El sector público argentino está en armas contra Javier Milei por ser la principal víctima de la motosierra del presidente ultraliberal. Cientos de personas protestaron el miércoles a las puertas de ministerios y organismos estatales por el reciente despido de cerca de 15.000 trabajadores de la administración pública nacional, cuyos contratos expirados el 31 de marzo no fueron renovados por el Gobierno. Este jueves será el turno de la educación pública: los gremios docentes convocaron a una jornada de huelga en protesta por la eliminación del fondo de incentivo docente (Fonid) con el que el Estado nacional financiaba parte de los salarios del personal.
En la sede oficial el ambiente es cada vez más tenso. «La unidad de los trabajadores y de los que no les gusta, que se jodan, que se jodan», coreaban los manifestantes que intentaron sin éxito entrar en el Ministerio de Trabajo el miércoles. Policías federales y guardias de seguridad custodiaron todos los accesos e impidieron a los despedidos acceder al lugar donde trabajaban hasta la semana pasada. Unos 50.000 empleados más están en la línea: sus contratos fueron renovados por tres meses más, pero aún están en revisión: no saben si pasado ese tiempo serán los próximos en quedar en la calle.
Las protestas fueron convocadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el principal sindicato de empleados públicos de Argentina. Además del Ministerio de Trabajo, hubo concentraciones en las sedes de Cancillería, el Servicio Meteorológico Nacional, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). En este último, cerrado por el Gobierno de Milei, los manifestantes lograron traspasar la puerta y trasladaron la protesta al interior del edificio donde operaba esta organización pionera en América Latina en la lucha contra la discriminación.
“Las oficinas públicas se están llenando de policías”, denunció en redes sociales el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. “No hay dinero (dinero) para comprar comida, no hay dinero para comprar medicinas, pero sí hay dinero para reprimir”, criticó. Desde las puertas del Ministerio de Trabajo, Aguiar defendió el empleo público y atacó el discurso gubernamental que identifica a los trabajadores estatales con personas que no trabajan, conocidas en Argentina como “ñoquis”.
Aunque ATE estimó que los trabajadores despedidos en los últimos días se acercan a los 11.000, el portavoz presidencial Manuel Adorni aumentó la cifra a 15.000. A estos recientes despidos se suma el despido de otros 9.000 empleados públicos nacionales en los primeros tres meses del Gobierno de Milei.
Adorni advirtió que se tomarán represalias contra aquellos manifestantes que cometan actos “al margen de la ley”, pero las protestas del miércoles terminaron sin arrestos.
Más educación privada
Este jueves, el foco de las protestas se traslada a las escuelas y universidades públicas. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a una huelga general entre los trabajadores docentes de todo el país. El sindicato exige al Gobierno reponer el Fonid, un fondo que el Estado nacional envió a las administraciones provinciales para complementar los salarios docentes. La mayoría de los gobiernos provinciales no pueden cubrir estos fondos, lo que significa un recorte de facto de los ingresos de profesores y catedráticos.
Los sindicatos que defienden a los trabajadores de la educación pública también protestan por el ajuste presupuestario aplicado por el Gobierno: los fondos para este año son los mismos que en 2023, pero la inflación del 211% registrada el año pasado redujo su valor a un tercio. Sin una nueva inyección de fondos frescos, la mayoría de las universidades públicas no tienen garantizado su funcionamiento durante la segunda mitad del año.
El recorte a los colegios públicos contrasta con las ayudas extraordinarias que recibirán las familias que envíen a sus hijos a centros privados. El Gobierno abrió el registro esta semana para ofrecer “vales educativos” por el equivalente de unos 30 dólares al mes para ayudar a pagar las tasas escolares. Según cálculos oficiales, cerca de dos millones de estudiantes podrían beneficiarse de la medida.
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