Montero, el prestidigitador que debe reformar la financiación autonómica

Si hay alguien que sale reforzada en el nuevo Ejecutivo es María Jesús Montero. La Ministra de Hacienda y Función Pública seguirá al frente de todas sus responsabilidades pero amplía su cuota de poder ascendiendo a la vicepresidencia cuarta, confirmando que es uno de los mayores y más fieles activos del presidente. Montero tendrá un escenario financiero complicado, en el que después de tres años con las reglas fiscales suspendidas, tendrá que coger la tijera y tener como objetivo primordial la reducción del déficit y la deuda pública, que está en máximos históricos.
Pero su primer reto será la elaboración y presentación del techo de gasto, un paso previo a la elaboración del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, que se afronta fuera de plazo.
Aunque ha expresado que estas cuentas se elaborarán en base a la responsabilidad fiscal, el pacto PSOE y Sumar complicará poner la tijera al gasto, ya que el socio de coalición pretende mantener abierto el grifo del paraguas social, lo que implica más gasto. De momento, el plan presupuestario ya enviado a Bruselas incluye una previsión de déficit en torno al 3% para el próximo año -en línea con lo que marcarán las normas europeas- y una ratio de deuda pública 14 puntos por debajo de su valor en 2020. Por lo tanto, si se quiere completar la legislatura y lograr sus objetivos, tendrá que lidiar con un Parlamento fragmentado y socios que exigirán lo que se exige en sus acuerdos de investidura.
También pretende conseguir otro gran objetivo: igualar la presión fiscal española a la europea, pese a que se ha triplicado desde la pandemia, por lo que tendrá que liderar una reforma fiscal «orientada a las familias pero coordinada con la política de gasto social». «. , ha avanzado. Bajo el brazo traerá la permanencia en el tiempo de los impuestos a la banca, la energía y las grandes fortunas, el nuevo modelo de financiación autonómica -con condonación de la deuda subyacente- y una reforma integral de la ley de Servicios Públicos, que mantiene las armas a buena parte de los funcionarios.
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