasta 2035. Según datos de Anav, directamente en las instalaciones nucleares trabajan 1.900 personas que tienen una edad media de 46 años. El impacto laboral de la energía nuclear va más allá de la plantilla habitual de las centrales, porque cuando hay operaciones de recarga o mantenimiento se incorporan mil trabajadores. Fue en diciembre de 2021 cuando la Generalitat hizo un anuncio para informar de la creación de un fondo de transición nuclear “dotado con 24 millones de euros anuales para el desarrollo socioeconómico y la transición justa”.
Se presentó como un mecanismo de apoyo financiero a los municipios que se ven afectados por el anunciado cierre de centrales nucleares. El entonces ministro de Empresa afirmó que el fondo debía servir “para transformar el tejido productivo de la zona, diversificar la economía y generar oportunidades de empleo para cuando llegue el ansiado momento del cierre de las centrales nucleares”. Teresa Jordà, que fue consejera de Acción por el Clima, también destacó que “el compromiso firme del Gobierno de desnuclearizar Cataluña antes de 2040 tiene que hacerse de forma justa y sin dejar a nadie atrás”.
Cuando presentó el fondo de transición nuclear y las ayudas limitadas a un número concreto de municipios, la Generalitat pidió un «compromiso país» para dar impulso a «territorios que han sido extraordinariamente solidarios y generosos» acogiendo instalaciones que han actuado como motor energético de Cataluña. Según el informe del Instituto Catalán de la Energía (Icaen), más del 50% de la demanda eléctrica de Cataluña se cubre con la actividad de las centrales nucleares.
