
El Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social ha aprobado una cantidad extraordinaria de 49,3 millones de euros para paliar el colapso del sistema de acogida de solicitantes de asilo y refugiados. La prolongación de la guerra en Ucrania y la llegada de decenas de miles de personas en cayuco a Canarias han superado todas las previsiones de acogida, hasta el punto de que en marzo ya se habían agotado los recursos para cubrir todo el año 2024. Migraciones asume resolución, publicada en el BOE este jueves, de que la medida era «imprescindible e improrrogable» porque la red está al límite. Con unos 37.000 solicitantes de asilo acogidos, lleva meses trabajando al 99% de su capacidad. Esta ocupación “extraordinariamente alta” no deja margen de reacción ante cualquier contingencia y mantiene a cientos de personas esperando para acceder al sistema.
La inyección financiera, que se suma a los 666 millones de euros ya presupuestados, pretende cubrir 6.426 nuevas plazas al mes, de abril a octubre. Es una inyección de oxígeno, pero nada indica que la medida vaya a resolver las deficiencias estructurales del sistema de asilo español. «Aliviará la lista de espera y las personas más vulnerables (mujeres, familias y enfermos) podrán ser alojadas más rápidamente», explican fuentes del ministerio.
Ni la red de acogida, dependiente de Migración, ni los recursos destinados al registro y estudio de solicitudes, que dependen del Ministerio del Interior, son capaces de dar respuesta a la demanda. España lleva cinco años batiendo récords de solicitudes de protección internacional y se sitúa entre los tres países de la UE con más solicitantes, con venezolanos, colombianos y centroamericanos a la cabeza. En 2023 se batió el último récord, con más de 163.000 personas llegadas a España en busca de refugio, y ello a pesar de las dificultades que tienen los interesados para acceder a una cita previa para formalizar su solicitud.
De todos los que piden asilo, sólo una minoría solicita una plaza en el sistema de acogida, porque está limitado a personas sin recursos, pero, con estas cifras, la presión es permanente y los recursos utilizados son insuficientes. El problema no sólo surge de la falta de plazas, sino también de que la Oficina de Asilo del Ministerio del Interior también trabaja al límite y tarda más de dos años en resolver los expedientes en lugar de los seis meses que marca la Unión Europea. directiva. Sin estas resoluciones, no hay rotación en los lugares de acogida, que acaban ocupados por una mayoría cuya protección finalmente no será reconocida.
La precariedad del sistema de acogida viene siendo noticia desde 2019, cuando, en pleno invierno, decenas de familias solicitantes de asilo tuvieron que dormir en la calle por falta de camas. En octubre de 2020, el entonces ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, reconoció que mantenía a 8.000 solicitantes de asilo esperando una plaza que el sistema no era capaz de ofrecer. Y, en 2022, estalló la guerra en Ucrania, lo que obligó a cinco millones de personas a desplazarse por toda la UE. España fue el quinto país comunitario que registró más refugiados ucranianos, otorgando protección temporal a unas 200.000 personas. Este éxodo masivo desde la invasión rusa obligó a ampliar la red de acogida con hasta 24.000 nuevas plazas, especialmente en hoteles.
Muchos de estos refugiados ucranianos ya han abandonado el sistema, pero este grupo sigue representando el 38% de todos los acogidos por la red. El porcentaje sube al 89% en la llamada fase de autonomía, la última, cuando los solicitantes viven de forma autónoma en pisos gracias a las ayudas económicas. Las dificultades de integración sociolaboral, dado que el perfil mayoritario de los ucranianos es el de mujeres con hijos, han contribuido a que estos puestos no se liberen al ritmo que necesitaría el ministerio.
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El otro factor que ha tensado la red han sido las llegadas irregulares por vía marítima, especialmente a Canarias. A diferencia de otras veces, el perfil mayoritario de quienes desembarcan no es el marroquí, perfil menos común entre los solicitantes de asilo. «Muchas de estas personas huyen de la inestabilidad política en los países de África occidental y buscan protección internacional», afirma la resolución, refiriéndose a los ciudadanos de Mali y Senegal, en particular.
El sistema español de acogida de solicitantes de asilo y refugiados consta de tres fases, que llevan meses al límite. En una primera etapa se estudia el perfil del interesado y sus necesidades mientras se decide su próximo destino. La segunda fase es la de acogida, que suele realizarse en centros u albergues, y en ella se les preparará para ser autónomos, con formación, búsqueda de empleo y alojamiento. En la última etapa, a la que sólo pueden acceder las personas que ya son consideradas refugiadas, se ofrece ayuda de alquiler para que puedan vivir de forma independiente. El itinerario tiene una duración de 18 meses, ampliables hasta 24, en casos de especial vulnerabilidad. El coste de las dos primeras fases es de 56,75 euros por plaza y día, mientras que el coste de la última baja a 32 euros por día.
El español es, además, un modelo que cuenta con el apoyo de ONG y que apenas tiene plazas públicas. Ésa era una cuestión que Escrivá quería abordar con la construcción o apertura de 17 nuevos centros estatales que complementarían la red con 5.700 plazas. El plan, financiado con los fondos europeos de recuperación aprobados tras la pandemia, aún se está ejecutando y se ha topado con el rechazo de varios ayuntamientos del PP a instalar estos espacios en su territorio.
Markus González, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y exdirector general de Inmigración, ve el refuerzo económico como un problema estructural. “Hay que reflexionar más profundamente sobre el modelo de acogida que tenemos. Hay que buscar un modelo permanente, que no dependa de una guerra ni de un pico de llegadas, sino que se refuerce estructuralmente con la participación de todas las administraciones con competencias en el ámbito de la integración.
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